POR UNA JORNADA MUNDIAL DE PROTESTA CONTRA EL RACISMO Y LA BRUTALIDAD POLICIAL

El asesinato de George Floyd en la ciudad de Minneapolis en los Estados Unidos y su consecuente oleada de movilizaciones y acciones masivas contra el abuso policial, amenazan con impactar con su ejemplo en la juventud y la disposición a la lucha de los pueblos alrededor de todo el mundo.

Es que el asesinato del afroamericano en los Estados Unidos no solo generó protestas violentas masivas protagonizadas por la juventud, con imágenes sublimes de jóvenes brincando de euforia en los jardines de la Casa Blanca en Washington -después de burlar los controles policiales- y concentraciones y movilizaciones en los 50 Estados de ese país norteamericano; sino que amenazan con propagarse por el mundo, casi tan rápido como la pandemia del Coronavirus, no solo como expresión activa de solidaridad internacional contra el racismo; sino contra los abusos policiales cada vez más frecuentes en todo el planeta.

Si el asesinato de George Floyd dentro de los EE.UU ha tenido un impacto tan estremecedor en ese país y en el orbe, se debe a principalmente a dos razones: por un lado el clima de desesperación y desencanto generado por la pandemia en una juventud que paga con desempleo, reducción de ingresos y penurias económicas las decisiones políticas de los gobiernos; y por otro, y quizá el hecho más importante: el cansancio de las grandes masas populares con las medidas represivas de los Estados con la excusa del control de la pandemia; el terreno más fértil para los abusos y la “brutalidad policial”, cada vez más frecuente en todos los rincones del mundo.

Al tiempo que el movimiento en solidaridad y denuncia por el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos no termina de desarrollarse y se vuelve más masivo, y en algunos casos más violento con saqueos, incendio de edificios gubernamentales y de la policía; comienzan a extenderse acciones de solidaridad a países como Francia, donde otro joven negro de 20 años habría muerto a manos de la policía en el año 2016, y los abusos policiales contra la población negra son frecuentes. En otros países, como México, se recuerdan los 46 desaparecidos de Ayotzinapa con la complicidad de las fuerzas seguridad del Estado; mientras crece el repudio contra los abusos policiales como el más reciente, donde un joven ha muerto a consecuencia de los golpes que durante toda una noche, le habría protagonizado un policía que lo mantenía bajo custodia.

Es por todo lo anterior que se hace necesario promover la solidaridad más activa y combativa de la juventud mundial contra el racismo en los Estados Unidos, pero también de modo urgente, convocar a una jornada mundial contra los abusos y la brutalidad policial, que se ha profundizado y convertido en norma bajo las imposiciones y restricciones implementadas por Estados que tienden al autoritarismo en el contexto de la pandemia del Coronavirus.

Guardando las distancias, en Costa Rica no solo se han presentado repudiables acciones de violencia y abusos racistas –principalmente con el asesinato de líderes indígenas, que siguen impunes bajo el gobierno del PAC-, sino que son frecuentes los abusos policiales contra la juventud y la población; agravados por las atribuciones que se ha tomado el Estado con la supuesta intención de mantener bajo control el coronavirus.

Es el momento de una jornada mundial de protesta, en solidaridad contra el racismo en los Estados Unidos, pero especialmente contra los abusos policiales que se han vuelto la norma también Latinoamérica y todo el planeta, incorporando decididamente las exigencias de los trabajadores y el pueblo que día a día se enfrenta no solo a la desesperación por las consecuencias de la emergencia sanitaria; sino por los abusos a manos de las fuerzas del “orden” al servicio de los poderosos.

CARLOS ALVARADO FRACASA EN SU INTENTO DE IMPONER UN NUEVO IMPUESTO AL PUEBLO EN MEDIO DE LA EMERGENCIA MUNDIAL POR EL CORONAVIRUS

Sin piedad y sin ningún tipo de consideración con el pueblo, aún en medio de una dramática crisis económica y social generada por la pandemia del coronavirus a nivel mundial Carlos Alvarado y el PAC, han intentado imponer un nuevo impuesto del 5% a los trabajadores del sector público.

No es ‘una pifia’ ni un ‘error de comunicación’, como han intentado dar a entender los medios de comunicación y distintos ‘analistas’ que hacen incapié en una supuesta falta de ‘coordinación’ entre Rodrigo Chávez y Carlos Alvarado, al día de hoy cabeza del Poder Ejecutivo.

