Por Bryan Brenes y Johanán León
Las movilizaciones organizadas por los empresarios agroindustriales, los de la educación privada, así como los de las propias zonas francas[1] “contra” los impuestos del Plan Fiscal durante los últimos meses, anunciaron de forma incipiente el programa que los distintos sectores burgueses preparan para descargar la crisis económica sobre los hombros de los asalariados y sectores empobrecidos de Costa Rica.
Es que los empresarios, utilizando como carne de cañón a transportistas independientes, estudiantes, así como trabajadores del sector manufacturero, tomaron las calles exigiendo la “no aprobación” del Plan de Solidaridad Tributaria que impulsa el gobierno desde principios de 2011 en el Congreso. Esta oposición de los empresarios[2] no se daba como producto de defender el nivel de vida de la mayoría de la población trabajadora costarricense, ni siquiera de los sectores que ellos mismos ponían en movimiento, sino más bien para evitar que una parte de los nuevos tributos fueran asumidos por los dueños de empresas dedicadas a distintos servicios, afectando con esto su tasa de ganancia.
Contrario al impresionismo de ver a “campesinos”, “estudiantes” o “trabajadores de la maquila” movilizados, pareciera que estas acciones las impulsaron los empresarios con el fin de cubrirse la espalda frente a un muy probable programa consistente en descargar generalizada pero desorganizadamente la crisis económica sobre los trabajadores, con o sin Plan Fiscal. Esta realidad parecen estarla confirmando los sectores que invierten en el campo de la educación, con su anuncio de que aumentarán aproximadamente entre un 4 y 10% el costo de sus matrículas, y con los aumentos que ya se vienen aplicando en algunas universidades privadas; a pesar de no haberse aprobado siquiera los nuevos impuestos, que según ellos, constituirían la causa de un incremento en el costo de sus servicios. Según el diario La Nación, abanderado de uno de los sectores empresariales que se oponen al plan fiscal varias universidades han implementado ya la subida de precios “Por ejemplo, la Universidad Hispanoamericana subió los costos de las materias en un 8%; aumentaron de ¢67.000 a ¢73.000”.
Entre tanto, Pablo Guzmán Stein, rector de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), dijo que el alza ahí ronda el 5%.” Mientras tanto “Otra institución que cobra más es la Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA). Aquí, la matrícula es de ¢53.000 y la tarifa de cada materia quedó en ¢61.000.”[3]
Como puede verse ya los empresarios de la educación se adelantaron en las intenciones de un sector empresarial que apuesta a las alzas tarifarias para capear de alguna forma no tanto la disminución en sus ganancias que provocarían los impuestos, sino la contracción que ya comienza a presentarse en la economía nacional, muy dependiente tanto de Estados Unidos como de Europa para mantener su dinamismo y crecimiento.
Sin embargo este mecanismo no queda restringido a la educación privada, sino que sobretodo impactará directamente en el precio de producto básicos como los alimentos, comenzado por los productos agrícolas, supuestamente por el “incremento en los costos de producción” que significa la puesta en marcha del IVA, que además de incrementar el porcentaje del actual impuesto de ventas, comenzaría a gravar una serie de servicios intermedios actualmente exentos[4], esto sin duda golpearía enormemente sobre las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares[5].
De esta forma el beneficio para los empresarios agroindustriales[6] que producen desde el arroz hasta el azúcar es doble: mientras incrementan sus ganancias con aumentos de precios -detrás de los cuales sería un tanto inocente creer que se encuentran aumentos proporcionales de costos-, pagarán por materias primas y servicios tasas de impuestos preferenciales del 2% [7]. Tras la creciente presión de las cámaras empresariales, los empresarios de la construcción (uno de los más subsidios ha recibido durante los últimos años de parte del gobierno) también tendrán un trato privilegiado en materia tributaria, mediante el que pasarán varios años antes de verse afectados directamente por los nuevos impuestos.
Para rematar, el propio gobierno y sus jerarcas se han hecho eco de esta táctica, y a partir de las directrices de “austeridad” que ha girado Chinchilla, se incentiva el incremento en las tarifas de servicios básicos bajo el supuesto de mantener sanas las finanzas, lo que ya ha dado pie a que instituciones como el ICE -del que el gobierno toma millonarias sumas por la vía fiscal- planeen para este año aumentos abismales por ejemplo en la electricidad.[8]
Con lo anterior tratamos de mostrar que hayan o no impuestos nuevos en la Asamblea, es muy posible que los distintos sectores empresariales apuesten por las alzas tarifarias como forma de descargar su crisis sobre los trabajadores y sectores populares, intentando quedarse con una parte mayor del salario y los ingresos de las capas más empobrecidas.
