Por Johanán León
Luego de la multitudinaria marcha de noviembre pasado, el
gobierno ha transmitido un claro mensaje al movimiento obrero, estudiantil y popular: no escatimará recursos en preparar
y ejercitar su brazo armado para la represión de toda nueva lucha que se
desarrolle.
El propio 15 de noviembre- más allá de lo que la prensa
intentó reflejar- la multitudinaria jornada en la nos movilizamos cerca de
20,000 estudiantes en repudio a la
represión, estaba fuertemente militarizada con diversos contingentes de
policías ubicados en varios puntos preparados para una eventual represión.
A escasos días de esa
importante movilización, Chinchilla no tuvo ningún inconveniente en anunciar
que la policía continuaría reprimiendo “a quienes bloqueen vías públicas y
alteren el orden público durante las marchas”[1].
Casi al mismo tiempo, se difundía el visto bueno del gobierno para que cuerpos
policiales como el OIJ puedan realizar con completa impunidad intervenciones
telefónicas[2].
El diario La Nación tratando de apoyarse en algunos
episodios presentados durante la marcha de los motociclistas, aprovechaba para
mostrar su apoyo incondicional al fortalecimiento represivo instando al
gobierno a sentar un precedente de “consecuencias totalmente predecibles” para
quien vulnere la ley.[3]
Más tarde, junto a la noticia de que varios diputados se habían
reunido “en secreto” con “expertos sobre narcotráfico” de Colombia y Estados
Unidos[4], se anunciaba con bombos y platillos la
llegada al país del primero de dos helicópteros comprados por ¢3,700 millones al
gobierno de Estados Unidos, y que entre otros aspectos poseen sistemas
infrarrojos , cámaras para la transmisión en tiempo real y son más silenciosos.[5]
La lista sin embargo no termina acá, y el 2013 inició no
sólo con los sobrevuelos del nuevo
helicóptero sobre San José, sino con una brutal represión que dejó decenas de
heridos entre las más de 400 familias trabajadoras de Siquirres que tenían
tomada parte de la Finca Matas de Costa Rica como protesta frente a que el
empresario dueño de la finca aún les adeuda más de 4 mil millones por concepto
de aguinaldos, vacaciones y otros derechos, tras despedirlos años atrás; una
situación que sufren incluso trabajadores actuales del lugar.[6]
El ejemplo en Siquirres muestra que cuando se trata de
proteger los intereses patronales todos los recursos represivos se ponen en
marcha, y así como los integrantes de la Fuerza Pública quemaron los ranchos de
cientos de familias, el gobierno echó mano del espionaje para vigilar de cerca esta lucha tal como quedó en
evidencia con la infiltración de un oficial de la DIS (Dirección de
Inteligencia y Seguridad Nacional) en el reciente bloqueo sobre la ruta 32[7],
el cual bajo la protección del estado se dedicaba a dar cacería a los
dirigentes e integrantes del movimiento; lo que deja en clara evidencia los métodos que
el gobierno ha venido implementando para
reprimir y criminalizar a quienes luchan y sobre los cuáles se sostiene la
“democracia” costarricense.
¿Por qué impulsar la lucha contra la represión y el
fortalecimiento represivo?
Aunque pueda parecer obvio, hay que señalar que no sólo se
trata de defender las libertades
democráticas elementales que el gobierno se viene empeñando en recortar y
eliminar como bien se ha reflejado con la llamada Ley Mordaza; sino sobre todo
implica defender la propia integridad
física de todo luchador y luchadora que se plantea enfrentar las políticas anti
obreras y antipopulares del gobierno y los empresarios.
Así como los trabajadores de Finca Matas han salido a luchar,
nuevos anuncios de despidos como los de las empresas Jockey y Faber Castell,
los cierres de Ebais y hospitales por los recortes en la salud pública, la
eliminación de puestos de trabajo en el sector público, y los crecientes
tarifazos en el transporte, la electricidad y la telefonía; muy posiblemente
potenciarán en el marco de una economía en decrecimiento nuevas luchas a partir de este año.
Esa es la razón de fondo por la cual el gobierno desde meses
atrás viene tratando de imponer una nueva relación de fuerzas apoyándose en el
discurso de la “lucha contra el narcotráfico” para reforzar material y
legalmente el aparato represivo.
Por todo lo anterior es necesario impulsar una gran campaña que
retome ejes como la exigencia de renuncia del Ministro Mario Zamora y el jefe
policial Raúl Rivera (encargados de la represión del 8 de noviembre), y apunte
a denunciar el fortalecimiento represivo que el gobierno impulsa. A la vez, es
clave exigir la derogación de la Ley Antiterrorista de Bush que rige desde el
año 2009 en Costa Rica, y bajo la cual recientemente en Chile fueron reprimidos
una vez más los indígenas Mapuche; pero sobre todo como trotskistas planteamos
la completa disolución de la policía y los distintos cuerpos represivos como la
DIS que como se mostró en Siquirres, no
tienen otra función más que defender los intereses de los empresarios a través de la persecución
y la represión en contra de los trabajadores, estudiantes y los sectores
populares que han comenzado a salir a las calles.
[1] http://www.nacion.com/2012-11-29/Portada/Chinchilla-advierte-que-policia-seguira-reprimiendo-bloqueos-y-alteracion-del-orden-durante-marchas.aspx
[2]http://www.diarioextra.com/2012/noviembre/29/nacionales3.php
[3] http://www.nacion.com/2012-11-30/Opinion/Firmeza-ante-la-violencia.aspx
[4] http://www.prensalibre.cr/lpl/nacional/75549-diputados-se-reunen-en-secreto-con-expertos-sobre-narcotrafico.html
[5]http://www.nacion.com/2012-12-25/Sucesos/helicoptero-de--1-800-millones-luchara-de-frente-contra-narcos-.aspx
[6] http://www.diarioextra.com/2013/enero/04/sucesos12.php
, http://www.nacion.com/2013-01-04/Sucesos/Antimotines-desalojan-de-nuevo-a-precaristas-de-Siquirres.aspx
[7] http://www.diarioextra.com/2013/enero/24/nacionales3.php
