Por Bryan Brenes
El viaje
de la Presidenta Chinchilla a Perú, donde participó en la boda del hijo del
vicepresidente Luis Liberman así como en una improvisada reunión con el
mandatario Ollanta Humala, ha abierto una aguda crisis política en las alturas
del Poder Ejecutivo costarricense, todavía con consecuencias impredecibles y
con potencial para extenderse hacia el conjunto del régimen. Los
cuestionamientos pasaron del hecho de viajar en un Jet privado de una empresa
dedicada al negocio de los hidrocarburos (gas natural y petróleo) a los nexos
que importantes ejecutivos de esa compañía tendrían con el trasiego de drogas,
en momentos en que todavía está fresca la visita de Obama al país así como los
acuerdos con ese Presidente en cuanto a la “guerra contra las drogas”, excusa
bajo la cual se viene encubriendo la militarización y fortalecimiento del
aparato represivo del país.
La
renuncia precipitada del Ministro de Comunicación Francisco Chacón como “hombre
fuerte” del gobierno, quizá con la intención de evitar una investigación o una
comparecencia en el Congreso, tuvo más bien un efecto adverso, que detonó una
verdadera avalancha de cuestionamientos que ponen a los altos funcionarios de
la Casa Presidencial así como a la propia mandataria en vínculo con quienes se
presume serían los grandes narcotraficantes de la región, como por ejemplo
Gabriel Ricardo Morales Fallón, quien es investigado en Colombia hace por lo
menos cinco años, y por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (que precisamente
estaba dirigida por Boraschi) desde el 2011.[1]
A pesar
de que todavía no han sido superados los escándalos de ministros que no pagan
impuestos, el robo de recursos públicos en la construcción de la Trocha fronteriza
1856 o la concesión de la carretera a San Ramón a la empresa OAS, un nuevo
frente de hostilidades ha sido abierto por el endeble gobierno de la señora
Chinchilla; que se ha quedado sola frente a la oposición burguesa y frente a
sus propios compañeros liberacionistas.
El
impacto del escándalo en el equipo de gobierno ha sido notable: renunció su
“hombre fuerte”, el Ministro de Comunicación Francisco Chacón; el “zar”
antidrogas y director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (una institución
clave para el gobierno en el último período) Mauricio Boraschi, la asesora y
amiga personal de la Presidenta Irene Pacheco, y como si fuera poco el
Presidente del partido liberacionista ha afirmado con exasperación que su
agrupación no respalda a la mandataria y que “Ningún Gobierno proveniente del Partido Liberación Nacional ha mostrado
tan poca capacidad gobernativa”, dejando al descubierto la brecha cada vez
más grande que hay entre la mandataria y los líderes del partido que la llevó a
la presidencia.
Es necesario prepararse para una
posible caída del gobierno de Chinchilla
Más allá
de la Cadena Nacional de televisión en donde la Presidenta prácticamente se
disculpa por la “falta de controles” que la llevaron a utilizar el Jet privado,
y acepta la renuncia de los funcionarios y llama a proteger con mayor celo la
institucionalidad; se han detonado nuevos y peligrosos frentes de descontento,
que podrían salírsele de las manos al que se ha convertido en el gobierno más
impopular de toda Latinoamérica.
Se ha
abierto una dinámica de descomposición del Poder Ejecutivo que posiblemente
tenga repercusiones sobre otras instituciones del régimen, como el Congreso y
el entramado cantonal que dirige el PLN. No es casualidad que el propio Johnny
Araya, apuntalado como candidato presidencial para el 2014 haya afirmado que el
escándalo del Jet afecta su imagen para la campaña, en una muestra de
impaciencia hacia el actual gobierno.
Por más
“unidad nacional” que pida la Presidenta, su administración está cada vez más aislada
y no se vislumbra a la vista, ni siquiera como posibilidad, que logre
acercamientos o acuerdos con otros sectores del empresariado.
El país
bordea la frontera de una crisis generalizada de régimen, que evidentemente
pondría ante circunstancias excepcionales al conjunto de la clase dominante,
que tendría que pensar desde ya no solo un sustituto si la Presidenta no fuera
capaz de resistir tantas crisis en tan poco tiempo, sino qué hacer frente a la
organización de su “junta de negocios”, el gobierno; en momentos en que se busca imponer una nueva relación de
fuerzas a los trabajadores de la ciudad y el campo con tal de imponer los
recortes salariales, de presupuesto público, así como las concesiones y
privatizaciones de empresas con tal de beneficiar a los distintos círculos
empresariales en busca de ganancias.
Los
trabajadores, estudiantes, campesinos pobres y demás sectores populares de la
sociedad estamos ante una situación excepcional en la vida política del país,
pues a la vez que parecieran desintegrarse pacíficamente poderes como el
Ejecutivo; no hemos sido capaces de inclinar la balanza a favor por medio de
nuestra movilización y organización independiente, un requisito urgente sino
queremos que la actual crisis se resuelva por arriba, con salidas
“destituyentes” y de derecha, apoyadas en la fuerza de instituciones como la
Fuerza Pública, que toma todavía más predominancia con el ascenso de Celso
Gamboa como Ministro de Comunicación y nuevo “hombre fuerte” del gobierno.
A pesar
de la pasividad imperante desde el campo de las organizaciones obreras y
populares, el momento actual exige responsabilidad y una respuesta frente al
vacío político cada vez más grande con origen en Zapote, pero que puede
trasladarse a las demás instituciones políticas del país, desorganizando aún
más el aparato de dominación de la burguesía costarricense.
Es
momento de reunir las fuerzas necesarias para dar una respuesta que esté a la
altura de las circunstancias, con tal de movilizar a cientos de miles en las
calles de Costa Rica y darle final a un gobierno de tanta corrupción y
violencia contra el pueblo trabajador.
[1] Algunas
fuentes, como Prensa Latina, señalan que “Una fuente de la Policía de Control
de Drogas (PCD) dijo al medio que por órdenes de la DEA no se pudo registrar el
jet, en el momento en que la institución realizaba las pesquisas por sospechas
de actividades ilícitas, que se iniciaron desde 2011.” Y plantean que la
empresa THX de Morales Fallón prestó el Jet y su colaboración al gobierno de
Chinchilla a cambio de que ésta le garantizara su “reubicación en Costa Rica y
el cierre del expediente criminal.” www.prensa-latina.cu
