domingo, 29 de abril de 2012
sábado, 21 de abril de 2012
Un primer balance sobre el Encuentro Nacional de Estudiantes
miércoles, 18 de abril de 2012
Entre la crisis de los partidos de los empresarios y el incremento de las acciones obreras y populares
Los primeros meses del año 2012 mostraron algunos elementos que apuntan hacia la posible apertura de una nueva situación política a nivel nacional, signada centralmentalmente por la división entre los partidos de los empresarios de un lado y la recomposición de las acciones de los trabajadores y distinto tipo de sectores empobrecidos de otro, lo que da a entender que existen importantes reservas para el desarrollo de nuevas luchas y un nuevo ciclo de lucha de clases a escala nacional.
Lo anterior se reflejó por ejemplo con los numerosos piquetes organizados por los sindicatos docentes del país en repudio del insuficiente aumento salarial de 5 mil colones para los trabajadores del sector público y contra el plan fiscal, las protestas de los vendedores ambulantes en contra de las medidas de la Sala Constitucional que les prohiben su derecho a ganarse la vida en las calles (ante un Estado que no les garantiza empleo digno), o en las acciones de los campesinos pobres de la comunidad de Medio Queso cercana a la frontera con Nicaragua donde desde el año pasado se vienen desarrollando intentos de ocupación de tierras por alrededor de 200 campesinos sin tierra.
Todas estas acciones se combinan con otras que tanto por su masividad como por la “novedad” en sus métodos merecen ser tratadas por aparte. Una de ellas es la importante huelga del 15 de febrero, sostenida por decenas de miles de docentes, trabajadores energéticos y de la salud; o la ocupación del Edificio de la Contraloría General de la República, protagonizada por más de 150 campesinos que exigían la tenencia y el uso de tierras en comunidades como Barra del Colorado, Isla Calero, Talamanca, Sixaola, Manzanillo, y otras.
Si la huelga del 15 de febrero fue importante (entre otras cosas por un acatamiento de más del 70% de docentes del país según el MEP), lo es también la magnitud de la movilización, cercana a 30 mil personas que desembocaron en la Casa Presidencial; lo que la convierte posiblemente en una de las más importantes desde la lucha contra el TLC en 2007.
En todo este contexto y a pesar de que aún no ha golpeado directamente la crisis capitalista internacional, se acelera aún más el desgaste del gobierno de Chinchilla: el PLN es presa de las pugnas internas alrededor de cuál plan de ajuste será más efectivo para descargar el peso del déficit fiscal sobre los hombros de los
asalariados… y como si fuera poco, aumenta la crisis entre los partidos de la Alianza por Costa Rica, sometida a múltiples presiones después de los acuerdos entre la jefatura del PAC (Ottón Solís) y el oficialismo en busca de aprobar los nuevos impuestos, lo que ha dividido también al partido de la “acción ciudadana”.
Lo importante de los elementos expuestos en cuanto a movilizaciones y acciones de protesta, así como respecto a la crisis de los distintos partidos de la burguesía, radica en que se viene acumulando desde hace meses una importante disposición a la lucha en el seno de los trabajadores; mientras se abren importantes brechas en las filas de la clase dominante que pueden y deben ser explotadas en todos sus extremos.
Desde la LRS creemos que es necesario impulsar las más grandes acciones de protesta posibles como las huelgas, las movilizaciones, así como los bloqueos de calles contra el gobierno de Chinchilla, que se dirijan a archivar el Plan Fiscal y derrotar cualquier variante de ajuste. Además de lo anterior es necesario defender y desarrollar todo cuanto sea posible las ocupaciones como la de la Contraloría o de tierras como la de Medio Queso, que lamentablemente en su nuevo capítulo hace unos días terminó en un violento desalojo policial.
En medio de este panorama, se impone también que toda empresa pública o privada que cierre, se declare morosa con la CCSS o despida trabajadores, sea ocupada y puesta bajo control obrero, como lo hicieron los trabajadores de cerámicas Zanón en Argentina durante la gran crisis de 2001 en ese país, o como ya han comenzado a hacerlo los trabajadores en Grecia ante los despidos o los ataques patronales.
Los revolucionarios de la LRS a la vez que llamamos a luchar con estos métodos y este programa para hacerle pagar la crisis a los capitalistas, redoblamos los esfuerzos por poner en pie una organización que esté a la altura de los grandes combates de clase que se avecinan y que avancen hacia la victoria, lo que creemos solo puede darse bajo las banderas del trotskismo, continuador del marxismo revolucionario como estandarte de los obreros y los pobres del mundo durante más de siglo y medio de grandes batallas en contra del capitalismo.