No es ni una pifia ni un error de comunicación, sino que ya es una estrategia sistemática, premeditada y sin ningún tipo de contemplación, recargar sobre los hombros de los trabajadores la crisis económica y posiblemente social generada por la pandemia global del coronavirus.

Hay que recordar que tres semanas atrás la Casa Presidencial fue allanada, se abrió un escándalo nacional por la formación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos al servicio del PAC y el gobierno en pleno fue obligado a comparecer, Ministro tras Ministro, a la Asamblea Legislativa. Para ‘suerte’ del gobierno, la crisis mundial por la pandemia del coronavirus arreció, generando de inmediato un clima de emergencia nacional entre los medios de comunicación y los distintos poderes de la república, a tal punto que los Diputados que hacían ‘juicio sumario’ a los diferentes funcionarios de Casa Presidencial, se colocaron de inmediato a las órdenes del Poder Ejecutivo, aprobando una a una las ‘leyes’ provisionales de emergencia para enfrentar la crisis del coronavirus, que se han dirigido en contra de los trabajadores, sus salarios contratos y jornadas laborales, pero a favor de los grandes empresarios, a los que se les aliviará de obligaciones fiscales, pagos de servicios y alquileres, y se les apoyará por medio de distintos planes de estímulo.

En ese contexto, el gobierno de Carlos Alvarado se ha sentido nuevamente sólido, creyendo no solo que los procesos abiertos con la crisis de la UPAD finalizaron –cuando todavía la Fiscalía y el Poder Judicial tienen en su poder las computadoras y teléfonos del Presidente y los funcionarios de la Casa Presidencial- sino que además cualquier iniciativa dirigida contra el pueblo será aprobada por los Diputados. Solo a partir de lo anterior se entiende la aparición de Rodrigo Chávez en el Museo de los Niños –donde sesionan los Diputados para evitar el Hacinamiento- promoviendo entusiastamente un nuevo impuesto sobre los salarios de los empleados públicos –y privados- superiores a 500 mil colones, así como la posterior publicación en redes sociales de Carlos Alvarado, donde desmentía o anulaba los intentos por establecer un nuevo impuesto contra el pueblo, visiblemente como producto del rechazo unánime que expresaron no solo los Congresistas de la República, sino crecientes sectores del pueblo que repudian los golpes que diariamente el gobierno del PAC descarga contra el pueblo con el pretexto de la crisis del coronavirus.

El FRACASO de Carlos Alvarado por imponer nuevos tributos es un duro revés contra el gobierno, en momentos de gran consternación y volatilidad en el estado de ánimo del pueblo costarricense, debido a una pandemia mundial que ha afectado todos los rincones del mundo, generando millones de desempleados, la parálisis de la economía, el cierre de fronteras en la mayor parte de los países, así como miles de muertos por el nuevo virus, que ha rebasado con numerosos sistemas de salud en el mundo. El frustrado intento de imponer un nuevo impuesto es además un golpe brutal contra uno de los principales cuadros ‘neoliberales del gobierno’ y de los organismos financieros internacionales, nada más y nada menos que el hombre que trabajó ininterrumpidamente 27 años para el Banco Mundial, 7 de los últimos, como Director país de ese organismo para Indonesia, lo que no dejará de tener agudas repercusiones en el vapuleado equipo de gobierno.   

Los perversos esfuerzos de Carlos Alvarado por empobrecer y llevar a la miseria a los costarricenses, y sus intentos sin piedad por arrebatarle al pueblo su sustento y el de sus hijos, es una razón de peso para no ofrecerle ningún tipo de tregua al PAC y a sus aliados, ni aún en tiempos de amenaza mortal por el Coronavirus, ya que si no nos mata la pandemia, nos matará el gobierno del sucio y criminal PAC con despidos, hambre y desempleo contra el pueblo.

