sábado, 18 de mayo de 2013

Una grave crisis política amenaza al gobierno de Chinchilla



Por Bryan Brenes

El viaje de la Presidenta Chinchilla a Perú, donde participó en la boda del hijo del vicepresidente Luis Liberman así como en una improvisada reunión con el mandatario Ollanta Humala, ha abierto una aguda crisis política en las alturas del Poder Ejecutivo costarricense, todavía con consecuencias impredecibles y con potencial para extenderse hacia el conjunto del régimen. Los cuestionamientos pasaron del hecho de viajar en un Jet privado de una empresa dedicada al negocio de los hidrocarburos (gas natural y petróleo) a los nexos que importantes ejecutivos de esa compañía tendrían con el trasiego de drogas, en momentos en que todavía está fresca la visita de Obama al país así como los acuerdos con ese Presidente en cuanto a la “guerra contra las drogas”, excusa bajo la cual se viene encubriendo la militarización y fortalecimiento del aparato represivo del país.

La renuncia precipitada del Ministro de Comunicación Francisco Chacón como “hombre fuerte” del gobierno, quizá con la intención de evitar una investigación o una comparecencia en el Congreso, tuvo más bien un efecto adverso, que detonó una verdadera avalancha de cuestionamientos que ponen a los altos funcionarios de la Casa Presidencial así como a la propia mandataria en vínculo con quienes se presume serían los grandes narcotraficantes de la región, como por ejemplo Gabriel Ricardo Morales Fallón, quien es investigado en Colombia hace por lo menos cinco años, y por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (que precisamente estaba dirigida por Boraschi) desde el 2011.[1]

A pesar de que todavía no han sido superados los escándalos de ministros que no pagan impuestos, el robo de recursos públicos en la construcción de la Trocha fronteriza 1856 o la concesión de la carretera a San Ramón a la empresa OAS, un nuevo frente de hostilidades ha sido abierto por el endeble gobierno de la señora Chinchilla; que se ha quedado sola frente a la oposición burguesa y frente a sus propios compañeros liberacionistas.

El impacto del escándalo en el equipo de gobierno ha sido notable: renunció su “hombre fuerte”, el Ministro de Comunicación Francisco Chacón; el “zar” antidrogas y director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (una institución clave para el gobierno en el último período) Mauricio Boraschi, la asesora y amiga personal de la Presidenta Irene Pacheco, y como si fuera poco el Presidente del partido liberacionista ha afirmado con exasperación que su agrupación no respalda a la mandataria y que “Ningún Gobierno proveniente del Partido Liberación Nacional ha mostrado tan poca capacidad gobernativa”, dejando al descubierto la brecha cada vez más grande que hay entre la mandataria y los líderes del partido que la llevó a la presidencia.

Es necesario prepararse para una posible caída del gobierno de Chinchilla

Más allá de la Cadena Nacional de televisión en donde la Presidenta prácticamente se disculpa por la “falta de controles” que la llevaron a utilizar el Jet privado, y acepta la renuncia de los funcionarios y llama a proteger con mayor celo la institucionalidad; se han detonado nuevos y peligrosos frentes de descontento, que podrían salírsele de las manos al que se ha convertido en el gobierno más impopular de toda Latinoamérica.

Se ha abierto una dinámica de descomposición del Poder Ejecutivo que posiblemente tenga repercusiones sobre otras instituciones del régimen, como el Congreso y el entramado cantonal que dirige el PLN. No es casualidad que el propio Johnny Araya, apuntalado como candidato presidencial para el 2014 haya afirmado que el escándalo del Jet afecta su imagen para la campaña, en una muestra de impaciencia hacia el actual gobierno.

Por más “unidad nacional” que pida la Presidenta, su administración está cada vez más aislada y no se vislumbra a la vista, ni siquiera como posibilidad, que logre acercamientos o acuerdos con otros sectores del empresariado.

El país bordea la frontera de una crisis generalizada de régimen, que evidentemente pondría ante circunstancias excepcionales al conjunto de la clase dominante, que tendría que pensar desde ya no solo un sustituto si la Presidenta no fuera capaz de resistir tantas crisis en tan poco tiempo, sino qué hacer frente a la organización de su “junta de negocios”, el gobierno; en momentos en que se busca imponer una nueva relación de fuerzas a los trabajadores de la ciudad y el campo con tal de imponer los recortes salariales, de presupuesto público, así como las concesiones y privatizaciones de empresas con tal de beneficiar a los distintos círculos empresariales en busca de ganancias.

Los trabajadores, estudiantes, campesinos pobres y demás sectores populares de la sociedad estamos ante una situación excepcional en la vida política del país, pues a la vez que parecieran desintegrarse pacíficamente poderes como el Ejecutivo; no hemos sido capaces de inclinar la balanza a favor por medio de nuestra movilización y organización independiente, un requisito urgente sino queremos que la actual crisis se resuelva por arriba, con salidas “destituyentes” y de derecha, apoyadas en la fuerza de instituciones como la Fuerza Pública, que toma todavía más predominancia con el ascenso de Celso Gamboa como Ministro de Comunicación y nuevo “hombre fuerte” del gobierno.

A pesar de la pasividad imperante desde el campo de las organizaciones obreras y populares, el momento actual exige responsabilidad y una respuesta frente al vacío político cada vez más grande con origen en Zapote, pero que puede trasladarse a las demás instituciones políticas del país, desorganizando aún más el aparato de dominación de la burguesía costarricense.

Es momento de reunir las fuerzas necesarias para dar una respuesta que esté a la altura de las circunstancias, con tal de movilizar a cientos de miles en las calles de Costa Rica y darle final a un gobierno de tanta corrupción y violencia contra el pueblo trabajador.


[1] Algunas fuentes, como Prensa Latina, señalan que “Una fuente de la Policía de Control de Drogas (PCD) dijo al medio que por órdenes de la DEA no se pudo registrar el jet, en el momento en que la institución realizaba las pesquisas por sospechas de actividades ilícitas, que se iniciaron desde 2011.” Y plantean que la empresa THX de Morales Fallón prestó el Jet y su colaboración al gobierno de Chinchilla a cambio de que ésta le garantizara su “reubicación en Costa Rica y el cierre del expediente criminal.” www.prensa-latina.cu