Por David L. Torres
Los destrozos materiales y las pérdidas humanas que dejaron las lluvias producto del paso de la “tormenta tropical Tomas” sobre Costa Rica están lejos de disiparse: junto con las decenas de muertos y desaparecidos, miles de familias han perdido sus viviendas y cientos se encuentran completamente incomunicados y aislados, al punto que muchos sitios aún no han recibido ayuda básica. De aquí que muchas personas han tenido que desplazarse y abandonar sus hogares desolados para intentar encontrar una casa en otro sitio o en la mayoría de casos ir a parar a albergues que solo les ofrecen perspectivas inciertas para recuperar sus mínimas condiciones de subsistencia; con creciente riesgo de epidemias de diarrea e incluso cólera, lo que puede potenciarse fácilmente al estar decenas de miles de personas sin acceso a agua potable y en grandes concentraciones.
Según las últimas informaciones el 25% de las carreteras del país fueron destruidas, además, cientos de puentes quedaron colapsados; ante lo que el ministro de Transportes se limitó a anunciar que “la “reconstrucción” tardará semanas e incluso meses”[1].
En medio de este desastre, del que por supuesto las víctimas son trabajadores y gente pobre, la solidaridad ha comenzado a expresarse por medio de numerosas colectas y envío de ayuda material, pero esta ayuda, aunque necesaria; solo da respuesta parcial a la situación coyuntural de los afectados, no resolviendo a pesar de su buena intención, las condiciones estructurales de vida de la población afectada.
Una tragedia no solo natural
Las palabras del ministro de transportes, son un ejemplo de cómo el gobierno, haciendo un repugnante uso político de este desastre, pretende tapar y ocultar su responsabilidad ante las consecuencias tratando de hacer ver que todo lo ocurrido es por causas naturales de carácter inevitable.
No sólo la infraestructura vial del país ha venido deteriorándose crecientemente en los últimos años y meses ante la falta de inversión, los desvíos de dinero, y las rentables (para los empresarios y funcionarios implicados) concesiones como la autopista a Caldera; sino que sobre todo, no ha existido ningún tipo de planificación y previsión en los hechos por parte de este y los anteriores gobiernos en lo que respecta a la reubicación de poblaciones que cada año están en mayor riesgo de perderlo todo, mientras que enormes extensiones de terrenos y propiedades están ociosas y en manos de grandes empresarios urbanos, del agro y ganaderos.
Lamentablemente las muertes en Escazú son una clara muestra, siendo que incluso desde el año 2002 un estudio geológico demostraba los enormes riesgos por deslizamientos que corrían los pobladores del lugar, sin que se tomara nunca algún tipo de medida al respecto.
Parrita, donde la historia de cada año se repitió aún peor esta vez, recuerda que desde hace años que el dique del lugar -que evitaría las inundaciones-, ha quedado siempre a medio construir por el desvío de los recursos necesarios tal como sucede cotidianamente en el resto del país.
En lugar de ayuda el gobierno reparte politiquería en medio del sufrimiento
Al tiempo que las penurias continúan, se intensifica la campaña por las elecciones de alcaldes en todo el país, con el consecuente gasto a manos llenas de recursos para la campaña.
El intento de Laura Chinchilla de mostrar un rostro humanitario para hacerse imagen, se contradice con los ¢1000 millones que espera gastar el PLN en la campaña de estas semanas y los ¢4000 millones que dispone el Tribunal Supremo de Elecciones para adelantar dinero y reintegrar gastos de esta campaña política a los partidos de los empresarios[2] en lugar de destinarlo a los afectados, mientras los trabajadores asumen el grueso de la ayuda y las donaciones.
Mientras las calles se llenan de anuncios que muestran caras de candidatos, el gobierno ha anunciado que girará miles de millones de colones (la mayor parte aún en discusión parlamentaria y sustentados en préstamos), y le ha pedido incluso a las instituciones autónomas que trasladen sus ganancias al fondo de emergencia, intentando hacer ahora lo que nunca hizo.
Esto no puede más que traer el recuerdo de la gestión de Arias, y el papel de la Comisión Nacional de Emergencias durante el terremoto de Cinchona, donde el dinero nunca llegó y la ayuda humanitaria fue utilizada en clientelismo político por parte del PLN para las elecciones presidenciales de febrero; con graves casos de caudillos barriales del partido especulando con los víveres recaudados.
Ante el sufrimiento de las miles de familias afectadas urge una solución, y la mejor forma de lograrla es que los grupos empresariales del tipo de Walmart, Kimberly Clarck, Dos Pinos y otras de su tipo – que obtienen sus mercancías con la explotación de miles de trabajadores de la ciudad y el campo- vuelquen sus ganancias e inventarios de productos a dar respuesta a la situación. De igual forma, los grandes monopolios de materiales de la construcción, deben ser puestos al servicio de la construcción de miles de viviendas para los trabajadores, en zonas donde no existan riesgos de deslizamientos e inundaciones.
La única garantía de que toda la ayuda humanitaria y los fondos recolectados lleguen a los afectados es que sean los trabajadores quienes gestionen la entrega de los mismos y frenen la típica orgía de recursos que en situaciones como estas, realizan los gobiernos de turno así como sus caudillos barriales.
La magnitud de la destrucción dejada a su paso por la “Tormenta tropical Thomas”, no hace sino poner al rojo vivo la necesidad no solo de una profunda revolución agraria que le de tierra a todos las personas que no tienen terrenos y que por eso se ven obligados a vivir sobre el caudal de los ríos; sino que pone hoy más que nunca al descubierto la necesidad de una profunda reforma urbana en cuanto al tema de la vivienda, que le de casa a todos los que la necesiten, y bajo condiciones óptimas de planificación y seguridad.
[1] “Temporal destruyó el 25% de las carreteras asfaltadas del país”, La Nación, 9 noviembre de 2010.
[2]“Partidos financian campaña de alcaldes con cuentagotas”, La Nación, 31 de octubre de 2010.
Esto sin contar los ¢17,000 millones que repartió el TSE hace escasos meses entre todos los partidos participantes de las elecciones presidenciales.