Al tiempo que se mantienen las medidas básicas de aseo y cuidado físico y social necesarias para preservar nuestra vida en lo inmediato, es evidentemente necesario prepararse para una dura batalla de vida o muerte contra un partido que ha usado la crisis y la emergencia sanitaria mundial para intentar lavarse la cara, pero con un programa de estafa y violencia económica contra los trabajadores y el pueblo de Costa Rica. Es el momento en donde las organizaciones de los trabajadores tienen la obligación histórica de prepararse para defender el nivel de vida del pueblo, lo que necesariamente conllevará a un enfrentamiento directo contra el gobierno del PAC y sus aliados, así como las grandes cámaras empresariales, que pretenden preservar intactas las fortunas y los intereses de los poderosos, mientras hunden en la miseria y la desesperación a los pobres y a los humildes del pueblo.

EL DIÁLOGO COMO TRAMPA DEL GOBIERNO PARA DESACTIVAR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL

En la última semana se ha transformado rápidamente el escenario político nacional. Por un lado han brotado a lo largo y ancho del país manifestaciones de distintos sectores (transportistas, pescadores, docentes y estudiantes), y por otro se ha dejado ver una aguda crisis política en el equipo que gobierna desde la Casa Presidencial. La prueba más contundente: el primer ministro que renuncia producto de la movilización social, en el marco de un gabinete que se percibe cada vez más fragmentado y erosionado, registrando ya 16 dimisiones o destituciones en apenas un año de gestión presidencial.

Con nuevos y más potentes actores sociales, el país atraviesa una situación muy similar a la de julio de 2018 cuando con virulencia pequeños grupos hacían exigencias de contenido migratorio al Presidente; sumergiendo en una aguda crisis coyuntural al Poder Ejecutivo. El momento político, también combina elementos similares a setiembre del año anterior, cuando imponentes jornadas de protesta de los trabajadores públicos se combinaron con bloqueos e incidentes en todo el país; ocasionando el faltante de combustibles, paralización del comercio y la circulación por las vías nacionales, un escenario que generó temor en distintos sectores de la población y llevó a la senda de la “negociación”, entre el gobierno y una oposición política que apesar de tener una histórica fortaleza en la calle; desactivó la movilización social participando de las mesas de “diálogo”.

El “Diálogo a manos vacías” propuesto una y otra vez por Carlos Alvarado y lamentablemente también por Albino Vargas, es una artimaña usada por el PAC y su gobierno para simular que “cede” ante sus detractores; mientras reprime y gana tiempo para que otras instituciones como la Asamblea Legislativa avancen con los proyectos contra los trabajadores que prohiben el derecho a huelga; o mientras entra en vigencia el IVA porque “ya es Ley de la República”, como dice con su tradicional prepotencia el señor Alvarado. El “diálogo” es una herramienta del gobierno para reacomodarse en el ejercicio del poder y lamentablemente Albino Vargas, es parte de esa estrategia; favorable a un PAC despreciado cada vez más intensamente, pero que todavía muestra recursos para reconstruirse en el manejo del Estado.

El “diálogo” le permitió el año pasado al gobierno derrotar la huelga más larga de la historia costarricense, dividir a las organizaciones de los trabajadores, imponer el miedo a quienes luchaban, así como lograr la estabilidad política necesaria para que fueran impuestas las nuevas cargas tributarias contra el pueblo, como el 1% de impuestos a la canasta básica o el IVA del 13% que entró a regir precisamente desde el primer día de julio.

Tanto el gobierno como los líderes sindicales aliados con Albino Vargas insisten en que el carácter del “costarricense” consiste en el diálogo y no en la confrontación, y en el caso de Casa Presidencial dicen que Costa Rica es “la democracia más antigua de la región”. Lo que no dicen ni los “líderes sindicales” ni el gobierno es que fue precisamente hace 100 años que las profesoras del Liceo de Señoritas quemaron el periódico “La Información” por ser el punto de apoyo de la dictadura de los hermanos Tinoco; y en 1948 el pueblo entero se levantó contra un partido y un gobierno que apesar de contar con múltiples méritos históricos en una primera etapa (como crear la CCSS, UCR, Código de Trabajo; algo que NUNCA tendrá en su historial una mediocre y parasitaria mafia como el PAC), finalmente fue carcomido por la corrupción y el pueblo tuvo que levantarse a balazos para desplazarlo del poder y resguardar “la democracia”.