Es necesaria la movilización independiente de los trabajadores para acabar con el plan fiscal y cualquier variante de ajuste capitalista
Por Bryan Brenes
Dos hechos de envergadura determinan al día de hoy la suerte del gobierno de Chinchilla: por un lado la renuncia del Ministro de Hacienda Fernando Herrero, y por otro el rechazo de la Sala Constitucional a lo que desde Casa Presidencial se ha llamado el Plan de Solidaridad Tributaria (o Plan Fiscal) aprobado en primer debate en el Congreso. Uno y otro hecho están fuertemente emparentados: el caso del Plan Fiscal porque en síntesis hace a la estabilidad de la finanzas del régimen; y la renuncia del Ministro Herrero porque tiene relación directa con la estabilidad política de un gobierno que, a poco de finalizar su segundo año de mandato, pareciera desgastarse aceleradamente. Todo lo anterior en el marco de una crisis económica mundial que no da señales de terminar y que más bien pareciera profundizarse amenazando la economía costarricense de conjunto.
Las pruebas de desgaste del gobierno, que constituyen el rasgo central de la situación política son contundentes: para comenzar no solo debió pactar con la jefatura del Partido Acción Ciudadana (PAC)[1] con tal de aprobar en primer debate los nuevos impuestos, sino que bastó que el diario La Nación divulgara una comprometedora lista de Ministros y altos jerarcas del gobierno que no pagaban tributos para que el poder Ejecutivo comenzara a desequilibrarse y a salir del “buen camino” de la discusión parlamentaria, con la resolución de la Sala Constitucional como corolario de las malas noticias para lo que Engels llamaría “la junta de negocios de los capitalistas”, el gobierno.
Un país gobernado por estafadores profesionales
Aunque más adelante vamos a referirnos a las intenciones que motivan a La Nación a cuestionar al gobierno y la posibilidad de crear nuevos impuestos, lo que hay que remarcar es la realidad que ha quedado al descubierto, y es la de un país gobernado por una banda de estafadores profesionales (capitalistas), que poseen las mejores tierras y propiedades
y que ni siquiera llegan a pagar tributos, mientras la mayoría de los trabajadores y la juventud en Costa Rica tienen poco o nada para su futuro y son además los que sostienen las arcas del Estado, lo que aunque no es nuevo, no deja de ser inaceptable.
Algunos ejemplos de lo anterior son por ejemplo el del Ministro de Ambiente y Energía Alejandro Cruz, con más de 15 grandes propiedades desparramadas alrededor del país, declarando valores por metro cuadrado entre 8 y 20 colones mientras el valor real supera los 15 o 20 mil colones. Y es que de lo que estamos hablando no es de propiedades del tamaño de las de un trabajador, sino de grandes latifundios de arriba de 100 mil metros cuadrados; lo que se convierte en una lógica insoportable no solo desde el punto de vista de los grandes volúmenes de evasión fiscal que conlleva sino de la concentración de la tierra y la propiedad. [2]
Otros casos que resaltan son el de Manuel Obregón, Ministro de Cultura -que posee una propiedad de 160 mil metros cuadrados con un valor de 0 colones reportados a Hacienda-, el de Educación, con inmuebles valorados muy por debajo de su precio real, y por supuesto el caso del ex Ministro de Hacienda Herrero; beneficiario de un verdadero torrente de consultorías y contratos por parte del gobierno pagadas con los fondos públicos. En el caso de este señor, durante 16 años no declaró el valor real de sus Casas (mansiones) en Escazú y Pavas, evadiendo el pago de impuestos y concentrando riqueza a manos llenas favorecido con los abundantes recursos públicos absorbidos tanto en “salarios” como en contratos particulares a la empresa que sostenía con su esposa Flor Isabel Rodríguez.
Pero más allá de la estafa a gran escala protagonizada por estos ministros, hay un hecho ineludible, y es que la situación económica en general es bastante frágil. A pesar del relativo crecimiento económico experimentado por la economía costarricense, que se explica casi enteramente por la penetración de inversión extranjera directa, la situación estructural de Costa Rica ha llegado a un punto que puede ser cada vez más explosivo en su relación dinámica con la economía mundial; de la que es apenas uno de sus eslabones débiles. Es decir que si la recesión se profundiza en EE.UU., posiblemente disminuirá la recaudación por exportaciones, importaciones, además de los empleos que se sostienen por la relación con los capitales imperialistas.[3]
Es por lo anterior que no puede esperarse que el gobierno y la oposición burguesa se queden de brazos cruzados ante el rechazo del Plan Fiscal por la Sala Constitucional. Al contrario, aunque ni Chinchilla ni sus ministros quieren hablar de Plan B, es muy probable que ante la imposibilidad de crear nuevos tributos, intenten pasar a la ofensiva contra los trabajadores con planes de austeridad aún más virulentos, que involucrarían recortes presupuestarios, reformas laborales y despidos en el sector público y privado. Ese por lo menos es el segundo plan que ya ha dejado entrever La Nación, y que quería evitar Chinchilla apostando por un programa de ajuste de “baja intensidad”.
