domingo, 19 de agosto de 2012

El gobierno del Congreso Nacional Africano masacra a 34 obreros en Sudáfrica



Por PTS, Argentina 

El Partido de Trabajadores Socialistas expresa su más enérgica condena a la masacre de 34 obreros mineros en Sudáfrica perpetrada por la policía, en el marco de una huelga por aumento de salarios que los trabajadores venían realizando desde el 10 de agosto en la mina de platino perteneciente a la multinacional británica Lomni, la tercera minera de platino más importante del mundo.


Las escenas de violencia y brutalidad policial recuerdan las peores represiones del régimen del apartheid, como la de Sharpeville en 1960 o la de Soweto en 1976.

Esta masacre fue llevada adelante con el apoyo del gobierno del Congreso Nacional Africano y del sindicato de mineros oficialista, la Unión Nacional de Mineros, perteneciente a la central sindical COSATU (Congreso de Sindicatos de Sudáfrica) , que como denuncian los trabajadores mineros, vienen colaborando con el gobierno y la patronal para quebrar la huelga.

La colaboración de la burocracia sindical con los intereses patronales llevó a que un sector significativo de la base minera rompa con el sindicato oficialista y se organice en un nuevo sindicato, la Asociación de Trabajadores Mineros y de la Construcción, que actualmente está dirigiendo esta huelga.

Este proceso de surgimiento de nuevos sindicatos, por fuera de las organizaciones tradicionales, abarca a otros sectores del proletariado como los gremios de transporte, y expresa que una vanguardia de trabajadores ha empezado a sacar la conclusión de que es necesario desarrollar organizaciones que defiendan los intereses de los trabajadores y sean independientes del gobierno del Congreso Nacional Africano y de las patronales.

Esta huelga es parte de una oleada de protestas que viene sacudiendo los barrios obreros más pobres del país, en reclamo de vivienda y servicios públicos, en momentos en que la crisis capitalista está afectando seriamente la economía sudafricana, dependiente en gran medida de Europa. El trasfondo de este descontento extendido es la obscena desigualdad social en un país donde la mitad de la población de 50 millones vive bajo la línea de pobreza y el desempleo oficial asciende a una tasa del 25%.

A poco más de 20 años de finalizado el régimen del apartheid producto de décadas de lucha revolucionaria, la situación estructural de los trabajadores sudafricanos no ha variado. Bajo el gobierno del Congreso Nacional Africano, que con la dirección de Mandela aceptó una salida negociada al apartheid con el imperialismo y la clase dirigente blanca evitando de esa manera su caída revolucionaria, se ha mantenido la subordinación al imperialismo, implementando incluso planes privatistas, manteniendo condiciones de precariedad laboral y bajos salarios. La huelga de los mineros y el surgimiento de nuevas organizaciones obreras es un síntoma de que sectores avanzados de trabajadores están comenzando a sacar esta conclusión, abriendo un panorama potencialmente explosivo.

Desde el PTS nos solidarizamos con esta heroica lucha, que es parte de las múltiples batallas que vienen dando los explotados contra los intentos de los capitalistas de hacerle pagar los costos de su crisis.

lunes, 6 de agosto de 2012

Sobre la jornada de movilización del ICE


  
El pasado lunes 30 de julio se llevó a cabo una importante jornada de movilización del ICE, durante la cual unos 7000 trabajadores de la electricidad y las telecomunicaciones provenientes de planteles y proyectos de distintas regiones del país se movilizaron por las calles de San José.
 
Los trabajadores salieron a protestar no sólo contra los nuevos intentos de privatización en el sector electricidad, sino además contra las medidas que hoy amenazan el empleo y las condiciones de trabajo de miles, impulsadas por los jerarcas del ICE en conjunto con el gobierno como el despido (en los hechos) de trabajadores interinos (“ocasionales”), movilidad laboral, recorte de jornadas, no pago de horas extras y flexibilización de horarios; muchas de estas por ahora llamadas “voluntarias” pero que muy posiblemente pasarán a ser impuestas si no hay luchas profundas en los próximos meses.

