Por Bryan Brenes Z.
Liga de la Revolución Socialista
Desde fines de 2008 (quiebra de Lehmann Brothers) a la segunda mitad de 2009, la crisis económica mundial mostró una fase aguda, comparable al comienzo de la Gran Depresión de los años 30; esto más allá de que la intervención masiva de los principales gobiernos con enormes paquetes de “salvataje” de bancos y corporaciones, lograra contener, al menos por el momento, las tendencias más catastróficas (que podrían haber detonado un crack financiero y su explosiva traslación a la economía real y el comercio mundial).
Esto se logró al precio de un inmenso endeudamiento público y limitando el funcionamiento de los mecanismos económicos clásicos de salida de las crisis (ante todo la liquidación de capitales “ineficientes”: bancos, fábricas, etc) con sus secuelas destructivas para las fuerzas productivas; y por tanto, sin haber “saneado” las condiciones para un relanzamiento sostenido de la acumulación capitalista.
La virtual bancarrota en Dubai y la crisis financiera griega, así como, en menor medida, la quiebra de numerosos bancos “pequeños” en Estados Unidos, junto a elementos de mucho mayor peso como la debilidad de la economía norteamericana; vienen a subrayar que la crisis aún no se ha terminado, demostrando a la vez, el carácter precario y frágil de la actual recuperación económica mundial.
En este panorama, se encuentra nuestro país, que no está aislado del resto del mundo. En consecuencia Costa Rica dependerá no solo de la situación de la economía mundial, sino, y especialmente, de la recuperación de la economía norteamericana, por lo menos para entrar en nuevos ciclos más o menos largos de crecimiento y estabilidad.
Según los editorialistas de La Nación, voceros de los principales círculos de la clase dominante costarricense “… la economía mundial se recuperará este año, pero liderada por países asiáticos y latinoamericanos que no conforman la mayoría de nuestros socios comerciales. En cambio, las economías de EE. UU., Europa y Japón apenas mostrarán tasas positivas de crecimiento, alrededor de 1,3%.”[1] Lo que quiere decir que la economía nacional se recuperará, pero no por un nuevo ciclo expansivo en Norteamérica, sino vinculado a economías y mercados marginales de países semicoloniales o dependientes como es el caso de China, lo que no da ninguna garantía de estabilidad a mediano o largo plazo para los capitalistas costarricenses. Lo anterior tiene consecuencias en el comercio y en la Inversión Extranjera Directa (IED), que en su aplastante mayoría proviene de Estados Unidos. De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación Nº15 “una reducción de la IED en los próximos meses y años, como resultado de la crisis, no solo podría afectar la estabilidad económica interna, sino que además podría dilatar el proceso de recuperación en una economía muy dependiente del comercio internacional, que en el caso de Costa Rica tiene un fuerte sustento en lo que las empresas extranjeras produzcan para la exportación”.[2]
Aunque los ingresos fiscales, así como las exportaciones del país detuvieron momentáneamente su caída en los tres últimos trimestres de 2009, la economía nacional sigue muy expuesta, y a la expectativa de lo que pase en los EE.UU. y el mundo.
La inevitabilidad de ataques patronales contra las condiciones de vida de los trabajadores
Pero más allá de la opinión de La Nación o del 15º Informe, al parecer la recuperación dentro del país seguirá siendo frágil y endeble; y peor aún: con o sin recuperación lo que parece estar garantizado son los ataques patronales contra las condiciones de vida de la clase obrera.
Es en este sentido que los citados editorialistas de La Nación señalan la importancia de recurrir a otras medidas para mantener la estabilidad, y mencionan entre otras cosas; la necesidad de aumentar los ritmos de explotación sobre los trabajadores, así como el recorte de gastos públicos. Según los editorialistas: “La recuperación y sostenibilidad del salario real también dependerá de la reactivación del sector privado. Para lograrlo, deberán aprobarse los incentivos necesarios para flexibilizar las leyes laborales, las cargas sociales y la legislación fiscal”, y a renglón seguido señalan que “Aunque los ingresos fiscales han dejado de caer y se inició ya una modesta recuperación de los ingresos tributarios, no es realista volver a contemplar tasas tan holgadas como las observadas durante la fase expansiva del ciclo económico (…)”, para lo que según ellos “los gastos del Estado deben redireccionarse para favorecer la inversión en infraestructura y otros gastos sociales no recurrentes, y no la planilla, como en el 2009”.[3] Los voceros de la clase explotadora nacional no solo caen en la contradicción de sujetar la “sostenibilidad del salario” y su “recuperación” a la flexibilización de las leyes laborales y cargas sociales” –lo que precisamente significa atacar los salarios y su “recuperación”, sino que de forma rapaz, dan a entender que es una necesidad amputar ciertos gastos sociales y el pago de salarios en el sector público (“planilla”), solo para garantizarle infraestructura a los capitalistas.
