En las últimas semanas circularon
gran cantidad de notas sobre la situación financiera del ICE, a partir de cifras
contables publicadas que reflejan por primera vez en la historia del instituto
una pérdida de poco más de ¢22 mil millones en la operación para el año 2011.
La “preocupación” de medios como La Nación apunta a dar un nuevo impulso a la
actual política de recortes de presupuesto y “austeridad” impulsada por el
gobierno y los principales partidos empresariales encabezados por el PLN, esta
vez directamente en el ICE.
En este sentido Chinchilla dijo que
el ICE debe “establecer políticas de optimización del manejo de los recursos,
especialmente en materia de recurso humano”[1]; Teófilo de
la Torre afirmó que “la planilla será afectada en la medida que sea necesario,
ya se han tomado una serie de acciones, como disminuir las horas extras y una
serie de pluses salariales”[2]; y por su parte el
ministro de Hacienda, Edgar Ayales, dijo que “El ICE va a seguir perdiendo
mercado, [y que] no puede seguir manteniendo empleados como si tuviera el 100%.
Hay que reconsiderar su tamaño, al menos en telefonía”.[3]
De esta forma están colocando en la
mira los puestos de trabajo de aproximadamente 9000 trabajadores que
actualmente mantienen una condición de “ocasionales” (interinos), entre los que
se incluyen cientos de obreros de los proyectos hidroeléctricos, al mismo
tiempo que unos 1500 trabajadores con más de 30 años de labores estarían
amenazados con mecanismos como el de la movilidad laboral. Todo esto mientras
se atenta contra derechos y garantías laborales como las anualidades que hoy
son negados a los trabajadores del sector privado por sus patrones.
Adicionalmente la reciente
“recomendación” del gobierno de que el ICE “debe buscar alianzas, socios u
otras formas para financiar sus grandes obras”[4] persigue sacar provecho de la coyuntura para
abrir las puertas a la figura de los “socios” e inversores privados, que en
perspectiva no sería otra cosa que allanar el camino para la privatización ya
sea en el sector eléctrico o en las telecomunicaciones mediante la “participación”
de empresarios.
La exigencia de apertura de los
libros contables en el ICE. Lo que no se dice sobre las pérdidas
Resultaría ingenuo asumir con
actitud indiferente el anuncio de las pérdidas en el ICE y creer ciegamente que
se origine en su planilla cuando solo la alta administración, el gobierno y
ciertos sectores empresariales tienen acceso total a la información contable,
a partir de la que puede conocerse el resultado de cada proyecto nuevo o
el origen y fin de cada una de las transacciones y operaciones que son
ejecutadas por las distintas gerencias.
Las figuras nombradas desde el
PLN en gobiernos como el de Oscar Arias y el de Chinchilla, no han
hecho más que una ruinosa y corrupta gestión apoyada en una multimillonaria
fuga de dinero por el derroche y negociaciones que privilegian a grandes
empresas; y todo esto sin duda con el “entorno de competencia” ha adquirido
nuevas dimensiones, lo cual vuelve más que nunca necesario exigir que sean
abiertos los libros contables del ICE a los trabajadores y al conjunto de
trabajadores usuarios de los servicios de telecomunicaciones y electricidad
para poner al descubierto las causas reales de la situación financiera actual.
Para citar algunos ejemplos vale la
pena mencionar los miles de millones de colones que han dejado de percibirse
por la interconexión que deben pagar operadores como Claro (de Carlos Slim) o
Telefónica a las redes e infraestructura del ICE, luego de que el
gobierno a través de la SUTEL impusiera tarifas por debajo de su costo real y
esto se ejecutara sin más por la alta administración; o la inversión en
distintos sistemas informáticos de dudosa utilidad y beneficio por cerca de
$270 millones (unos ¢135,000 millones) en el área de telecomunicaciones. Todo
esto sin mencionar las millonarias licitaciones y compras de equipos y
tecnologías que han constituido pérdidas recurrentes junto a otros gastos
millonarios como los salarios de los jerarcas, y los viajes, viáticos y
privilegios de que disponen y que siguen siendo completamente desconocidos.