Las dos razones de fondo parecen ser que, de aprobarse nuevos impuestos, los gastos serían recargados a los consumidores; mientras que si no hay impuestos, entraría en dificultades el Estado para seguir subsidiando a los empresarios como lo ha hecho tranquilamente todos estos años. Lo anterior afectaría las tasas de interés en el crédito (al aumentar las tasas de interés), y amenazaría al sector empresarial, que se quedaría sin la sabia vital de los recursos públicos para estimular sus negocios.
Contrario al impresionismo de ver a “campesinos”, “estudiantes” o “trabajadores de la maquila” movilizados, pareciera que estas acciones las impulsaron los empresarios con el fin de cubrirse la espalda frente a un muy probable programa consistente en descargar generalizada pero desorganizadamente la crisis económica sobre los trabajadores, con o sin Plan Fiscal. Esta realidad parecen estarla confirmando los sectores que invierten en el campo de la educación, con su anuncio de que aumentarán aproximadamente entre un 4 y 10% el costo de sus matrículas, y con los aumentos que ya se vienen aplicando en algunas universidades privadas; a pesar de no haberse aprobado siquiera los nuevos impuestos, que según ellos, constituirían la causa de un incremento en el costo de sus servicios. Según el diario La Nación, abanderado de uno de los sectores empresariales que se oponen al plan fiscal varias universidades han implementado ya la subida de precios “Por ejemplo, la Universidad Hispanoamericana subió los costos de las materias en un 8%; aumentaron de ¢67.000 a ¢73.000”.
Entre tanto, Pablo Guzmán Stein, rector de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), dijo que el alza ahí ronda el 5%.” Mientras tanto “Otra institución que cobra más es la Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA). Aquí, la matrícula es de ¢53.000 y la tarifa de cada materia quedó en ¢61.000.”[3]
Como puede verse ya los empresarios de la educación se adelantaron en las intenciones de un sector empresarial que apuesta a las alzas tarifarias para capear de alguna forma no tanto la disminución en sus ganancias que provocarían los impuestos, sino la contracción que ya comienza a presentarse en la economía nacional, muy dependiente tanto de Estados Unidos como de Europa para mantener su dinamismo y crecimiento.
Sin embargo este mecanismo no queda restringido a la educación privada, sino que sobretodo impactará directamente en el precio de producto básicos como los alimentos, comenzado por los productos agrícolas, supuestamente por el “incremento en los costos de producción” que significa la puesta en marcha del IVA, que además de incrementar el porcentaje del actual impuesto de ventas, comenzaría a gravar una serie de servicios intermedios actualmente exentos[4], esto sin duda golpearía enormemente sobre las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares[5].
De esta forma el beneficio para los empresarios agroindustriales[6] que producen desde el arroz hasta el azúcar es doble: mientras incrementan sus ganancias con aumentos de precios -detrás de los cuales sería un tanto inocente creer que se encuentran aumentos proporcionales de costos-, pagarán por materias primas y servicios tasas de impuestos preferenciales del 2% [7]. Tras la creciente presión de las cámaras empresariales, los empresarios de la construcción (uno de los más subsidios ha recibido durante los últimos años de parte del gobierno) también tendrán un trato privilegiado en materia tributaria, mediante el que pasarán varios años antes de verse afectados directamente por los nuevos impuestos.
Para rematar, el propio gobierno y sus jerarcas se han hecho eco de esta táctica, y a partir de las directrices de “austeridad” que ha girado Chinchilla, se incentiva el incremento en las tarifas de servicios básicos bajo el supuesto de mantener sanas las finanzas, lo que ya ha dado pie a que instituciones como el ICE -del que el gobierno toma millonarias sumas por la vía fiscal- planeen para este año aumentos abismales por ejemplo en la electricidad.[8]
Con lo anterior tratamos de mostrar que hayan o no impuestos nuevos en la Asamblea, es muy posible que los distintos sectores empresariales apuesten por las alzas tarifarias como forma de descargar su crisis sobre los trabajadores y sectores populares, intentando quedarse con una parte mayor del salario y los ingresos de las capas más empobrecidas.
Las dos razones de fondo parecen ser que, de aprobarse nuevos impuestos, los gastos serían recargados a los consumidores; mientras que si no hay impuestos, entraría en dificultades el Estado para seguir subsidiando a los empresarios como lo ha hecho tranquilamente todos estos años. Lo anterior afectaría las tasas de interés en el crédito (al aumentar las tasas de interés), y amenazaría al sector empresarial, que se quedaría sin la sabia vital de los recursos públicos para estimular sus negocios.
