Por Brayan Brenes
En Clave Revolucionaria N°7, enero- febrero de 2008Después del 7 de octubre, la burguesía y el imperialismo buscan contraatacar al movimiento de masas costarricense.
Como era de esperarse con un triunfo del “Sí” al TLC el 7 de octubre del año pasado en el Referéndum, la burguesía intenta incesantemente la manera de pasar al contraataque sobre el movimiento de masas. La burguesía ahora busca, en colaboración con el imperialismo norteamericano; la forma de dotarse de un mayor arsenal de armas legales para combatir la lucha obrera y popular y la movilización en las calles. El 22 de octubre (a penas dos semanas después del Referendo) sonaron las primeras sirenas de alerta para el movimiento de masas, pues el periódico empresarial La Nación anunció que Costa Rica corría el riesgo de ser expulsado de la Red Internacional de Lucha contra el Terrorismo “de no tipificar como delito esa actividad”[1]. Según La Nación, las siguientes actividades serían penadas como terrorismo y bajo los cargos de:
- “Rebelión: Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren en número de 10 o más para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos.
- Conspiración: Será reprimido con prisión de uno a cinco años el que tomare parte de una conspiración para cometer el delito de rebelión.
- Seducción de fuerzas de seguridad: El que sedujere fuerzas de seguridad o usurpare el mando de ellas para cometer una rebelión o un motín será reprimido con la mitad de la pena del delito que trataba de perpetrar. "[2]
Para esta Ley seríamos terroristas por ejemplo las cientos de miles de personas que marchamos contra la aprobación del TLC en el Parlamento en febrero de 2007, o quienes nos concentramos por cientos de miles el 30 de septiembre del año pasado en el Paseo Colón; o quienes participamos activamente en la lucha contra la aprobación del combo del ICE en el 2000, al impedir la ejecución de una Ley aprobada en la Asamblea Legislativa (AL) inclusive. Según la Ley Antiterrorista, seríamos acusados bajo el cargo de “conspiración” quienes nos reunamos en un local sindical, en una fábrica, en un colegio o en la universidad para planear alguna movilización “en número de 10 o más” contra la aprobación o ejecución de una de las tantas Leyes antiobreras y antipopulares aprobadas en la AL. Esto sólo por mencionar algunos breves ejemplos.
En realidad la burguesía trata de pasar a la ofensiva, buscando colocarle un freno legal a la lucha de las masas, a sus organizaciones, a sus reuniones y al conjunto de sus actividades.
Ley Antiterrorista proimperialista fue aprobada ya en Argentina y algunos países de Centroamérica.
Ni el momento político para los esfuerzos por aprobar esta Ley, ni la iniciativa misma son de extrañar; pues ya en algunos países de Centroamérica la Ley se ha aprobado con la excusa de combatir a las “maras” y a la “delincuencia organizada”. Por otra parte en Argentina, el 6 de junio de 2007 fue aprobada esta Ley, en un acuerdo entre George Bush y el “progresivo” Néstor Kirchner; y tal y como lo denunciaron en Argentina los compañeros del PTS, esta Ley: “(…) se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista. [Que] tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como "terroristas".”[3] Pero ni aunque el momento ni la iniciativa misma extrañan, lo que sí es urgente es luchar contra ella.
La burguesía costarricense aprovecha únicamente un instante de relativo reflujo en el movimiento político de los trabajadores y bastos sectores del pueblo pobre (que de manera escalonada durante cuatro años, enfrentaron la aprobación del TLC y al gobierno mediante el método de las movilizaciones en las calles) para propinar este importante golpe. El imperialismo norteamericano y la burguesía costarricense buscan sellar un pacto que abre aún más las puertas para reprimir y neutralizar al movimiento de masas, como ya lo viene intentando hacer políticamente de distintas formas Estados Unidos desde los atentados a las torres gemelas (en alianza con las burguesías nativas) en distintos países a nivel mundial.
Calculadamente, la burguesía quiere aprobar la Ley diluida en un cóctel.
En las primeras semanas de enero, la burguesía ha desarrollado una campaña sostenida desde Teletica Canal 7 y Repretel[4] (las dos cadenas televisivas más importantes del país) sobre la necesidad de crear más leyes para combatir "el hampa" y la "delincuencia". Noticias masivas de asesinatos, bajonazos, robo de viviendas; y otras informaciones de impacto, han sido transmitidas con abundancia. Micro-documentales de investigación sobre la tacha, los "bajonazos", y el robo a viviendas, han sido la línea editorial central de la burguesía a través de los medios de comunicación.
