Por Bryan Brenes
Dos hechos de envergadura determinan al día de hoy la suerte del gobierno de Chinchilla: por un lado la renuncia del Ministro de Hacienda Fernando Herrero, y por otro el rechazo de la Sala Constitucional a lo que desde Casa Presidencial se ha llamado el Plan de Solidaridad Tributaria (o Plan Fiscal) aprobado en primer debate en el Congreso. Uno y otro hecho están fuertemente emparentados: el caso del Plan Fiscal porque en síntesis hace a la estabilidad de la finanzas del régimen; y la renuncia del Ministro Herrero porque tiene relación directa con la estabilidad política de un gobierno que, a poco de finalizar su segundo año de mandato, pareciera desgastarse aceleradamente. Todo lo anterior en el marco de una crisis económica mundial que no da señales de terminar y que más bien pareciera profundizarse amenazando la economía costarricense de conjunto.
Las pruebas de desgaste del gobierno, que constituyen el rasgo central de la situación política son contundentes: para comenzar no solo debió pactar con la jefatura del Partido Acción Ciudadana (PAC)[1] con tal de aprobar en primer debate los nuevos impuestos, sino que bastó que el diario La Nación divulgara una comprometedora lista de Ministros y altos jerarcas del gobierno que no pagaban tributos para que el poder Ejecutivo comenzara a desequilibrarse y a salir del “buen camino” de la discusión parlamentaria, con la resolución de la Sala Constitucional como corolario de las malas noticias para lo que Engels llamaría “la junta de negocios de los capitalistas”, el gobierno.
Un país gobernado por estafadores profesionales
Aunque más adelante vamos a referirnos a las intenciones que motivan a La Nación a cuestionar al gobierno y la posibilidad de crear nuevos impuestos, lo que hay que remarcar es la realidad que ha quedado al descubierto, y es la de un país gobernado por una banda de estafadores profesionales (capitalistas), que poseen las mejores tierras y propiedades
y que ni siquiera llegan a pagar tributos, mientras la mayoría de los trabajadores y la juventud en Costa Rica tienen poco o nada para su futuro y son además los que sostienen las arcas del Estado, lo que aunque no es nuevo, no deja de ser inaceptable.
Algunos ejemplos de lo anterior son por ejemplo el del Ministro de Ambiente y Energía Alejandro Cruz, con más de 15 grandes propiedades desparramadas alrededor del país, declarando valores por metro cuadrado entre 8 y 20 colones mientras el valor real supera los 15 o 20 mil colones. Y es que de lo que estamos hablando no es de propiedades del tamaño de las de un trabajador, sino de grandes latifundios de arriba de 100 mil metros cuadrados; lo que se convierte en una lógica insoportable no solo desde el punto de vista de los grandes volúmenes de evasión fiscal que conlleva sino de la concentración de la tierra y la propiedad. [2]
Otros casos que resaltan son el de Manuel Obregón, Ministro de Cultura -que posee una propiedad de 160 mil metros cuadrados con un valor de 0 colones reportados a Hacienda-, el de Educación, con inmuebles valorados muy por debajo de su precio real, y por supuesto el caso del ex Ministro de Hacienda Herrero; beneficiario de un verdadero torrente de consultorías y contratos por parte del gobierno pagadas con los fondos públicos. En el caso de este señor, durante 16 años no declaró el valor real de sus Casas (mansiones) en Escazú y Pavas, evadiendo el pago de impuestos y concentrando riqueza a manos llenas favorecido con los abundantes recursos públicos absorbidos tanto en “salarios” como en contratos particulares a la empresa que sostenía con su esposa Flor Isabel Rodríguez.