Entre los planes de ajuste de “baja intensidad” y la posibilidad de ajustes “a la europea” en Costa Rica
Hemos dicho que La Nación, vocero de un sector opuesto a la creación de nuevos impuestos tiene sus intereses particulares en el cuestionamiento de un eje concreto del programa de gobierno. Los intereses al parecer tienen que ver con un sector del empresariado que apuesta a que la crisis sea pagada íntegramente por los trabajadores públicos, y se niega a su vez a “medio financiar” al Estado para que éste pueda cumplir con sus gastos corrientes, y a su vez, seguir abasteciendo de recursos frescos a los “sectores productivos”.
No debe olvidarse que desde un flanco todavía más a la derecha, criticando la administración de Chinchilla los editorialistas de La Nación señalaron hace unos meses que, “a pesar de su retórica, el Gobierno –sin excepción– no ha querido practicar una verdadera reforma del Estado, como sí lo han hecho otros países cuya situación fiscal se ha hecho inmanejable, incluyendo Grecia, España e Italia, donde se recortó el empleo público y redujeron los salarios de los servidores para compensar años de expansión real que no se correspondía con los verdaderos recursos disponibles”, a consecuencia de los “altos salarios” de los trabajadores del sector público o la inversión social. Pero no solo esto, sino que de seguido este diario reclama que “El Ministerio de Hacienda ha dicho que no piensa tocar salarios ni el empleo actual en el sector público”,[4] instándolo con vehemencia a seguir el ejemplo de Grecia y de otros países donde se vienen aplicando medidas dramáticas de ajuste en contra de la clase obrera.
A no ser de que se presente la difícil eventualidad de que el gobierno apueste a establecer un impuesto progresivo a los grandes empresarios, a las zonas francas y a los capitales extranjeros para poder seguir financiando el Estado; se verá cada vez más obligado a los recortes presupuestarios y ajustes de una elevada intensidad para poder sostener los gastos corrientes y el financiamiento de “los sectores productivos”, de los empresarios.
Por eso hoy no es nada recomendable dedicarse a celebrar el fallo de la Sala Constitucional, sino que es necesario organizarse para enfrentar cualquier variable de ajuste y que la crisis en curso la paguen los capitalistas y sus representantes del gobierno.
Desde la LRS llamamos a movilizarnos trabajadores y estudiantes -independientemente de los bandos capitalistas en pugna- para archivar definitivamente el Plan Fiscal, en la perspectiva de enfrentar cualquier variante de ajuste, sea este por medio de impuestos, de alzas tarifarias o por medio de una “reforma del Estado” con ajustes a la europea, como puede verse ya en el ejemplo de Grecia, el Estado Español, Italia y en otros países donde la amenaza de bancarrota económica provocada por los banqueros, industriales y terratenientes se ha hecho permanente.
La lucha económica anterior, debe combinarse con la imposición de impuestos progresivos a los grandes capitalistas y al capital imperialista, sin descuidar la preparación de la nacionalización de todas las tierras de manera que sea posible poner todos los grandes latifundios y propiedades al servicio de los trabajadores, los campesinos pobres, y los miles de jóvenes condenados a no tener vivienda en este sistema basado en la explotación.
[1] El Financiero. 15/4/2012.
[2] La Nación. 23/3/2012.
[3] El Financiero. 15/4/2012.
[4] La Nación. 9/1/2012.
La quiebra de Datascension: Uno de los primeros signos del nuevo panorama económico
Por Carlos Artavia y Johanán León
A primera vista en enero pasado parecía que la alarmante noticia sobre la declaratoria de quiebra de la multinacional Datascension, engañosamente fuera cuestión del azar. Los encargados de dicha empresa en el país se limitaron a responder que existían negociaciones con la firma CustomerSpeak que pretendía comprar la operación de Datascension en Costa Rica, así como asumir su deuda con la CCSS, dando a entender que todo seguiría con normalidad.
