Por Bryan Brenes
A principios de julio un grupo de personas llamó desde Facebook a concentrarse en los parques centrales de cada provincia contra del gobierno de Chinchilla, con la intención de promover un “golpe de Estado simbólico”. Lo anterior amparándose en el “mal manejo de la administración pública” (corrupción) que carcome al gobierno liberacionista. Posteriormente a estos llamados (hechos por personas que siguen en el anonimato) dos ciudadanos se presentaron ante la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa para presentar un proyecto de Ley que consiste en reformar el artículo 121 de la Constitución Política para atribuir a los diputados la competencia de “Someter a juicio político sumario al presidente, vicepresidentes, ministros, presidentes ejecutivos, el contralor o el subcontralor”, al mejor estilo “paraguayo” u hondureño, como no deja de reconocer siquiera el diario derechista La Nación.[1]
Ni golpes de Estado blandos ni movimientos destituyentes desde las alturas
Es evidente que tanto los llamados “golpistas”, así como la entrada de proyectos de Ley “destituyentes” al Congreso se dirigen a preparar las condiciones tanto legales como a la propia opinión pública para la posibilidad de salidas como la que se suscitó en 2009 en Honduras con el derrocamiento de José Manuel Zelaya, o en 2012 con la destitución de Fernando Lugo en Paraguay; a pesar de las diferencias de país a país.
Lo que quizá sea necesario recordar es que en el caso hondureño el Ejército encabezado por el Coronel Romeo Vázquez Velázquez secuestró a Manuel Zelaya expulsándolo hacia Costa Rica en horas de la madrugada. Unas cuantas horas después de este hecho, el Congreso -amparado por el Vicepresidente Roberto Micheletti- daba a conocer una carta donde Zelaya supuestamente renunciaba a la Presidencia. Se trataba de un golpe de Estado cívico-militar, con participación destacada del Parlamento y las Fuerzas Armadas.
O quizá sea bueno recordar la experiencia reciente de Paraguay, donde después de la importante crisis política desatada por la muerte de alrededor de 11 campesinos que se enfrentaron a la policía en defensa de su derecho a la tierra, la derecha aliada con el Ejército acusó al Presidente como culpable de la crisis; utilizando una votación mayoritaria del Parlamento para destituir al Presidente Fernando Lugo, pidiendo también “juicio sumario” contra el ex gobernante.
Los casos anteriores se unieron a los intentos golpistas o “destituyentes” de Venezuela en 2002 o Bolivia en 2007 respectivamente, con la crisis política abierta en los departamentos de la Media Luna controlados por la derecha.
Estos fenómenos destituyentes se han desarrollado en el contexto de gobiernos que como el costarricense, han agudizado el enfrentamiento entre diversas fracciones burguesas o a lo interno de los propios partidos patronales, como se nota por ejemplo a nivel nacional con la rivalidad de varias tendencias dentro del PLN, donde se libran enfrentamientos fraccionales en varios niveles: por una parte del arismo en contra del gobierno de Chinchilla, criticándolo y atacándolo casi que a diario desde el Grupo Nación, dificultando la “gobernabilidad”; así como dentro del propio partido, con los hermanos Arias librando una verdadera refriega política en contra de Johnny Araya y más secundariamente contra Figueres Olsen.
Pero lo anterior solo refleja uno de los ángulos de las fricciones que comienzan a asomar en las relaciones entre los principales referentes de la burguesía, en este caso dentro del PLN, pues además de las pugnas en este partido, hay que tomar en cuenta la escisión del Movimiento Libertario con el “Partido de la Libertad” encabezado por Federico Malavassi, la crisis crónica dentro del PUSC, así como la declinación parlamentaria y mediática del PAC, para citar solo a los partidos empresariales más importantes del país.
El escenario político en las alturas se caracteriza por la fragmentación y la división entre el empresariado, y pareciera girar en torno a cómo afrontar un posible reinicio de la crisis capitalista y cómo hacérsela pagar a los trabajadores. Es por esto que quienes se oponen a la participación de Figueres en las elecciones de 2014, por citar un ejemplo, le reclaman que en su “plan país” no se hable siquiera de la “reforma del Estado”, donde se concentraría tanto el recorte de derechos democráticos, así como las medidas económicas para que los empresarios hagan nuevos negocios amparados por el Estado.