 De esta forma la jornada fue una de las más importantes desde la lucha contra el TLC en 2007, pues incluso superó la movilización de unos 4000  trabajadores el pasado 15 de febrero por el tema salarial; lo cual demuestra que hay una importante disposición de salir a luchar contra los recortes de presupuesto y los planes de ajuste, la creciente corrupción y los intentos de privatización de la institución.

 Todo esto está muy por encima de la imagen moderada que hacia afuera han querido proyectar los burócratas sindicales, en el sentido de que todo giró únicamente en torno al llamado movimiento “Por el derecho a la luz”, dejando de lado las principales demandas de los trabajadores.

 Sin embargo, aún con la importante asistencia, es clave que esta jornada no quede como un hecho aislado precisamente cuando las medidas y planes antiobreros ya comienzan a ponerse en marcha; sino que más bien hace falta multiplicar acciones de este tipo en momentos en los que no dejan de quedar en evidencia crecientes fricciones en las alturas en el gobierno que pueden despejar el camino a la lucha.

 Sobre todo es necesario unificar fuerzas con el resto de trabajadores del sector público que también están en la mira de los planes de ajuste del PLN y el resto de partidos empresariales, pero que aún no salen a las calle tal como ocurre en la CCSS y las universidades estatales donde están en riesgo los trabajadores y los estudiantes; todo en la dirección de buscar ganar la confianza de los trabajadores del sector privado (la mayoría de la clase trabajadora del país) y los sectores populares combinando la lucha plenamente gremial del ICE, con reivindicaciones nacionales democráticas, como la derogatoria de la Ley Mordaza, el cese del fortalecimiento del aparato represivo, o la no entrada de barcos de EE.UU a Costa Rica; combinado con el enfrentamiento contra la Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, donde se concentran los principales ataques del gobierno contra los trabajadores.

 Desde la LRS llamamos a los trabajadores del ICE que sostengan posiciones antiburocráticas y que quieran llevar hasta el final sus reclamos, a que tomen contacto con nosotros, con tal de impulsar en conjunto una fuerte corriente clasista y combativa desde abajo, que ayude a propinarle golpes más certeros a los capitalistas del país y que paguen por la crisis.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Frente a los movimientos destituyentes que piden cambios desde las alturas: Preparemos una estrategia obrera y popular para hacer pagar la crisis a los capitalistas


Por Bryan Brenes

A principios de julio un grupo de personas llamó desde Facebook a concentrarse en los parques centrales de cada provincia contra del gobierno de Chinchilla, con la intención de promover un “golpe de Estado simbólico”. Lo anterior amparándose en el “mal manejo de la administración pública” (corrupción) que carcome al gobierno liberacionista. Posteriormente a estos llamados (hechos por personas que siguen en el anonimato) dos ciudadanos se presentaron ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa para presentar un proyecto de Ley que consiste en reformar el artículo 121 de la Constitución Política para atribuir a los diputados la competencia de “Someter a juicio político sumario al presidente, vicepresidentes, ministros, presidentes ejecutivos, el contralor o el subcontralor”, al mejor estilo “paraguayo” u hondureño, como no deja de reconocer siquiera el diario derechista La Nación.[1]
 
Ni golpes de Estado blandos ni movimientos destituyentes desde las alturas
 
Es evidente que tanto los llamados “golpistas”, así como la entrada de proyectos de Ley “destituyentes” al Congreso se dirigen a preparar las condiciones tanto legales como a la propia opinión pública para la posibilidad de salidas como la que se suscitó en 2009 en Honduras con el derrocamiento de José Manuel Zelaya, o en 2012 con la destitución de Fernando Lugo en Paraguay; a pesar de las diferencias de país a país.
 
Lo que quizá sea necesario recordar es que en el caso hondureño el Ejército encabezado por el Coronel Romeo Vázquez Velázquez secuestró a Manuel Zelaya expulsándolo hacia Costa Rica en horas de la madrugada. Unas cuantas horas después de este hecho, el Congreso -amparado por el Vicepresidente Roberto Micheletti- daba a conocer una carta donde Zelaya supuestamente renunciaba a la Presidencia. Se trataba de un golpe de Estado cívico-militar, con participación destacada del Parlamento y las Fuerzas Armadas.
 