El miércoles 9 de enero, se reunieron las más altas autoridades de los cuerpos represivos del gobierno (OIJ, MSP, Ministerio Público y otros) conjuntamente con el Presidente Óscar Arias; y aprobaron, no sólo unificar todas las leyes represivas posibles[5] en una sola iniciativa (para evitar complicaciones en el Parlamento), sino dotar de un presupuesto extraordinario a la Fuerza Pública y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una seña de que la burguesía y su gobierno se preparan para propinarle duros golpes al pueblo pobre, y especialmente al movimiento de masas (no precisamente al hampa y a la delincuencia como han querido hacer creer).
La burguesía, conciente de las complicaciones (y falta de tiempo) para aprobar una por una las leyes en la Asamblea, ha definido enviarlas unificadamente mediante una sola Ley; y para rematar, con todas las fracciones legislativas (incluido José Merino del FA, Óscar López del PASE y todo el PAC) a favor.[6]
La Ley Anti-terrorista y el fortalecimiento del aparato represivo, constituyen un gran peligro para el movimiento de masas, y debe pasar a ser denunciado de manera urgente por las principales organizaciones obreras y de la izquierda revolucionaria, por los sindicatos, por las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, comités patrióticos, y todas las fuerzas obreras y populares posibles. De lo contrario seremos salvajemente reprimidos y perseguidos, nuestras reuniones serán suspendidas, nuestro derecho a la lucha y a la protesta violado y anulado; y se reducirá de manera importante nuestro potencial de lucha.
Llamamos a todas las fuerzas de la izquierda obrera y socialista a que luchemos juntos en contra de esta tenebrosa Ley.
Como era de esperarse con un triunfo del “Sí” al TLC el 7 de octubre del año pasado en el Referéndum, la burguesía intenta incesantemente la manera de pasar al contraataque sobre el movimiento de masas. La burguesía ahora busca, en colaboración con el imperialismo norteamericano; la forma de dotarse de un mayor arsenal de armas legales para combatir la lucha obrera y popular y la movilización en las calles. El 22 de octubre (a penas dos semanas después del Referendo) sonaron las primeras sirenas de alerta para el movimiento de masas, pues el periódico empresarial La Nación anunció que Costa Rica corría el riesgo de ser expulsado de la Red Internacional de Lucha contra el Terrorismo “de no tipificar como delito esa actividad”[1]. Según La Nación, las siguientes actividades serían penadas como terrorismo y bajo los cargos de:
- “Rebelión: Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren en número de 10 o más para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos.
- Conspiración: Será reprimido con prisión de uno a cinco años el que tomare parte de una conspiración para cometer el delito de rebelión.
- Seducción de fuerzas de seguridad: El que sedujere fuerzas de seguridad o usurpare el mando de ellas para cometer una rebelión o un motín será reprimido con la mitad de la pena del delito que trataba de perpetrar. "[2]
Para esta Ley seríamos terroristas por ejemplo las cientos de miles de personas que marchamos contra la aprobación del TLC en el Parlamento en febrero de 2007, o quienes nos concentramos por cientos de miles el 30 de septiembre del año pasado en el Paseo Colón; o quienes participamos activamente en la lucha contra la aprobación del combo del ICE en el 2000, al impedir la ejecución de una Ley aprobada en la Asamblea Legislativa (AL) inclusive. Según la Ley Antiterrorista, seríamos acusados bajo el cargo de “conspiración” quienes nos reunamos en un local sindical, en una fábrica, en un colegio o en la universidad para planear alguna movilización “en número de 10 o más” contra la aprobación o ejecución de una de las tantas Leyes antiobreras y antipopulares aprobadas en la AL. Esto sólo por mencionar algunos breves ejemplos.
En realidad la burguesía trata de pasar a la ofensiva, buscando colocarle un freno legal a la lucha de las masas, a sus organizaciones, a sus reuniones y al conjunto de sus actividades.
Ley Antiterrorista proimperialista fue aprobada ya en Argentina y algunos países de Centroamérica.
Ni el momento político para los esfuerzos por aprobar esta Ley, ni la iniciativa misma son de extrañar; pues ya en algunos países de Centroamérica la Ley se ha aprobado con la excusa de combatir a las “maras” y a la “delincuencia organizada”. Por otra parte en Argentina, el 6 de junio de 2007 fue aprobada esta Ley, en un acuerdo entre George Bush y el “progresivo” Néstor Kirchner; y tal y como lo denunciaron en Argentina los compañeros del PTS, esta Ley: “(…) se enmarca dentro de la doctrina jurídica más retrograda y fascista. [Que] tiene como objetivo extender el poder de represión a través de una herramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales, de inteligencia, jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para con los que luchan y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedar enmarcadas como "terroristas".”[3] Pero ni aunque el momento ni la iniciativa misma extrañan, lo que sí es urgente es luchar contra ella.
