El amotinamiento protagonizado por la suboficialidad de la Prefectura y la Gendarmería (al que se sumó un sector de la Armada) abrió una crisis nacional. El conflicto, detonado por un recorte salarial, se transformó en político. El abucheo a los oficiales, la extensión del conflicto y su propagación entre las Fuerzas, ilustran lo grave de la situación. Horas después del amotinamiento, rápido, como nunca hizo ante un reclamo obrero, el gobierno anunció que no haría los descuentos. Lo primero que hizo el oficialismo fue ser fiel a sus intereses de clase, reconociendo lo “justo” de las reivindicaciones de los represores.
Pero el ofrecimiento llegó tarde. La ministra Garré pasó a retiro a las cúpulas de Prefectura y Gendarmería. Tampoco alcanzó. Las fuerzas “modelo” de la “seguridad democrática” van por más, leyeron la debilidad gubernamental y presentaron un petitorio que exige, entre otras demandas, un básico de $7.000. Al cierre de esta edición el conflicto seguía abierto hasta el martes 9, cuando se prometió una respuesta oficial. El gobierno está en una encrucijada. Si retrocede en toda la línea puede quedar como rehén de los insubordinados, y su ejemplo ser tomado por otros sectores de las FF.AA. incluso por policías provinciales que simpatizan con los rebeldes. Por el contrario, si no cede, el escenario puede polarizarse, perdiendo, de manera más abierta, el control de sectores claves del aparato de Estado, y poniendo en juego su propia gobernabilidad.
El motor del conflicto fue el recorte salarial, pero expresa, como mínimo, un enfrentamiento objetivo al Poder Ejecutivo y, de manera manifiesta, al Ministerio de Seguridad de Nilda Garré. El discurso pregonado por los K de “recambio generacional” y de “FF.AA. integradas a la democracia”, se evapora con las imágenes de los rebeldes lanzando expresiones fascistoides, típicas de la derecha troglodita. No hay que confundirse. Lo que muchos trabajadores quizás vean como un reclamo contra el ajuste, son demandas para fortalecer su función represora. Es lo opuesto a la lucha de los estatales de La Plata que hoy toman el Ministerio de Educación. La “nueva generación” de gendarmes y prefectos está cortada con la misma tijera que la “vieja guardia” genocida.
Según algunos analistas, el amotinamiento fue, de mínima, “dejado correr” por el Secretario de Seguridad, Sergio Berni, un hombre que viene cobrando protagonismo a la cabeza de un giro más represivo del gobierno. La interna entre Berni y Garré está al rojo vivo. La Ministra viene siendo blanco de distintos escándalos. El último había sido el caso del “Proyecto X”, que involucró a Gendarmería en el espionaje a los militantes populares.
Debilidades estratégicas
El amotinamiento puso de manifiesto una crisis más profunda del aparato de Estado y los graves problemas del kirchnerismo para recomponer la legitimidad de las FF.AA y de Seguridad.
Con las FF.AA. desprestigiadas por su rol en la dictadura, Prefectura y Gendarmería venían recibiendo, desde los ‘90, dinero como para equipar a un ejército. Esta política fue continuada bajo los K. Además de retratar con un aura democrática a fuerzas tan protagonistas del genocidio como el Ejército, la Marina o la Aeronáutica, no sólo le incrementaron su poder de fuego (desde la asunción de Néstor Kirchner, Gendarmería pasó de 18 mil a 30 mil efectivos) sino también su poder social. Bajo el kirchnerismo asumieron funciones de policía y miles en las calles “custodian” a los vecinos contra la “inseguridad”. El fortalecimiento que les dieron los Kirchner a estas corporaciones armadas del Estado, es la base material de la prepotencia que muestran en el conflicto.
La “sintonía fina” y los ajustes vienen provocándole al kirchnerismo crisis recurrentes de distinto signo. Lo vimos con el paro camionero y el impuesto al salario, que terminó con la ruptura de Moyano; con el “cepo al dólar” y la bronca de las clases medias en el cacerolazo.
Por su parte, el enfrentamiento del moyanismo con el gobierno y ahora el conflicto de los uniformados evidencian las debilidades estratégicas de las alianzas en las que el gobierno sustenta su poder. Las corporaciones (como la burocracia sindical o las “fuerzas del orden”) que el gobierno alentó y alimentó, demuestran que sólo son fieles a sus intereses: unos exigen privilegios por defender su poder de policía a la hora de reprimir, otros, por cumplir el rol de “policía interna” del movimiento obrero.