O quizá sea bueno recordar la experiencia reciente de Paraguay, donde después de la importante crisis política desatada por la muerte de alrededor de 11 campesinos que se enfrentaron a la policía en defensa de su derecho a la tierra, la derecha aliada con el Ejército acusó al Presidente como culpable de la crisis; utilizando una votación mayoritaria del Parlamento para destituir al Presidente Fernando Lugo, pidiendo también “juicio sumario” contra el ex gobernante.
Los casos anteriores se unieron a los intentos golpistas o “destituyentes” de Venezuela en 2002 o Bolivia en 2007 respectivamente, con la crisis política abierta en los departamentos de la Media Luna controlados por la derecha.
 
Estos fenómenos destituyentes se han desarrollado en el contexto de gobiernos que como el costarricense, han agudizado el enfrentamiento entre diversas fracciones burguesas o a lo interno de los propios partidos patronales, como se nota por ejemplo a nivel nacional con la rivalidad de varias tendencias dentro del PLN, donde se libran enfrentamientos fraccionales en varios niveles: por una parte del arismo en contra del gobierno de Chinchilla, criticándolo y atacándolo casi que a diario desde el Grupo Nación, dificultando la “gobernabilidad”; así como dentro del propio partido, con los hermanos Arias librando una verdadera refriega política en contra de Johnny Araya y más secundariamente contra Figueres Olsen.
 
Pero lo anterior solo refleja uno de los ángulos de las fricciones que comienzan a asomar en las relaciones entre los principales referentes de la burguesía, en este caso dentro del PLN, pues además de las pugnas en este partido, hay que tomar en cuenta la escisión del Movimiento Libertario con el “Partido de la Libertad” encabezado por Federico Malavassi, la crisis crónica dentro del PUSC, así como la declinación parlamentaria y mediática del PAC, para citar solo a los partidos empresariales más importantes del país.
 
El escenario político en las alturas se caracteriza por la fragmentación y la división entre el empresariado, y pareciera girar en torno a cómo afrontar un posible reinicio de la crisis capitalista y cómo hacérsela pagar a los trabajadores. Es por esto que quienes se oponen a la participación de Figueres en las elecciones de 2014, por citar un ejemplo, le reclaman que en su “plan país” no se hable siquiera de la “reforma del Estado”, donde se concentraría tanto el recorte de derechos democráticos, así como las medidas económicas para que los empresarios hagan nuevos negocios amparados por el Estado.
 
El gran estratega marxista León Trotsky decía que “En toda sociedad dividida en clases las contradicciones son tan numerosas que siempre es posible aprovechar las fisuras para urdir un complot”, y sostenía además que “se requiere cierto grado de enfermedad social como en España, en Portugal, en América del Sur para que la política de las conspiraciones pueda alimentarse constantemente.” Y alertando sobre el significado de estas “conspiraciones” y “golpes de Estado” señalaba que “En estado puro, la conspiración, aún en caso de victoria, sólo reemplazará camarillas de la misma clase dirigente o, menos aún, a unos gobernantes por otros.”[2]
 
Los planteos teóricos de Trotsky anteriormente citados retratan bastante bien una parte del pasado costarricense, donde los golpes de Estado fueron constantes durante la segunda mitad del siglo XIX y que se tradujeron a menudo en la sustitución de un coronel por otro en la administración del Estado, lo que desembocaba en regímenes de terror en contra de los peones rurales mayoritarios en ese período histórico. También, describen muy bien los primeros años del siglo XX cuando se dio el golpe de Estado de los hermanos Tinoco, que apoyándose en el descontento popular contra el gobierno “reformista” de Alfredo González Flores, instauraron un régimen de opresión y persecución especialmente contra los trabajadores públicos que ya contaban con un importante peso social para 1917.
 
No es casualidad que después de dos años de dictadura, en 1919, el descontento creciera a tal punto que se detonó la movilización encabezada por las profesoras del Liceo de Señoritas contra la dictadura, llegando a quemar el diario La Información (del oficialismo) y a detonar un importante proceso de oposición popular.
 
Pero los golpes de Estado en otras partes de Latinoamérica han demostrado aún más contundentemente que se pagan con sangre, torturas y muerte, como lo prueban los 30 mil compañeros asesinados en Argentina después del golpe militar del ‘76, los más de 10 mil muertos en Chile bajo Pinochet, así como los miles de luchadores asesinados en Brasil, Uruguay y Paraguay en los años ’70, en el marco de las abundantes dictaduras “anticomunistas” que hacían correr la sangre en Latinoamérica.
 