Es el camino hacia esta radicalización y este espíritu de lucha, el que buscan bloquear para el pueblo el gobierno y sus conciliadores, que en nombre del “diálogo” están desactivando el movimiento de masas; mientras los medios de comunicación (manipulación) avanzan en una campaña para promover el miedo (para quienes realizaron o realicen bloqueos) y golpear la disposición a la lucha que muestra una y otra vez el pueblo y la juventud. Mientras las energías se dirigen al “diálogo” se pierde de vista que la principal tarea del pueblo es mantenerse movilizado, unido, absolutamente desconfiado hacia el gobierno y en la lucha; tanto contra las intenciones gubernamentales, como contra la criminal estrategia de las cámaras empresariales de redoblar los lazos de dominación hacia los trabajadores, lo que es apoyado por los grandes canales de televisión evasores de impuestos del país.

El “diálogo” solo fortalece al PAC, que demuestra ser capaz de recurrir una y otra vez a la mentira y a los métodos más bajos con tal de acomodarse en el ejercicio del poder. Y hace debilitarse a los trabajadores tanto en el alcance de sus objetivos y acciones, como en su espíritu de lucha.

Independientemente de la campaña de mentiras del gobierno y sus fanáticos defensores, el pueblo debe seguir movilizado y en organización, en pie de confrontación contra las intenciones autoritarias y saqueadoras del PAC y sus aliados en los distintos poderes de la república.

LA RENUNCIA DE ÉDGAR MORA FORTALECE LA OPOSICIÓN CONTRA EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO Y EL PAC

Como producto directo de la acción estudiantil durante una semana de bloqueos y cierres que incluyeron por lo menos 230 centros educativos a lo largo del país, el Ministro de Educación Pública Édgar Mora ha renunciado a su cargo. La decisión es un duro golpe para el gobierno de Carlos Alvarado, ya que es la primera baja ministerial como producto de la movilización, al tiempo que los mismos estudiantes que sostienen la lucha señalan que la movilización continúa, y piden que sean retirados de la corriente legislativa proyectos de Ley contra los trabajadores como la Ley del Empleo Público, o la que declara la educación como “servicio esencial” y prohibiría las huelgas.

El pueblo está con “sangre en el ojo” contra el Presidente

Los transportistas dicen no estar conformes aún después de la renuncia de Mora, y ya durante la jornada de movilización del lunes 1 de julio, los profesores pedían la renuncia de Rocío Aguilar como Ministra de Hacienda.¹ Mientras estas perspectivas se presentan no se sabe aún porque ya el pararayos no es Rodolfo Piza, y por qué ya no sostiene sobre sus hombros las responsabilidades por las actuaciones del gobierno. En estos instantes Carlos Alvarado se nota débil, aislado, intentando dar una apariencia de negociador en momentos en que entra en vigencia el IVA y la incertidumbre se incrementa en el país.

La caída de Edgar Mora es un fuerte golpe para el círculo personal de Carlos Alvarado, y posiblemente no detendrá a un movimiento de masas que se nota más envalentonado, desconfiado e irrespetuoso contra el gobierno, el PAC y sus aliados, que gobiernan contra el pueblo.

Si antes de las movilizaciones Carlos Alvarado insistía en la Ley del Empleo Público y la necesidad de regular las huelgas, hoy se ha visto obligado a transformar su discurso por uno más dialogante con los sectores sociales movilizados. Es un discurso que intenta ser de “diálogo”, pero al parecer sin muchas bases en la realidad, ya que los distintos sectores integran demandas cada vez más difíciles de cumplir para el gobierno; tanto sectoriales como nacionales.

Si el señor Carlos Alvarado ha removido o aceptado la “renuncia” de Édgar Mora para acabar con los procesos de movilización, se ha equivocado, pues apesar de sus desplantes en los últimos meses; en los últimos días no ha hecho más que mostrar debilidad y una mayor pérdida de rumbo en sus intervenciones y decisiones, dándole nuevos ánimos y confianza en sus propias fuerzas a los trabajadores, a los estudiantes y a los distintos sectores sociales que se mantienen en la lucha.

La renuncia de Édgar Mora ha fortalecido a los sectores que luchan contra el PAC, pero es apenas una victoria parcial, que solo puede consolidarse si la disposición a la lucha que crece contra el gobierno y sus aliados se utiliza para derrotar las contrarreformas al empleo público y la prohibición de las huelgas; que concentran los ataques de los sectores económicamente dominantes contra los trabajadores y el pueblo.