Con o sin plan fiscal se vislumbra un escenario “a la Europea” en Costa Rica
Pero los anteriores elementos son solo parte de un escenario más amplio y menos benévolo económica y políticamente, pues ya ciertas esferas burguesas, como la que representa el propio diario La Nación, vienen presionando por un “plan B” ante la parálisis del plan de reforma fiscal en la Sala Constitucional. Los editorialistas de este diario se quejan, ya que para ellos el gobierno “…no ha querido practicar una verdadera reforma del Estado, como sí lo han hecho otros países cuya situación fiscal se ha hecho inmanejable, incluyendo Grecia, España e Italia, donde se recortó el empleo público y redujeron los salarios de los servidores para compensar años de expansión real que no se correspondía con los verdaderos recursos disponibles.”[9]
Aún y con todo lo que significan los recortes de empleo público y salarios (mayor contracción económica y conflictividad social por ejemplo), los redactores de este periódico presionan por ajustes a la europea dentro de las fronteras costarricenses. Estas medidas, aunque inicialmente las exigen como “plan B”, lo cierto es que es muy complicado que no las lleve adelante el gobierno; sobretodo tomando en cuenta que los nuevos impuestos resolverían solo una parte del déficit fiscal y no el problema de conjunto (cerca del 1,8% del PIB respecto al poco más de 5% en que han estimado el déficit del 2010 y 2011), ante lo que el gobierno deberá actuar forzosamente en el sentido de los despidos y los recortes salariales. Y que no quepa duda de que tienen el estómago para intentarlo, pues ya lo llevaron a la práctica durante el 2008 en medio del primer pico de la crisis capitalista, a través de despidos masivos, suspensiones y rebajas salariales, y una variada serie de mecanismos para atacar las condiciones laborales como la flexibilización de las jornadas laborales que incluyó en su momento el llamado Plan Escudo de Arias, únicamente que en el sector privado.
Aún y con todo lo que significan los recortes de empleo público y salarios (mayor contracción económica y conflictividad social por ejemplo), los redactores de este periódico presionan por ajustes a la europea dentro de las fronteras costarricenses. Estas medidas, aunque inicialmente las exigen como “plan B”, lo cierto es que es muy complicado que no las lleve adelante el gobierno; sobretodo tomando en cuenta que los nuevos impuestos resolverían solo una parte del déficit fiscal y no el problema de conjunto (cerca del 1,8% del PIB respecto al poco más de 5% en que han estimado el déficit del 2010 y 2011), ante lo que el gobierno deberá actuar forzosamente en el sentido de los despidos y los recortes salariales. Y que no quepa duda de que tienen el estómago para intentarlo, pues ya lo llevaron a la práctica durante el 2008 en medio del primer pico de la crisis capitalista, a través de despidos masivos, suspensiones y rebajas salariales, y una variada serie de mecanismos para atacar las condiciones laborales como la flexibilización de las jornadas laborales que incluyó en su momento el llamado Plan Escudo de Arias, únicamente que en el sector privado.
La necesidad de una política de independencia de clase para que la crisis la paguen los capitalistas
En medio de este panorama, sin duda sigue teniendo gran importancia la lucha por tirar abajo el plan fiscal, pero confiar en el espejismo de que esta acaba con lo que defina la Sala IV si bien sería esperable desde la perspectiva de un parlamentario o algún escéptico de la movilización, se traduciría en un gran favor para el conjunto de los empresarios al neutralizar cualquier intento organización y movilización popular serio.
Por otro lado, sería criminal e inviable pretender llevar esta lucha adelante restringida al Plan Fiscal en sí, dejando de lado y para otro momento la movilización contra los aumentos de precios (incluidos los alimentos, servicios públicos como la electricidad, los transportes, entre otros), los ajustes y recortes en el sector público, y sobre todo los despidos y cualquier ataque a las condiciones de trabajo en las empresas privadas, donde se agrupa el grueso de la clase trabajadora; lo cual abriría enormes posibilidades de sumar aliados y ampliar cada vez más la lucha contra los planes del gobierno y el empresariado.
Por esto creemos que la única forma de impulsar efectivamente una lucha bajo estos ejes es partiendo de la organización y movilización de los trabajadores y sectores empobrecidos bajo una completa independencia de clase, es decir, de los empresarios y sus partidos políticos (impulsores unos del Plan Fiscal – PLN y PAC- o de los recortes y ajustes presupuestarios como el PUSC y el Movimiento Libertario[10]) , pues al mismo tiempo que estos no tienen ningún problema en hacer “frente único” con los sectores opuestos al plan fiscal e incluso utilizar a trabajadores y estudiantes para hacer presión a su favor tal como ocurrió el año pasado; siguen impulsando con todo el resto de ataques y medidas que desde su óptica representan la alternativa al Plan Fiscal del gobierno de Chinchilla.