La burguesía costarricense aprovecha únicamente un instante de relativo reflujo en el movimiento político de los trabajadores y bastos sectores del pueblo pobre (que de manera escalonada durante cuatro años, enfrentaron la aprobación del TLC y al gobierno mediante el método de las movilizaciones en las calles) para propinar este importante golpe. El imperialismo norteamericano y la burguesía costarricense buscan sellar un pacto que abre aún más las puertas para reprimir y neutralizar al movimiento de masas, como ya lo viene intentando hacer políticamente de distintas formas Estados Unidos desde los atentados a las torres gemelas (en alianza con las burguesías nativas) en distintos países a nivel mundial.
Calculadamente, la burguesía quiere aprobar la Ley diluida en un cóctel.
En las primeras semanas de enero, la burguesía ha desarrollado una campaña sostenida desde Teletica Canal 7 y Repretel[4] (las dos cadenas televisivas más importantes del país) sobre la necesidad de crear más leyes para combatir "el hampa" y la "delincuencia". Noticias masivas de asesinatos, bajonazos, robo de viviendas; y otras informaciones de impacto, han sido transmitidas con abundancia. Micro-documentales de investigación sobre la tacha, los "bajonazos", y el robo a viviendas, han sido la línea editorial central de la burguesía a través de los medios de comunicación.
El miércoles 9 de enero, se reunieron las más altas autoridades de los cuerpos represivos del gobierno (OIJ, MSP, Ministerio Público y otros) conjuntamente con el Presidente Óscar Arias; y aprobaron, no sólo unificar todas las leyes represivas posibles[5] en una sola iniciativa (para evitar complicaciones en el Parlamento), sino dotar de un presupuesto extraordinario a la Fuerza Pública y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una seña de que la burguesía y su gobierno se preparan para propinarle duros golpes al pueblo pobre, y especialmente al movimiento de masas (no precisamente al hampa y a la delincuencia como han querido hacer creer).
La burguesía, conciente de las complicaciones (y falta de tiempo) para aprobar una por una las leyes en la Asamblea, ha definido enviarlas unificadamente mediante una sola Ley; y para rematar, con todas las fracciones legislativas (incluido José Merino del FA, Óscar López del PASE y todo el PAC) a favor.[6]
La Ley Anti-terrorista y el fortalecimiento del aparato represivo, constituyen un gran peligro para el movimiento de masas, y debe pasar a ser denunciado de manera urgente por las principales organizaciones obreras y de la izquierda revolucionaria, por los sindicatos, por las organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, comités patrióticos, y todas las fuerzas obreras y populares posibles. De lo contrario seremos salvajemente reprimidos y perseguidos, nuestras reuniones serán suspendidas, nuestro derecho a la lucha y a la protesta violado y anulado; y se reducirá de manera importante nuestro potencial de lucha.
Llamamos a todas las fuerzas de la izquierda obrera y socialista a que luchemos juntos en contra de esta tenebrosa Ley.
[1] La Nación. Lunes 22 de octubre de 2007. http://www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/22/sucesos1284452.html
[2] Ídem.
[3] Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Argentina. Encuentro memoria, verdad y justicia. Lunes 13 de junio de 2007. http://www.pts.org.ar/spip.php?article7271
[4] Las dos cadenas televisivas más importantes del país. Repretel: capital mexicano, y Televisora de Costa Rica (Teletica Canal 7) de capital nacional.
[5] Entre estas Leyes, van combinadas algunas reformas al Código Penal. Entre las Leyes, se ubican la de “Protección a víctimas y testigos”, “autorización para intervenciones y escuchas telefónicas”, y la “Ley Antiterrorista”.
[6] Esta situación, deja muy mal parado al Frente Amplio (FA), a José Merino y otras fuerzas políticas; que no se han colocado como defensoras del pueblo pobre y explotado costarricense, sino del lado de mayores potestades para que los poderosos en Costa Rica tengan mayores garantías para continuar con su explotación. Incluso, el Semanario Universidad –muy vinculado al FA y a las distintas variantes del reformismo, y además “campeón” de la lucha contra el TLC- se quejó en una entrevista con el Fiscal General Francisco D’ Allanese de la falta de inversión en seguridad y los “bajos salarios” de los policías costarricenses. Semanario Universidad N°1740, 5 de diciembre de 2007. P, 5.