La política de los trotskistas de la LRS
 
Es partiendo de la experiencia histórica tanto costarricense como internacional que desde la LRS no estamos por sustituir desde las alturas un gobernante burgués por otro, por el “menos malo” o el más patriótico; más allá de la corrupción y el robo descarado por parte de ministros que no pagan impuestos, que utilizan los puestos públicos para contratar sus propias empresas en asesorías, o para el pillaje de recursos públicos tal y como ha sucedido con la construcción de la “Trocha 1856” paralela al Río San Juan.
 
Al contrario, somos partidarios de la acción y organización a gran escala de los trabajadores, campesinos pobres, estudiantes, o desempleados bajo sus propios métodos como las huelgas, las ocupaciones de tierra, las barricadas, así como las ocupaciones de fábricas ahí donde sea necesario; ya sea para destituir a los gobernantes corruptos, para conquistar el derecho a la tierra, al trabajo, o yendo más lejos, para construir consejos obreros que funcionen sobre la base de la democracia directa que apunten a convertirse en herramientas para hacer la revolución social y arrancarle el poder a la burguesía de conjunto, para construir una república obrera.
 
Pero no somos ingenuos: para luchar en el futuro por el poder obrero y la revolución social es necesario ir fogueándose en las luchas más elementales, que van desde la defensa de los derechos democráticos amenazados por ejemplo por la “Ley mordaza”, las leyes represivas que prohíben hacer grafitis en sitios públicos, el fortalecimiento policíaco del régimen costarricense, contra la entrada de los barcos de guerra yanquis a nuestras costas; hasta las luchas económicas más básicas, como por ejemplo contra la flexibilización laboral, contra los despidos, suspensiones o rebajas salariales en las empresas, o contra la Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, que pretende pasarle los costos del déficit fiscal a los trabajadores públicos.
 
Si no es dando estas batallas con una perspectiva estratégica, que trascienda el sindicalismo o el corporativismo gremial, al mismo tiempo que se impulsa el agrupamiento de los mejores y más conscientes luchadores obreros, estudiantiles y populares en un partido marxista (lo que no precisamente está reducido a montar la “estructura nacional” para el 2014 como hacen algunos grupos que hablan en nombre de “los trabajadores”) será imposible enfrentar consecuentemente a la derecha que comienza a llamar a las salidas extremas que abordamos en este artículo.
 
Es por todo lo anterior que desde nuestra agrupación revolucionaria llamamos a impulsar una gran campaña democrática en contra del fortalecimiento represivo del régimen, contra los intentos de hacer cambios desde las alturas y militarizar más el país; así como preparar la construcción de un partido de los trabajadores revolucionarios en Costa Rica como parte de la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Social (la IV Internacional), que condensa la experiencia histórica del marxismo-trotskista, y así facilitar su puesta en práctica en el país. Llamamos a los trabajadores conscientes, así como a los compañeros estudiantes más combativos y críticos a que construyamos juntos una organización revolucionaria, que esté preparada para intervenir decisivamente en los momentos álgidos de la lucha de clases que se avecinan.


[1] Editorial. Destitución de Funcionarios. La Nación. 28/7/2012.

[2] León Trotsky. La Historia de la Revolución Rusa, Tomo II. Editorial Galerna. 1972. pp. 576.


Es necesaria una gran campaña para evitar la entrada de barcos de guerra yanquis a Costa Rica

A mediados de junio fue aprobado en el Congreso costarricense el permiso para la entrada de 46 barcos de guerra de los Estados Unidos en aguas nacionales bajo la idea de la “lucha contra el narcotráfico”.

La decisión, más que alegrar, es bastante preocupante, ya que EE.UU. utiliza de excusa el narcotráfico con tal de militarizar y reforzar el dominio geopolítico sobre Latinoamérica, lo que ha considerado históricamente como su “patio trasero”.

Este movimiento se suma al desplazamiento de tropas y equipo militar a la frontera con México desde 2010, a los más de 16 mil soldados apostados en Haití desde el terremoto de 2009, así como a las bases militares con que ya cuenta la potencia del norte en países como Colombia, Honduras o El Salvador; que más allá de que están fuertemente militarizados, son profundamente inseguros.