Sin embargo, lo cierto es que Datascencion es parte de las multinacionales de capital estadounidense que siguen siendo afectadas por la sostenida crisis financiera mundial, lo que se refleja en la incertidumbre laboral de una gran masa de trabajadores frente a sus condiciones materiales, quienes quedan a merced de la negociaciones en las altas esferas multinacionales que tienen garantizada la posibilidad de escapar de los países en los que tantas promesas hicieron.
En este caso tal como publicó la Prensa Libre el 21/1/2012, Datascension “podría dejar en desamparo a 1.400 empleados”, esto no sólo al no estar garantizada la compra de dicha empresa por la firma CustomerSpeak , sino que incluso de concretarse, no se puede tener garantía de que no hayan despidos en los siguientes meses, más aun teniendo en cuenta que se trata del mismo tipo de negocio que precisamente ya ha venido siendo golpeado por los efectos de la crisis.
A la declaratoria de quiebra, se suma la exagerada deuda con la CCSS por más de ¢1.264 millones, que demuestran la inestabilidad e impunidad con que empresas multinacionales como el ya mencionado call center operan en Costa Rica, donde por años se ha incentivado la confianza creciente en las multinacionales y en especial en los call centers como generadores de empleo; en ese sentido desde los distintos gobiernos se han sostenido estrategias económicas que colocan como prioridad a las IED (inversiones extranjeras directas) así como la defensa de las zonas francas provocando la consecuente vulnerabilidad y dependencia económica, y por otro lado la flexibilización laboral que han traído consigo mecanismos como el TLC con Estados Unidos.
En ese sentido, vale mencionar que detrás de los descuentos de hasta 70% en las líneas Levi´s y Dockers en febrero pasado, estaba el cierre de sus 13 tiendas en el país, a raíz de la culminación de relaciones que tuvo LS&Co., casa matriz de Levi’s y Dockers, con la firma Cimer encargada de la región centroamericana. Más allá de las promesas de los empresarios de Cimer de sostener agresivamente las marcas Lee y Van Hausen, no existe una certidumbre en la situación de empleo y condiciones laborales de los trabajadores, que vuelven a estar a la merced de los intereses de accionistas y los vaivenes del mercado; más aun teniendo en cuenta que ya a finales del 2010 Cimer había efectuado el cierre de su planta manufacturera en Cartago.
Por si esto fuera poco, Correos de Costa Rica, con una situación económica crecientemente adversa, se había venido apoyando centralmente en los servicios brindados a instituciones públicas como por ejemplo el ICE, cuestión que hoy se choca con los crecientes recortes de presupuestos y planes de “austeridad” impulsados desde el gobierno, siendo el detonante principal para que esté comenzando a llevarse adelante un proceso de “reestructuración” que incluye algunos despidos que ya se realizan de forma inicial, pero que en el siguiente período se complementarían incluso con el cierre de varias sucursales, como indicó el gerente Alvaro Goñi en un reportaje publicado en La Nación 1.
La crisis capitalista durante el 2008 y el nuevo escenario económico
La profundización en Estados Unidos de la crisis capitalista tuvo un gran impacto en la economía costarricense principalmente durante el 2008 y ese fue el escenario en el que ocurrió la huida patronal en Domino´s Pizza, una empresa que de la noche a la mañana terminó con sus operaciones y dejó en la calle a más de 150 trabajadores.
Al mismo tiempo, en este contexto, al calor de la amenaza de despidos, se dio la lucha de los trabajadores de la cartonera Envaco en Limón, una fábrica que produce para las transnacionales exportadoras de banano, también afectadas por la crisis; donde ante la amenaza de despidos se generó una importante respuesta por parte de los trabajadores.
Por su lado, el gobierno de Arias puso en marcha el Plan Escudo, que entre otras medidas incluía créditos a tasas bajísimas para el empresariado por los $119 millones que constituían el superávit fiscal en ese momento; pero que sobre todo garantizaba en el sector privado la flexibilización y suspensión de las jornadas de trabajo, al tiempo que amparaba el congelamiento de salarios, todas cuestiones que de la mano de cientos de despidos se mantuvieron en los meses siguientes.
Casi 4 años después, en el plano internacional la crisis no ha hecho más que profundizarse mientras los márgenes de maniobra de los estados se han acortado por el creciente endeudamiento. En el caso de Costa Rica, en contraste con el del 2008, hay un nuevo escenario en el que lo que impera es un profundo déficit fiscal y resultados económicos bastante frágiles que se amparan en la relativa estabilidad que por ahora hay en Estados Unidos, cuya economía se encuentra expuesta no sólo a las vulnerabilidades y contradicciones internas sino también al agravamiento de la crisis en los países Europeos; esta es la base de la “austeridad” y los recortes presupuestarios que iniciaron en el sector público, y que están amenazando crecientemente aspectos tan elementales como la salud y la educación pública.
