viernes, 28 de junio de 2019

Reflexiones provisionales sobre la situación política nacional y definiciones

Sin movilizaciones imponentes como las del año anterior el gobierno de Carlos Alvarado enfrenta una nueva crisis, con un cuestionamiento más agudo a su capacidad política para gobernar, y con sectores sociales en movimiento contra uno de sus bastiones de confianza1: el ministro Edgar Mora.

Desde hace meses, contrario a su discurso democratizante y “progresista”, el Partido Acción Ciudadana viene ensayando un posicionamiento cada vez más autoritario y represivo frente a la población costarricense. Este partido, aliado con los cadáveres que revivió desde la última contienda electoral (PLN, PUSC) y en un intento por imponer una relación de dominación a los trabajadores públicos y al pueblo después de la histórica huelga de 2018 (con sus espectaculares movilizaciones); apuesta por la fuerza con tal de limitar la capacidad de lucha de los trabajadores públicos. Lo anterior por medio de la Ley que declara la educación como “servicio esencial”, reduciendo la capacidad de movilización y expresión de los trabajadores.

Este es el mismo PAC2 que propuso aliado con referentes del PLN (Sandra Pisk y el FA) la Ley Mordaza de “Crímenes de odio”, para silenciar una oposición política generalizada a su mandato (y amplificada por las redes sociales) en apenas un año de administración.

Las organizaciones de los trabajadores intentan recuperar la confianza en sus músculos. La segunda asociación de profesores del país (con 46 mil afiliados) convocó a una movilización significativa, de almenos 20 o 30 mil asistentes el pasado 6 y 7 de junio en contra de la Ley que prohibiría las huelgas en los servicios públicos esenciales. La sorpresiva gran movilización hizo posible calcular la disposición a la lucha del sector magisterial como uno de los más activos del país.

APSE Y ANDE, las dos organizaciones magisteriales más grandes de Costa Rica, convocaron a días de huelga específicos durante el mes de junio, combinadas con movilizaciones y concentraciones en la Asamblea Legislativa y otros sitios a lo largo del país. Estas movilizaciones, parecieran haber reactivado la desconfianza general de la población hacia el gobierno de Carlos Alvarado (así como el malestar de distintos sectores productivos del país con el cobro del IVA desde julio, como se ha reflejado en las más recientes protestas).

En distintas protestas han aparecido los pescadores, los transportistas; y ahora, los estudiantes. Y apenas en el primer día de manifestaciones, los pescadores de la península de nicoya intentaron derribar los portones de la Casa Presidencial pidiendo espacio para el “diálogo” con el Presidente. Ese simbólico hecho (derribar los portones de la sede del Poder Ejecutivo), mostró que hay sectores sociales que no tienen ningún respeto por la figura del Presidente y que parecieran estar extendiéndose, paralelamente a los “círculos de opinión política” (como lo son algunas páginas que todavía permite Facebook), que llaman abierta o encubiertamente a un “golpe de Estado” contra Carlos Alvarado.

Los verdaderos responsables de que Carlos Alvarado sea Presidente (grupo Nación: Teletica y La Nacion) han “detectado” que la situación política de hoy, tiene cierto parecido a la del 2018, cuando pequeñas protestas de sectores “nacionalistas” contra la política migratoria del gobierno; abrieron la primera crisis política al gobierno y al PAC en su segundo mandato.

Con preocupación La Nación recopiló las páginas desde las redes sociales que se “incitan a la violencia”.

Ensayando un dispositivo de manipulación como el del 2018, el gobierno y sus medios “progresistas” oficiales (La Nación y Teletica) pretenden convertir en rehenes de su política a los grupos de homosexuales y a los inmigrantes del país, a los que colocan como supuestas “víctimas” de los grupos que llaman a golpe de Estado contra el gobierno.

Una de las páginas “realizó 27 publicaciones promoviendo una movilización violenta en las calles”, mostrando casi como asomo, la poca aceptación que tiene la segunda administración del PAC.