Pero más allá de la estafa a gran escala protagonizada por estos ministros, hay un hecho ineludible, y es que la situación económica en general es bastante frágil. A pesar del relativo crecimiento económico experimentado por la economía costarricense, que se explica casi enteramente por la penetración de inversión extranjera directa, la situación estructural de Costa Rica ha llegado a un punto que puede ser cada vez más explosivo en su relación dinámica con la economía mundial; de la que es apenas uno de sus eslabones débiles. Es decir que si la recesión se profundiza en EE.UU., posiblemente disminuirá la recaudación por exportaciones, importaciones, además de los empleos que se sostienen por la relación con los capitales imperialistas.[3]
Es por lo anterior que no puede esperarse que el gobierno y la oposición burguesa se queden de brazos cruzados ante el rechazo del Plan Fiscal por la Sala Constitucional. Al contrario, aunque ni Chinchilla ni sus ministros quieren hablar de Plan B, es muy probable que ante la imposibilidad de crear nuevos tributos, intenten pasar a la ofensiva contra los trabajadores con planes de austeridad aún más virulentos, que involucrarían recortes presupuestarios, reformas laborales y despidos en el sector público y privado. Ese por lo menos es el segundo plan que ya ha dejado entrever La Nación, y que quería evitar Chinchilla apostando por un programa de ajuste de “baja intensidad”.
Entre los planes de ajuste de “baja intensidad” y la posibilidad de ajustes “a la europea” en Costa Rica
Hemos dicho que La Nación, vocero de un sector opuesto a la creación de nuevos impuestos tiene sus intereses particulares en el cuestionamiento de un eje concreto del programa de gobierno. Los intereses al parecer tienen que ver con un sector del empresariado que apuesta a que la crisis sea pagada íntegramente por los trabajadores públicos, y se niega a su vez a “medio financiar” al Estado para que éste pueda cumplir con sus gastos corrientes, y a su vez, seguir abasteciendo de recursos frescos a los “sectores productivos”.
No debe olvidarse que desde un flanco todavía más a la derecha, criticando la administración de Chinchilla los editorialistas de La Nación señalaron hace unos meses que, “a pesar de su retórica, el Gobierno –sin excepción– no ha querido practicar una verdadera reforma del Estado, como sí lo han hecho otros países cuya situación fiscal se ha hecho inmanejable, incluyendo Grecia, España e Italia, donde se recortó el empleo público y redujeron los salarios de los servidores para compensar años de expansión real que no se correspondía con los verdaderos recursos disponibles”, a consecuencia de los “altos salarios” de los trabajadores del sector público o la inversión social. Pero no solo esto, sino que de seguido este diario reclama que “El Ministerio de Hacienda ha dicho que no piensa tocar salarios ni el empleo actual en el sector público”,[4] instándolo con vehemencia a seguir el ejemplo de Grecia y de otros países donde se vienen aplicando medidas dramáticas de ajuste en contra de la clase obrera.
A no ser de que se presente la difícil eventualidad de que el gobierno apueste a establecer un impuesto progresivo a los grandes empresarios, a las zonas francas y a los capitales extranjeros para poder seguir financiando el Estado; se verá cada vez más obligado a los recortes presupuestarios y ajustes de una elevada intensidad para poder sostener los gastos corrientes y el financiamiento de “los sectores productivos”, de los empresarios.
Por eso hoy no es nada recomendable dedicarse a celebrar el fallo de la Sala Constitucional, sino que es necesario organizarse para enfrentar cualquier variable de ajuste y que la crisis en curso la paguen los capitalistas y sus representantes del gobierno.
Desde la LRS llamamos a movilizarnos trabajadores y estudiantes -independientemente de los bandos capitalistas en pugna- para archivar definitivamente el Plan Fiscal, en la perspectiva de enfrentar cualquier variante de ajuste, sea este por medio de impuestos, de alzas tarifarias o por medio de una “reforma del Estado” con ajustes a la europea, como puede verse ya en el ejemplo de Grecia, el Estado Español, Italia y en otros países donde la amenaza de bancarrota económica provocada por los banqueros, industriales y terratenientes se ha hecho permanente.
La lucha económica anterior, debe combinarse con la imposición de impuestos progresivos a los grandes capitalistas y al capital imperialista, sin descuidar la preparación de la nacionalización de todas las tierras de manera que sea posible poner todos los grandes latifundios y propiedades al servicio de los trabajadores, los campesinos pobres, y los miles de jóvenes condenados a no tener vivienda en este sistema basado en la explotación.
[1] El Financiero. 15/4/2012.
[2] La Nación. 23/3/2012.
[3] El Financiero. 15/4/2012.
[4] La Nación. 9/1/2012.