Pero en el mismo sentido, el “15º Informe del Estado…” señala que “… las autoridades deberán escoger entre un mayor desequilibrio financiero, o un recorte en la inversión pública y/o el gasto social, debido a que la actual estructura de sus gastos exhibe una considerable rigidez a la baja en el rubro de salarios y pensiones”. [4]
En resumidas cuentas, al parecer la burguesía se prepara para imponer con todo, nuevos ritmos de explotación a los trabajadores, pero no solo eso, sino que posiblemente lo del recorte del gasto público signifique atacar el presupuesto de las instituciones autónomas como el ICE, INS, CCSS o las Universidades públicas; lo que podría desencadenar un interesante proceso de resistencia contra las políticas del próximo gobierno.
La situación precaria de las finanzas públicas y la posibilidad de grandes procesos de resistencia
La crisis capitalista mundial, aunque no se manifestó en todas sus potencialidades debido a la intervención masiva de los principales gobiernos del planeta por intermedio de megaplanes de salvataje; tuvo un impacto importante en la economía nacional. Los ingresos fiscales se redujeron, así como el comercio y la actividad económica interna en general.
Producto de lo anterior, las finanzas públicas quedaron muy debilitadas. Fue de tal magnitud el impacto de la crisis que debido a una disminución en el ingreso recaudado por concepto de impuestos -que tuvieron una baja de un 28% en abril del año anterior respecto al 2008- el gobierno tuvo que echar mano de los bonos de deuda interna para suplir el faltante. El déficit, que asciendía a los ¢27 000 millones[5]; debió ser cubierto por el gobierno para pagar de forma urgente pensiones, aguinaldos y alrededor de US$ 100 mensuales que reciben más de 60 mil personas mayores de 65 como parte de las pensiones del régimen no contributivo.[6] Lo anterior se menciona para destacar un hecho contundente en la frágil situación de las finanzas públicas del gobierno y el conjunto del Estado: los Arias Sánchez debieron recurrir a la deuda interna para cubrir gastos “ordinarios” que debían cubrirse con las finanzas normales del gobierno, en forma prácticamente igual a como debió hacer Roberto Micheletti en Honduras para pagar a finales de 2009 salarios al sector público. La imagen es un poco grotesca, no porque sea utilizada para dar una idea más clara de la precariedad de la economía nacional, sino porque en la estable “Suiza Centroamericana” el gobierno debió tomar medidas parecidas a las que debió recurrir el dictador que, producto de un golpe de Estado, pasó a dirigir el tercer país más pobre de todo el continente americano (solo a la zaga de Haití y Nicaragua respectivamente). La semejanza, aunque en un dato muy coyuntural, se puede decir que arroja alguna luz sobre la fragilidad de las finanzas públicas, muy golpeadas luego de casi dos años de contracción de la economía, planes para salvar a los industriales del sector privado, y corrupción en la administración de los recursos públicos, protagonizada por los ministros y funcionarios del Partido Liberación Nacional.
La posibilidad de que el gobierno no pudiera pagar aguinaldos, e incluso salarios a trabajadores del sector público, pudo ser una realidad a finales de su gobierno; pero aunque no se dio por la salida audaz del endeudamiento con bonos de deuda interna, puede ser un escenario a heredar por el próximo Presidente, lo que desde luego, puede también traducirse en resistencia de masas. Lo anterior esencialmente porque si bien el movimiento de masas viene de recibir una derrota política parcial con la imposición del TLC en el 2007, no es tan fácil que permanezca en la inercia de la desmovilización de presentarse ataques a escala masiva en los salarios o las condiciones de vida; especialmente en el sector público.
Es por estas circunstancias que desde la LRS creemos que el próximo gobernante de Costa Rica, sea quien sea (no importa si es “patriótico” y “reformista”) tendrá que imponer duros ataques a los trabajadores. Por eso la única salida es mantener la más absoluta independencia política de la clase obrera respecto a todo partido patronal (PLN, ML, PAC, PUSC, etc) y de conciliación de clases; en la perspectiva de preparar una dirección obrera independiente para enfrentar al próximo verdugo, así como para tratar de unificar y centralizar las luchas que puedan desarrollarse para llevarlas a la victoria. Esta es nuestra propuesta desde la LRS a todos los grupos de la izquierda obrera y socialista, y es a la vez un llamado a los grandes sindicatos y centrales de trabajadores, para que nos pongamos en movimiento ante los desafíos que tenemos hacia adelante.
[1] “Retos económicos para el 2010”. Editorial de La Nación. Martes 5 de enero de 2010.
[2] 15º Informe del Estado de la Nación en Desarrollo Sostenible (Resumen). Octubre de 2009, p, 34.
[3] Íbidem.
[4] Op, cit. 15º Informe.
[5] Patricia Leiton, “Se agrava caída en ingresos por impuestos del gobierno”, La Nación 15/05/2009.
[6] La Prensa Libre, 30/09/2009.