A diferencia de algunas burocracias sindicales – y sus respectivos aprendices -, la burguesía y el gobierno ya comenzaron una verdadera guerra de clases poniendo en marcha los primeros mecanismos para intentar descargar la crisis capitalista sobre nuestras espaldas, demostrando que no van a titubear en sus acciones para preservar sus ganancias y negocios.
Apostamos junto con cada compañero y compañera que coincida con nosotros en esta perspectiva, por un plan de lucha que se dirija a hacer pagar todos los efectos de esta profunda crisis a los verdaderos responsables: los capitalistas.
Por otro lado, sería criminal e inviable pretender llevar esta lucha adelante restringida al Plan Fiscal en sí, dejando de lado y para otro momento la movilización contra los aumentos de precios (incluidos los alimentos, servicios públicos como la electricidad, los transportes, entre otros), los ajustes y recortes en el sector público, y sobre todo los despidos y cualquier ataque a las condiciones de trabajo en las empresas privadas, donde se agrupa el grueso de la clase trabajadora; lo cual abriría enormes posibilidades de sumar aliados y ampliar cada vez más la lucha contra los planes del gobierno y el empresariado.
Por esto creemos que la única forma de impulsar efectivamente una lucha bajo estos ejes es partiendo de la organización y movilización de los trabajadores y sectores empobrecidos bajo una completa independencia de clase, es decir, de los empresarios y sus partidos políticos (impulsores unos del Plan Fiscal – PLN y PAC- o de los recortes y ajustes presupuestarios como el PUSC y el Movimiento Libertario[10]) , pues al mismo tiempo que estos no tienen ningún problema en hacer “frente único” con los sectores opuestos al plan fiscal e incluso utilizar a trabajadores y estudiantes para hacer presión a su favor tal como ocurrió el año pasado; siguen impulsando con todo el resto de ataques y medidas que desde su óptica representan la alternativa al Plan Fiscal del gobierno de Chinchilla.
A diferencia de algunas burocracias sindicales – y sus respectivos aprendices -, la burguesía y el gobierno ya comenzaron una verdadera guerra de clases poniendo en marcha los primeros mecanismos para intentar descargar la crisis capitalista sobre nuestras espaldas, demostrando que no van a titubear en sus acciones para preservar sus ganancias y negocios.
Apostamos junto con cada compañero y compañera que coincida con nosotros en esta perspectiva, por un plan de lucha que se dirija a hacer pagar todos los efectos de esta profunda crisis a los verdaderos responsables: los capitalistas.
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[1] “Lunes y martes: días clave para el plan fiscal”, Diario Extra, 14/11/2011
[2] Encabezada por los de las zonas francas.
[3] “Alumnos de “U” privadas pagarán entre 4 y 10% más este año”, La Nación, 8/1/2012
[4] “Gobierno cede a presiones de cámaras de la construcción e industriales ante el plan fiscal”, www.elfinancierocr.com, 11/11/2011
[5] Así, según lo que indica la misma nota, la ilusión populista para legitimar el paquete fiscal que tanto el gobierno como el PAC han intentado generar con la aparente ampliación de la canasta básica (bienes básicos exentos), muestra toda su falsedad pues todos los productos allí “exentos” de igual forma estarían en los hechos aumentando de precio, aparte de que como ya es conocido la condición de bienes exentos dentro del plan es temporal y puede ser modificada a conveniencia del gobierno una vez que estuviese aprobado el mismo.
[6] La imagen idílica del campesino pobre que produce y vende sus cultivos hace ya tiempo que fue transformada por la realidad capitalista prácticamente generalizada del obrero del campo explotado en enormes fincas.
[7] “Nuevo plan fiscal amenaza precios de los bienes básicos”, www.nacion.com, 17/10/2011
[8] “ICE pide aumento de 24% en tarifa de luz para vivienda”, La Nación, 30/09/2011
[9] “Alternativas al plan fiscal”, La Nación, 9/1/2012
[10] Ambos miembros de la Alianza por Costa Rica en la que participa el Frente Amplio a través de Jose María Villalta, con la mira puesta en cuidar “la semillita” de lo que para el FA sería una coalición electoral para el 2014 con estos partidos políticos. (“Tiempos de esperanza”, http://www.frenteamplio.org/?p=2219)