La oposición patronal y la burocracia sindical frente a los insubordinados
La oposición patronal, el duhaldismo, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el FAP apoyaron los reclamos de los insubordinados, mientras desde el Congreso promovieron un documento donde llaman a respetar la institucionalidad. Quieren presentarse como una alternativa burguesa seria a la vez que denuncian al gobierno de “la confrontación permanente”. Estos partidos velan por los intereses de los represores del pueblo y la estabilidad de esta democracia para ricos. No es de extrañar. Los que ya gobernaron mandaron a estas fuerzas a combatir a los que luchan.
Víctor De Gennaro del FAP y Pino Solanas de Proyecto Sur no adhirieron al documento. Pero igualaron el conflicto a cualquier reclamo obrero y exigen entusiastas la sindicalización de estas fuerzas represivas. En el mismo sentido, Hugo Moyano, fue uno de los primeros en solidarizarse con quienes llamó “trabajadores”. Antonio Caló, el flamante Secretario General de la CGT oficialista, hizo lo mismo, aunque horas más tarde retrocedió, seguramente por algún reto gubernamental. Las organizaciones, como el MST e Izquierda Socialista, que apoyaron el amotinamiento cometen una capitulación. Apoyar a los uniformados significa colaborar en el fortalecimiento de fuerzas represivas que serán utilizadas contra los trabajadores y la propia izquierda. Desde el PTS somos claros. No apoyamos a quienes son la punta de lanza de la represión contra el pueblo. Son los asesinos, entre otros luchadores, de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes bajo el gobierno de la Alianza, o de Carlos Santillán y Oscar Barrios, durante el levantamiento de los piqueteros de Gral. Mosconi. En 2007 la Prefectura reprimió la lucha de los trabajadores del Casino flotante y este mismo año los gendarmes avanzaron brutalmente contra la pueblada que denunció la minería contaminante en Tinogasta y son quienes espían ilegalmente con el Proyecto X. Los gendarmes y los prefectos no son trabajadores. Cobran un sueldo por integrar el plantel del aparato represivo del Estado. Les pagan para eso, para reprimir al pueblo.
La jornada del 10 de octubre y nuestra propuesta
El apoyo de Hugo Moyano de la CGT y de Pablo Micheli de la CTA a la protesta de los prefectos y gendarmes, igualando sus demandas a las de los trabajadores, fue el último paso para teñir de manera reaccionaria la convocatoria a Plaza de Mayo del 10 de octubre. La jornada tendrá a Eduardo Buzzi de la Federación Agraria como figura destacada y será un acto político. No habrá ninguna jornada de lucha. Moyano no convoca al paro y sólo marcharán los camioneros. En una proclama de 21 puntos Moyano acaba de sentar las bases para aglutinar a todo el peronismo de derecha a fin de “castigar al kirchnerismo en las urnas” en 2013 y 2015. Por parte de la CTA, todo un apartado de la convocatoria a la jornada está dedicado a defender los intereses de las patronales agrarias, como la propuesta de “retenciones segmentadas”, la “defensa de pequeños y medianos productores”; (es decir los patrones) y hasta reivindica el reclamo de De la Sota que pide la “restitución del 15% de la coparticipación”, que luego usa para subsidiar a los capitalistas. Nada se dice de los grandes terratenientes o de la gran burguesía agraria y se ignora la penosa situación de los peones rurales, los explotados del campo. Este programa presentado por la “democrática” CTA no fue votado en ninguna asamblea de base.
Ni la CGT Moyano ni la CTA Micheli se proponen pelear por las demandas de los trabajadores. A diferencia de la marcha del 27/6 pasado donde los camioneros venían de realizar un paro (que fue enfrentado por la gendarmería que hoy apoya Moyano), el acto del 10 se da en un contexto donde el cacerolazo y el levantamiento de los prefectos y gendarmes le ponen su impronta reaccionaria al escenario nacional.
Llamamos a los sindicatos y a las comisiones internas combativas y al Partido Obrero, a elaborar un posicionamiento común ante el acto del 10 y a tomar el paro convocado por la CTA en nuestras propias manos. Los trabajadores tenemos que abrir un debate sobre un programa de conjunto, opuesto al del gobierno y al de la oposición patronal. Hay que levantar medidas como el fin del trabajo precario y en negro y el pase a planta de todos los contratados. La eliminación del impuesto al salario y el aumento y generalización de las asignaciones familiares. Por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar indexado según inflación real y el 82% móvil para todos los jubilados. Hay que expropiar a los terratenientes y a la gran burguesía agraria y entre otras medidas pelear por la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior, además de la renacionalización bajo control de los trabajadores de todas las empresas públicas privatizadas. Decimos claramente: ningún apoyo a los represores “en lucha”, derogación de la ley “antiterrorista”, desprocesamiento ya de todos los luchadores.
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