El gran estratega marxista León Trotsky decía que “En toda sociedad dividida en clases las contradicciones son tan numerosas que siempre es posible aprovechar las fisuras para urdir un complot”, y sostenía además que “se requiere cierto grado de enfermedad social como en España, en Portugal, en América del Sur para que la política de las conspiraciones pueda alimentarse constantemente.” Y alertando sobre el significado de estas “conspiraciones” y “golpes de Estado” señalaba que “En estado puro, la conspiración, aún en caso de victoria, sólo reemplazará camarillas de la misma clase dirigente o, menos aún, a unos gobernantes por otros.”[2]
Los planteos teóricos de Trotsky anteriormente citados retratan bastante bien una parte del pasado costarricense, donde los golpes de Estado fueron constantes durante la segunda mitad del siglo XIX y que se tradujeron a menudo en la sustitución de un coronel por otro en la administración del Estado, lo que desembocaba en regímenes de terror en contra de los peones rurales mayoritarios en ese período histórico. También, describen muy bien los primeros años del siglo XX cuando se dio el golpe de Estado de los hermanos Tinoco, que apoyándose en el descontento popular contra el gobierno “reformista” de Alfredo González Flores, instauraron un régimen de opresión y persecución especialmente contra los trabajadores públicos que ya contaban con un importante peso social para 1917.
No es casualidad que después de dos años de dictadura, en 1919, el descontento creciera a tal punto que se detonó la movilización encabezada por las profesoras del Liceo de Señoritas contra la dictadura, llegando a quemar el diario La Información (del oficialismo) y a detonar un importante proceso de oposición popular.
Pero los golpes de Estado en otras partes de Latinoamérica han demostrado aún más contundentemente que se pagan con sangre, torturas y muerte, como lo prueban los 30 mil compañeros asesinados en Argentina después del golpe militar del ‘76, los más de 10 mil muertos en Chile bajo Pinochet, así como los miles de luchadores asesinados en Brasil, Uruguay y Paraguay en los años ’70, en el marco de las abundantes dictaduras “anticomunistas” que hacían correr la sangre en Latinoamérica.
La política de los trotskistas de la LRS
Es partiendo de la experiencia histórica tanto costarricense como internacional que desde la LRS no estamos por sustituir desde las alturas un gobernante burgués por otro, por el “menos malo” o el más patriótico; más allá de la corrupción y el robo descarado por parte de ministros que no pagan impuestos, que utilizan los puestos públicos para contratar sus propias empresas en asesorías, o para el pillaje de recursos públicos tal y como ha sucedido con la construcción de la “Trocha 1856” paralela al Río San Juan.
Al contrario, somos partidarios de la acción y organización a gran escala de los trabajadores, campesinos pobres, estudiantes, o desempleados bajo sus propios métodos como las huelgas, las ocupaciones de tierra, las barricadas, así como las ocupaciones de fábricas ahí donde sea necesario; ya sea para destituir a los gobernantes corruptos, para conquistar el derecho a la tierra, al trabajo, o yendo más lejos, para construir consejos obreros que funcionen sobre la base de la democracia directa que apunten a convertirse en herramientas para hacer la revolución social y arrancarle el poder a la burguesía de conjunto, para construir una república obrera.
Pero no somos ingenuos: para luchar en el futuro por el poder obrero y la revolución social es necesario ir fogueándose en las luchas más elementales, que van desde la defensa de los derechos democráticos amenazados por ejemplo por la “Ley mordaza”, las leyes represivas que prohíben hacer grafitis en sitios públicos, el fortalecimiento policíaco del régimen costarricense, contra la entrada de los barcos de guerra yanquis a nuestras costas; hasta las luchas económicas más básicas, como por ejemplo contra la flexibilización laboral, contra los despidos, suspensiones o rebajas salariales en las empresas, o contra la Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, que pretende pasarle los costos del déficit fiscal a los trabajadores públicos.
Si no es dando estas batallas con una perspectiva estratégica, que trascienda el sindicalismo o el corporativismo gremial, al mismo tiempo que se impulsa el agrupamiento de los mejores y más conscientes luchadores obreros, estudiantiles y populares en un partido marxista (lo que no precisamente está reducido a montar la “estructura nacional” para el 2014 como hacen algunos grupos que hablan en nombre de “los trabajadores”) será imposible enfrentar consecuentemente a la derecha que comienza a llamar a las salidas extremas que abordamos en este artículo.
Es por todo lo anterior que desde nuestra agrupación revolucionaria llamamos a impulsar una gran campaña democrática en contra del fortalecimiento represivo del régimen, contra los intentos de hacer cambios desde las alturas y militarizar más el país; así como preparar la construcción de un partido de los trabajadores revolucionarios en Costa Rica como parte de la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Social (la IV Internacional), que condensa la experiencia histórica del marxismo-trotskista, y así facilitar su puesta en práctica en el país. Llamamos a los trabajadores conscientes, así como a los compañeros estudiantes más combativos y críticos a que construyamos juntos una organización revolucionaria, que esté preparada para intervenir decisivamente en los momentos álgidos de la lucha de clases que se avecinan.
[1] Editorial. Destitución de Funcionarios. La Nación. 28/7/2012.
[2] León Trotsky. La Historia de la Revolución Rusa, Tomo II. Editorial Galerna. 1972. pp. 576.