Ante el desempleo y la crisis económica nacional, el PAC y sus aliados contestan con decretos autoritarios y adoctrinantes, usando la fuerza del aparato del Estado para reforzar el control y la censura del pueblo. Ante los mensajes que llaman a la violencia contra un gobierno que solo odios ha desatado, el Ministro Maikol Soto señaló que “desde hace un año vigilan algunas páginas y que tienen identificados a individuos que promueven el uso de la violencia” mediante esa red social. “Desde hace por lo menos un año, venimos dándole un seguimiento a todas las redes sociales que tenemos en acceso, que tenemos en nivel de investigación cuando tienen llamadas a atentados a personas o al presidente o que promueven la violencia o la violencia contra otros grupos sociales".

La respuesta del prepotente Carlos Alvarado es el uso de la fuerza: la fuerza de la vigilancia, del control, de la prohibición. La vigilancia por medio del MSP y la DIS contra ciertos grupos y personas, la del control por medio de leyes mordaza como la de los “crímenes de odio” y la de la prohibición de las huelgas en “servicios esenciales2 como la educación para imponer calma social y el programa económico del gobierno del PAC y sus aliados del PLN, PUSC y otros partidos.

El mes de junio ha permitido descubrir que el pueblo costarricense se enfrenta a un gobierno fracturado (con renuncias de distintos ministros en los últimos meses) y erosionado, que dilapidó el capital político que significó la imposición de las nuevas cargas tributarias; pero que rápidamente se involucró en escándalos de corrupción y abusos contra la población.

Con relativamente pequeñas pero intensas acciones populares (movilizaciones, huelgas o concentraciones), como las de los estudiantes y padres de familia pidiendo la renuncia de Édgar Mora, el gobierno ha entrado en una crisis similar a la de 2018, que permitió servir de antesala para las grandes acciones de huelga y movilización que polarizaron Costa Rica durante más de tres meses de huelga de empleados públicos.

En aquella oportunidad fueron pequeños grupos “nacionalistas” que no necesariamente representan a las distintas capas sociales las que despertaron el rechazo e irrespeto contra la figura del Presidente. Hoy son sectores más generalizados a lo largo del país en más de 80 colegios de toda Costa Rica. Que piden directamente la renuncia de Édgar Mora, uno de los soportes de la avanzada autoritaria y la política gubernamental.

Si bien han tendido a entrelazarse la crisis del gobierno con la movilización y los llamados de pequeños sectores “al golpe de Estado”, en los días siguientes es necesario establecer los contactos e instancias de unidad necesarias entre estudiantes transportistas, pescadores, docentes y todos los que vienen enfrentando a Carlos Alvarado para planificar y convocar a superiores acciones de protesta para después de vacaciones; al mismo tiempo que se mantienen concentraciones y demostraciones de protesta durante estas semanas.
En la segunda mitad de 2019 los trabajadores y el pueblo prueban nuevamente el alcance de sus fuerzas. Los docentes mostraron importantes acciones el jueves 6 y viernes 7 de junio y ahora los estudiantes son los que han mostrado su valor cerrando más de 230 colegios en todo el país; anunciando semanas y meses de una nueva dinámica en la actividad del movimiento de masas.

También es urgente encarar seriamente la discusión sobre un eventual derrocamiento del cuestionado gobierno de Carlos Alvarado, más específicamente si su caída pasa por un “golpe de Estado” por arriba, dirigido posiblemente por serctores militaristas y policiales disidentes; o por medio de una revolución de los trabajadores y el pueblo desde abajo. Esta discusión estratégica no es un antojo sino que se impone por las discusiones de la realidad, donde ya algunos hablan del gobierno autoritario de Alvarado como dictadura, y llaman al usurpador de la Presidencia como “dictadorzuelo”.


1Avanzada del autoritarismo en la más reciente coyuntura política. Impulsando el adoctrinamiento ideológico en el sistema educativo al mismo tiempo que una prohibición del derecho a huelga en el sector educación; el más numeroso y activo políticamente del país.
2La propuesta de Ley de “Crimenes de odio” fue creada por actores políticos como Sandra Pisk (PLN) y la neostalinista Patricia Mora, con el claro fin de silenciar y censurar las opiniones del pueblo. Ese proyecto de Ley fue rechazado por el Poder Judicial por reducir la libertad de expresión.