Hay que afirmar que por lo menos en el caso de Haití, el pueblo haitiano sigue padeciendo del hambre, la inseguridad y la violencia, a pesar de la estancia de las tropas de EE.UU. y la MINUSTAH. Mientras tanto en México, ya la “guerra contra el narcotráfico” promovida desde el Departamento de Estado Norteamericano y el gobierno mexicano ya alcanza la cifra de más de 60 mil muertos; al mismo tiempo que en Colombia, Honduras y El Salvador continúan los asesinatos selectivos contra dirigentes obreros, estudiantiles y sindicales con todo y la fuerte militarización de la sociedad.

La falsedad del discurso pacifista y de “defensa de la soberanía nacional”

La decisión del Congreso costarricense choca frontalmente con el discurso pacifista y de “soberanía nacional” que había venido apuntalando Chinchilla durante los últimos casi dos años (¡!) de intensa campaña chovinista en contra de Nicaragua alrededor de la Isla Calero y el Río San Juan. Es que si bien es cierto la señora Presidenta solicitaba a Managua “retirar las tropas de la Isla Calero” ya desde noviembre de 2010, en el marco de una cumbre extraordinaria de la OEA, no hace precisamente lo mismo con los barcos de guerra y los casi 7 mil soldados norteamericanos autorizados para ingresar a las costas nacionales; que más bien son presentados como defensores de la libertad y garantes de la democracia.

El ejército Norteamericano, como toda persona medianamente informada sabe, no es el mejor aliado, ni para “luchar contra el narcotráfico” –ya que el grueso del negocio está precisamente en suelo estadounidense-, ni mucho menos para que el gobierno pueda enarbolar las banderas del pacifismo o la “soberanía nacional”.

Afirmamos lo anterior por ser el Ejército de EE.UU la fuerza armada más poderosa del planeta, embarcada en verdaderas masacres recientemente perpetradas en Irak o Afganistán bajo el pretexto de la “guerra contra el terrorismo”; o en décadas anteriores, en “defensa de la democracia y la libertad” con la invasión a Vietnam, Corea e incluso con el intervencionismo en nuestros países latinoamericanos por medio del Plan Cóndor, que tenía como fin apoyar a las dictaduras de la región alineadas con Washington en la “lucha contra el comunismo”.

Es necesaria una campaña democrática: contra el ingreso de las tropas yanquis, contra el fortalecimiento represivo del régimen costarricense, y en defensa de las libertades democráticas más elementales

En 2010, frente a la aprobación del ingreso de barcos de guerra, desde la LRS impulsamos el “comité por la expulsión de las tropas” de EE.UU., junto a activistas independientes y otras agrupaciones. En ese momento hicimos numerosas reuniones, videoforos, así como pintadas y pegada de cientos de afiches en la UCR y otras universidades públicas. La limitante en aquel momento consistió esencialmente en que fue una campaña impulsada prácticamente en solitario por nuestro grupo, en el marco de la pasividad y la rutina electoral de la mayoría de agrupaciones de “izquierda”.

Ante lo anterior somos partidarios de construir comités obreros o estudiantiles por la expulsión de las tropas de EE.UU., desde los centros de trabajo, sindicatos, así como Universidades; que se dirijan a la movilización para expulsar al Ejército más sangriento de todos los tiempos de nuestras costas, así como para defender nuestros derechos democráticos más elementales, como el de la libertad de expresión, movilización, o denuncia de altos funcionarios públicos; todos puestos en riesgo por el régimen político de Chinchilla, que busca cubrirle la espalda a su gobierno frente a los abundantes fracasos descubiertos en esta primera etapa de administración.

En ese sentido, hacemos un llamado a los compañeros del PT, PRT, y demás organizaciones que se reivindican revolucionarias; a que impulsemos  en primera fila y de forma conjunta una gran campaña en contra de la militarización, el fortalecimiento del aparato represivo y el creciente recorte de libertades democráticas básicas, cada vez más amenazadas por la política represiva del gobierno.