El pueblo costarricense y especialmente los trabajadores y la juventud; tienen una nueva oportunidad para enfrentar y derrotar al PAC y a su programa político y económico. Es el momento de actuar con total desconfianza hacia el gobierno y sus aliados, preparar la movilización, los bloqueos y las acciones necesarias para que los trabajadores retomen la confianza en su fuerza social.
  

1https://www.crhoy.com/nacionales/apse-exige-salida-de-mora-y-aseguran-que-ahora-van-por-la-ministra-de-hacienda/

Reflexiones provisionales sobre la situación política nacional y definiciones

Sin movilizaciones imponentes como las del año anterior el gobierno de Carlos Alvarado enfrenta una nueva crisis, con un cuestionamiento más agudo a su capacidad política para gobernar, y con sectores sociales en movimiento contra uno de sus bastiones de confianza¹: el ministro Edgar Mora.

Desde hace meses, contrario a su discurso democratizante y “progresista”, el Partido Acción Ciudadana viene ensayando un posicionamiento cada vez más autoritario y represivo frente a la población costarricense. Este partido, aliado con los cadáveres que revivió desde la última contienda electoral (PLN, PUSC) y en un intento por imponer una relación de dominación a los trabajadores públicos y al pueblo después de la histórica huelga de 2018 (con sus espectaculares movilizaciones); apuesta por la fuerza con tal de limitar la capacidad de lucha de los trabajadores públicos. Lo anterior por medio de la Ley que declara la educación como “servicio esencial”, reduciendo la capacidad de movilización y expresión de los trabajadores.

Este es el mismo PAC² que propuso aliado con referentes del PLN (Sandra Pisk y el FA) la Ley Mordaza de “Crímenes de odio”, para silenciar una oposición política generalizada a su mandato (y amplificada por las redes sociales) en apenas un año de administración.

Las organizaciones de los trabajadores intentan recuperar la confianza en sus músculos. La segunda asociación de profesores del país (con 46 mil afiliados) convocó a una movilización significativa, de almenos 20 o 30 mil asistentes el pasado 6 y 7 de junio en contra de la Ley que prohibiría las huelgas en los servicios públicos esenciales. La sorpresiva gran movilización hizo posible calcular la disposición a la lucha del sector magisterial como uno de los más activos del país.

APSE Y ANDE, las dos organizaciones magisteriales más grandes de Costa Rica, convocaron a días de huelga específicos durante el mes de junio, combinadas con movilizaciones y concentraciones en la Asamblea Legislativa y otros sitios a lo largo del país. Estas movilizaciones, parecieran haber reactivado la desconfianza general de la población hacia el gobierno de Carlos Alvarado (así como el malestar de distintos sectores productivos del país con el cobro del IVA desde julio, como se ha reflejado en las más recientes protestas).

En distintas protestas han aparecido los pescadores, los transportistas; y ahora, los estudiantes. Y apenas en el primer día de manifestaciones, los pescadores de la península de nicoya intentaron derribar los portones de la Casa Presidencial pidiendo espacio para el “diálogo” con el Presidente. Ese simbólico hecho (derribar los portones de la sede del Poder Ejecutivo), mostró que hay sectores sociales que no tienen ningún respeto por la figura del Presidente y que parecieran estar extendiéndose, paralelamente a los “círculos de opinión política” (como lo son algunas páginas que todavía permite Facebook), que llaman abierta o encubiertamente a un “golpe de Estado” contra Carlos Alvarado.

Los verdaderos responsables de que Carlos Alvarado sea Presidente (grupo Nación: Teletica y La Nacion) han “detectado” que la situación política de hoy, tiene cierto parecido a la del 2018, cuando pequeñas protestas de sectores “nacionalistas” contra la política migratoria del gobierno; abrieron la primera crisis política al gobierno y al PAC en su segundo mandato.

Con preocupación La Nación recopiló las páginas desde las redes sociales que se “incitan a la violencia”.

Ensayando un dispositivo de manipulación como el del 2018, el gobierno y sus medios “progresistas” oficiales (La Nación y Teletica) pretenden convertir en rehenes de su política a los grupos de homosexuales y a los inmigrantes del país, a los que colocan como supuestas “víctimas” de los grupos que llaman a golpe de Estado contra el gobierno.

Una de las páginas “realizó 27 publicaciones promoviendo una movilización violenta en las calles”, mostrando casi como asomo, la poca aceptación que tiene la segunda administración del PAC.