Al mismo tiempo resulta paradójico
que mientras se anuncian a toda voz pérdidas y despidos, haya sido aprobada
recientemente por la ARESEP una rebaja de tarifas a solicitud de la propia
administración del ICE para que empresas como Intel, Holcim o Cemex paguen
un 16% menos en las tarifas de electricidad[5], mientras las familias trabajadoras deben
pagar cada vez más por este servicio básico.
Un plan de lucha contra la
implementación práctica de las leyes complementarias al TLC y la privatización
del ICE
La actual situación en el ICE es
parte de los efectos de las llamadas leyes complementarias al TLC, que en el
caso de las telecomunicaciones despejarían el camino a la privatización
completa del sector y la quiebra del instituto. El desmembramiento completo de
los servicios públicos de telecomunicaciones y su privatización con todas
las consecuencias que implica no es algo que haya sido completado, ni mucho
menos un hecho ya consumado como algunos sectores han insistido en hacer creer
tras la aprobación del TLC vía la trampa electoral del referéndum.
Hoy luchar en contra de los despidos
masivos de interinos y las medidas flexibilizadoras que atentan contra las
condiciones laborales, así como contra los recortes de presupuesto y las leyes
que impulsan la privatización, equivale a luchar contra la implementación en
los hechos de las leyes complementarias del TLC. Pero para ser efectiva debe
plantearse la unidad con el resto de trabajadores del sector público para
enfrentar los planes de "austeridad" y la Ley de Finanzas Públicas
que amenaza instituciones como la CCSS y las universidades públicas.
También debe incluir entre sus principales
demandas la salida de las empresas transnacionales como Claro y
Telefónica, y el traslado de sus recursos a manos del ICE al tiempo que sus
trabajadores pasen a formar parte de la planilla del instituto. De igual forma
es clave la lucha por la incorporación a planilla permanente de todos los
trabajadores subcontratados a través de otras empresas (obreros, técnicos de
electricidad y telefonía, misceláneos) incorporándolos a través de la organización
y la movilización conjunta.
Es
necesario ligarse lo más
estrechamente posible al grueso de los trabajadores del sector privado, y para
eso la lucha contra las leyes que impulsan la privatización en el sector
eléctrico debe vincularse a la pelea contra de las alzas tarifarias en los
servicios públicos, planteando la necesidad de luchar para que el ICE como
empresa estratégica sea puesto bajo control de los trabajadores y el
conjunto de usuarios de acuerdo a un plan nacional, donde tengan plena
participación todos los trabajadores urbanos y rurales así como los campesinos
pobres, en la definición de las prioridades de producción energética y la
prestación de servicios de telecomunicaciones; en lugar de la apertura y
la privatización que impulsan los gobiernos y empresarios.
Sólo es cuestión de tiempo para que
la situación dentro del ICE se agudice, y la derrota de los actuales planes de
ajuste dependerá enteramente de la movilización independiente de los
trabajadores del Instituto en conjunto con el grueso de la clase trabajadora en
el plano nacional.
LRS │LIGA DE LA REVOLUCION SOCIALISTA
[1] “ICE deberá poner finanzas en microscopio del gobierno”. La Nación. 27
de junio del 2012.
[2] “Empleados del ICE en incertidumbre ante posibles despidos”. La Prensa
Libre. 27 de junio de 2012.
[3] Ministro Ayales: “Hay que reconsiderar el tamaño del ICE”. Diario
Extra. 20 de junio del 2012.
[4] “ICE deberá buscar aliados para financiar proyectos futuros”. La Nación
29 de junio de 2012.
[5] “Aresep baja costo de luz a 4 grandes empresas”. La Nación. 14 de junio
de 2012.