Sobre la represión de la huelga portuaria y la política de la izquierda hacia los cuerpos represivos


Por David Torres

Hace ya varias semanas los trabajadores portuarios de Limón llevaron a cabo una huelga que incluyó la paralización y toma de los muelles,  generando una importante resonancia en la provincia, mostrada en los numerosos bloqueos y barricadas que grupos de jóvenes y pobladores realizaron en distintos puntos.

Transcurrido apenas un día de lucha, en el marco de un gran operativo, más de 500 policías encabezados por la DIS tomaron los muelles y se encargaron de reprimir las protestas de los siguientes días, tal como ocurrió en la comunidad Pocora; en donde los vecinos se habían levantado en contra del aumento de más de 50% en sus tarifas del agua.

Con estos hechos, la represión se llevó a cabo a nueva escala, planteando un peligroso precedente ante acciones como las tomas  y los bloqueos; por lo cual creemos que más allá de la política conciliadora de la burocracia de SINTRAJAP que entregó la lucha (apenas un día después de la ocupación de los muelles), la huelga de los trabajadores portuarios plantea la necesidad de reflexionar sobre la represión y la política planteada desde los grupos que se reivindican de la izquierda trotskista, concretamente el PT que dirige la FEUCR  y el PRT que tiene presencia en la dirección del SINDEU.

Algunos aspectos tácticos…

A casi una semana de iniciada la huelga, desde la FEUCR se convocó a una reunión para coordinar acciones de solidaridad con la lucha en los muelles; lo que si bien fue algo bastante positivo en sí mismo, terminó siendo limitado ya que no resultó en acuerdos que rompieran con la dinámica de pasividad e indiferencia en la principal Universidad del país ante la represión perpetrada por el gobierno en Limón.

Desde la LRS propusimos iniciar una convocatoria a lo interno de la universidad que fuera sostenida en primer lugar por la FEUCR en conjunto con el SINDEU con el objetivo de movilizar compañeros a Limón como forma de solidaridad ante la creciente represión. Lo que llama la atención es que más allá de los aspectos logísticos o tácticos que puedan discutirse, se generó una abierta negativa de parte de algunos miembros de la dirección del PT (que se hicieron presentes en el local de la Federación) y un abierto silencio en los militantes del PRT presentes, aun teniendo ya  varios días de iniciada la represión y sin la certeza de que fuera a cerrarse la lucha ya que más bien tendían a multiplicarse las acciones callejeras.

Más allá de que una pequeña delegación de “dirigentes” viajara a Limón días antes de esta reunión para dar un apoyo “simbólico”, o más allá de que varios militantes participaran de un piquete en solidaridad con la lucha en el Caribe, ninguno de estos grupos aprovechó de forma mínima sus posiciones en los aparatos mencionados para impulsar un gran despliegue (convocatoria, propaganda, etc.) en solidaridad con los trabajadores muelleros, que sirviera para evidenciar y denunciar la represión y el fortalecimiento de los cuerpos represivos que ha venido impulsando el gobierno desde hace meses.

Ni siquiera en los comunicados que circularon[1] se hace una condena expresa de la policía o se menciona una palabra sobre el rol que cumple dentro de la institucionalidad burguesa, y esto creemos no es ningún descuido u olvido casual. 

… derivados de una concepción estratégica

La indiferencia sobre este tema creemos que responde a una concepción estratégica de ambos grupos acerca de lo que realmente representan los cuerpos represivos; posiciones que posiblemente las respectivas direcciones ocultan o evaden discutir seriamente con compañeros honestos que militan en estas organizaciones. Este procedimiento, creemos que lo hacen porque a pesar de hablar en nombre del trotskismo, las posiciones de estos grupos respecto a la policía, poco o nada tienen que ver con el propio Trotsky.