Ante el desempleo y la crisis económica nacional, el PAC y sus aliados contestan con decretos autoritarios y adoctrinantes, usando la fuerza del aparato del Estado para reforzar el control y la censura del pueblo. Ante los mensajes que llaman a la violencia contra un gobierno que solo odios ha desatado, el Ministro Maikol Soto señaló que “desde hace un año vigilan algunas páginas y que tienen identificados a individuos que promueven el uso de la violencia” mediante esa red social. “Desde hace por lo menos un año, venimos dándole un seguimiento a todas las redes sociales que tenemos en acceso, que tenemos en nivel de investigación cuando tienen llamadas a atentados a personas o al presidente o que promueven la violencia o la violencia contra otros grupos sociales".

La respuesta del prepotente Carlos Alvarado es el uso de la fuerza: la fuerza de la vigilancia, del control, de la prohibición. La vigilancia por medio del MSP y la DIS contra ciertos grupos y personas, la del control por medio de leyes mordaza como la de los “crímenes de odio” y la de la prohibición de las huelgas en “servicios esenciales2 como la educación para imponer calma social y el programa económico del gobierno del PAC y sus aliados del PLN, PUSC y otros partidos.

El mes de junio ha permitido descubrir que el pueblo costarricense se enfrenta a un gobierno fracturado (con renuncias de distintos ministros en los últimos meses) y erosionado, que dilapidó el capital político que significó la imposición de las nuevas cargas tributarias; pero que rápidamente se involucró en escándalos de corrupción y abusos contra la población.

Con relativamente pequeñas pero intensas acciones populares (movilizaciones, huelgas o concentraciones), como las de los estudiantes y padres de familia pidiendo la renuncia de Édgar Mora, el gobierno ha entrado en una crisis similar a la de 2018, que permitió servir de antesala para las grandes acciones de huelga y movilización que polarizaron Costa Rica durante más de tres meses de huelga de empleados públicos.

En aquella oportunidad fueron pequeños grupos “nacionalistas” que no necesariamente representan a las distintas capas sociales las que despertaron el rechazo e irrespeto contra la figura del Presidente. Hoy son sectores más generalizados a lo largo del país en más de 80 colegios de toda Costa Rica. Que piden directamente la renuncia de Édgar Mora, uno de los soportes de la avanzada autoritaria y la política gubernamental.

Si bien han tendido a entrelazarse la crisis del gobierno con la movilización y los llamados de pequeños sectores “al golpe de Estado”, en los días siguientes es necesario establecer los contactos e instancias de unidad necesarias entre estudiantes transportistas, pescadores, docentes y todos los que vienen enfrentando a Carlos Alvarado para planificar y convocar a superiores acciones de protesta para después de vacaciones; al mismo tiempo que se mantienen concentraciones y demostraciones de protesta durante estas semanas.

En la segunda mitad de 2019 los trabajadores y el pueblo prueban nuevamente el alcance de sus fuerzas. Los docentes mostraron importantes acciones el jueves 6 y viernes 7 de junio y ahora los estudiantes son los que han mostrado su valor cerrando más de 230 colegios en todo el país; anunciando semanas y meses de una nueva dinámica en la actividad del movimiento de masas.

También es urgente encarar seriamente la discusión sobre un eventual derrocamiento del cuestionado gobierno de Carlos Alvarado, más específicamente si su caída pasa por un “golpe de Estado” por arriba, dirigido posiblemente por serctores militaristas y policiales disidentes; o por medio de una revolución de los trabajadores y el pueblo desde abajo. Esta discusión estratégica no es un antojo sino que se impone por las discusiones de la realidad, donde ya algunos hablan del gobierno autoritario de Alvarado como dictadura, y llaman al usurpador de la Presidencia como “dictadorzuelo”.

1Avanzada del autoritarismo en la más reciente coyuntura política. Impulsando el adoctrinamiento ideológico en el sistema educativo al mismo tiempo que una prohibición del derecho a huelga en el sector educación; el más numeroso y activo políticamente del país.

2La propuesta de Ley de “Crimenes de odio” fue creada por actores políticos como Sandra Pisk (PLN) y la neostalinista Patricia Mora, con el claro fin de silenciar y censurar las opiniones del pueblo. Ese proyecto de Ley fue rechazado por el Poder Judicial por reducir la libertad de expresión.