Situaciones como la de Datascension y Cimer S.A., y más recientemente la de Correos de Costa Rica, son primeras alarmas que plantean la necesidad de que desde el sector estudiantil nos preparemos para rodear de solidaridad toda lucha en contra de despidos, recortes salariales y cualquier tipo de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores y sectores empobrecidos.
1 Correos amplía servicios para sobrevivir a la caída de cartas, La Nación, 17 de Febrero de 2012.
Algunos apuntes sobre la crisis política en la UCR
El inicio de este curso lectivo en la UCR ha estado particularmente marcado por una aguda crisis política que lamentablemente continúa alimentando el clima de parálisis y desmovilización en el movimiento estudiantil.
Esto se reflejó por ejemplo en la pasada Semana de Bienvenida, que comparada con las realizadas en los últimos años, este 2012 estuvo totalmente despolitizada, más aún en medio de un contexto de recortes presupuestarios por parte del gobierno que no han tardado en reflejarse dentro de las universidades públicas centralmente en las becas y los problemas con cupos y cursos.
Más allá que desde la FEUCR los compañeros del MAS impulsaron parcialmente una asamblea por los problemas de cupos, todo el inicio de clases se desaprovechó para abordar y fomentar el debate sobre los problemas de fondo que hoy pasan centralmente por la política de “austeridad” del gobierno (recortes) y la creciente implementación de políticas como las del Banco Mundial, que despejan la vía para el avance de la privatización de la educación.
En este sentido, por ejemplo cada uno de los principales conciertos realizados podían aprovecharse para arrancar el año politizando a los miles de estudiantes que asistieron cada día, en la perspectiva de iniciar un proceso de organización del movimiento estudiantil para enfrentar los recortes y los nuevos ataques del gobierno sobre la educación pública y las condiciones de vida. Lo mismo ocurrió incluso con la propaganda que terminó siendo funcional pero como mercadeo a bajo costo para empresas como el BCR, Taco Bell, AMPM, entre otros.
Contradictoriamente vimos como la ausencia de una política de este tipo fue sustituida por una cuestionable e inofensiva campaña llamada “Sin tragos al volante”, que inundó de afiches toda la universidad y que la propia Iglesia Católica no hubiese tenido ningún problema en suscribir. No sabemos si es que esto responde a alguna nueva táctica de los compañeros dirigida a algún sector de Alcohólicos Anónimos o algo similar, pero si algo es seguro es que no iba dirigida al grueso de estudiantes que en lugar de preocuparse por el gasto en combustible o mantenimiento de sus vehículos, más bien ven amenazadas las becas con las que costosamente pueden pagas los pasajes de autobús del mes y algunos gastos básicos para continuar estudiando.
Pero a la par de los ataques sobre las condiciones de estudio, la policía universitaria desde el primer día viene ejecutando un nuevo plan cuyo objetivo central es “limpiar” una vez que comienza a oscurecer, todas las zonas verdes y espacios abiertos de la universidad de estudiantes a los que prácticamente vienen dando el trato de delincuentes; instaurando de esta forma prácticamente un toque de queda.
Es preocupante la neutralidad con la que se ha abordado esta situación desde la FEUCR, pues esto es doblemente grave no sólo por traducirse en un recorte de libertades democráticas elementales como el libre tránsito, o inclusive la libertad de reunión, sino porque viene a reproducir dentro del propio campus universitario la política represiva que a nivel internacional y nacional vienen impulsando los distintos gobiernos, y que peligrosamente puede ir legitimando cualquier acción de la policía universitaria, que por cierto mantiene estrechos lazos con los cuerpos represivos del estado.
Con este escenario de fondo, hoy se vuelve aún más urgente impulsar con todo y seriamente la organización del movimiento estudiantil desde cada escuela y facultad con el objetivo de enfrentar tanto los ataques del gobierno y organismos como el Banco Mundial sobre la educación, como para luchar por preservar las libertades democráticas más básicas dentro de las universidades.
Por eso es clave que el Encuentro Nacional de Estudiantes sirva para dar en términos reales los primeros pasos en cuanto a organización y articulación del movimiento estudiantil, y en ese sentido salir con acuerdos dirigidos a iniciar la lucha contra los recortes de presupuesto y los efectos de la crisis dentro de las universidades, así como porque el plan fiscal sea archivado definitivamente y salgamos a enfrentar cualquier otra variante que incluya impuestos y aumentos de precios; y que así no sea simplemente utilizado como mecanismo para oxigenar y recomponer el aparato federativo en una perspectiva electoral.