Hace ya varios meses discutíamos con el PRT acerca de su peligrosa política de buscar “construirse” en el plano sindical dentro de la policía, como si de un sector de trabajadores se tratara y llegando al extremo de introducir policías en reuniones del movimiento obrero y popular[2]. Esta orientación los ha llevado a impulsar el SIPO, sindicato que agrupan dentro de la “clasista” CGT, y desde el cual se clama por mejores “condiciones de trabajo” para los “compañeros” represores, lo cual perfectamente puede abarcar desde armas y equipo para la represión, hasta campos de entrenamiento y capacitación profesionalizada, como la que hoy recibe la policía por parte de los carabineros chilenos, hijos de la dictadura de Pinochet y piezas clave en la represión de la gran lucha estudiantil del año pasado.
Sin embargo hay que reconocer que la orientación del PRT es consecuente con la de la corriente internacional de la cual son simpatizantes: la LIT; cuyo principal grupo (el PSTU de Brasil) impulsa dentro de CONLUTAS la convivencia de trabajadores con los mismos policías que hoy realizan prácticamente un genocidio de la juventud negra en las favelas brasileñas bajo el amparo de la ya harto conocida política de “lucha contra el narcotráfico”.

De hecho en los primeros meses del año en Brasil el PSTU acompañó las “huelgas” policiales de Bahía y Río de Janeiro, en la que el mismo cuerpo policial que había reprimido la ocupación de Pinheirinho salía a exigir aumentos salariales.  Contra esta política reaccionaria polemizaban hace pocos meses nuestros compañeros de la LER-QI de Brasil[3], retomando la caracterización marxista sobre el carácter de la policía y los cuerpos represivos, una  institución cuya función no es otra que reprimir a la clase trabajadora en aras de defender la propiedad privada de la burguesía y su régimen.

El PT precisamente es la sección reconocida por la LIT en el país, de lo cual puede deducirse por qué evitan denunciar el carácter de la policía dentro del régimen burgués aunque sea de paso, al tiempo que eluden enfrentar  consecuentemente a los represores en situaciones como la de Limón (organizando grandes campañas en las universidades por ejemplo), pues esto implicaría entrar en choque con los “trabajadores” que su corriente internacional acuerpa y defiende en los hechos, partiendo de una concepción completamente alejada de las lecciones transmitidas por Trotsky,  luego de años de luchas desde las trincheras del marxismo revolucionario.


Una discusión que no se puede dejar pasar ante el creciente endurecimiento represivo del régimen

No se trata de discutir sobre la represión del gobierno en Limón como un hecho aislado, sino en el marco de una política de fortalecimiento de la policía y los cuerpos represivos,  sostenida por parte del gobierno desde hace meses, y que ha tenido su expresión también en la represión sufrida por los campesinos pobres de Medio Queso o los mismos vendedores ambulantes a manos de Johnny Araya en San José; pero que más allá del escenario nacional es parte de una orientación preventiva de los distintos gobiernos y empresarios a nivel mundial ante la posibilidad de un ascenso de la lucha de clases.

Las nuevas leyes represivas impulsadas por Chinchilla y su gabinete que amenazan libertades básicas elementales, apuntan a un endurecimiento creciente del régimen precisamente cuando los planes de ajuste y los recortes presupuestarios por los que claman los empresarios para el sector público se combinan con los anuncios de desaceleración de la economía al calor de la crisis capitalista mundial, de los que ya se desprenden nuevas amenazas de despidos y medidas antiobreras sobre los trabajadores del sector privado.

De esto deriva la necesidad que quienes nos reivindicamos trotskistas sostengamos una política consecuente anclada en los principios más básicos del marxismo y su caracterización del régimen burgués y sus instituciones partiendo de la experiencia histórica; que comience por denunciar la política represiva del gobierno y ponga todos los recursos a su alcance en la defensa de las luchas obreras y populares que muy posiblemente comiencen a desarrollarse en el próximo período.

Invitamos a los compañeros de ambas organizaciones a reflexionar en ese sentido.


[1] En el caso del PRT, ni siquiera publicó una posición propia al respecto sino que se limitó a reproducir un comunicado de la CGT en el que la única denuncia explícita era la de la “actitud antidemocrática del gobierno”, atenuando incluso el papel de la policía “en la capital” por acostumbrar dar aviso antes de desalojar manifestantes (¡!). Como si esto modificara el rol de reprimir cualquier lucha que atente contra los intereses capitalistas.

[2] Brenes, Bryan, “Una polémica necesaria con el PRT sobre la policía y los cuerpos represivos”, ECR Nº17, Octubre del 2010.

[3] Ventura, Leandro, “Debate con la izquierda y el PSTU (LIT) a propósito de las huelgas policiales”, en www.ft-ci.org