La decisión, más que alegrar, es bastante preocupante, ya que EE.UU. utiliza de excusa el narcotráfico con tal de militarizar y reforzar el dominio geopolítico sobre Latinoamérica, lo que ha considerado históricamente como su “patio trasero”.
Este movimiento se suma al desplazamiento de tropas y equipo militar a la frontera con México desde 2010, a los más de 16 mil soldados apostados en Haití desde el terremoto de 2009, así como a las bases militares con que ya cuenta la potencia del norte en países como Colombia, Honduras o El Salvador; que más allá de que están fuertemente militarizados, son profundamente inseguros.
Hay que afirmar que por lo menos en el caso de Haití, el pueblo haitiano sigue padeciendo del hambre, la inseguridad y la violencia, a pesar de la estancia de las tropas de EE.UU. y la MINUSTAH. Mientras tanto en México, ya la “guerra contra el narcotráfico” promovida desde el Departamento de Estado Norteamericano y el gobierno mexicano ya alcanza la cifra de más de 60 mil muertos; al mismo tiempo que en Colombia, Honduras y El Salvador continúan los asesinatos selectivos contra dirigentes obreros, estudiantiles y sindicales con todo y la fuerte militarización de la sociedad.
La falsedad del discurso pacifista y de “defensa de la soberanía nacional”
La decisión del Congreso costarricense choca frontalmente con el discurso pacifista y de “soberanía nacional” que había venido apuntalando Chinchilla durante los últimos casi dos años (¡!) de intensa campaña chovinista en contra de Nicaragua alrededor de la Isla Calero y el Río San Juan. Es que si bien es cierto la señora Presidenta solicitaba a Managua “retirar las tropas de la Isla Calero” ya desde noviembre de 2010, en el marco de una cumbre extraordinaria de la OEA, no hace precisamente lo mismo con los barcos de guerra y los casi 7 mil soldados norteamericanos autorizados para ingresar a las costas nacionales; que más bien son presentados como defensores de la libertad y garantes de la democracia.
El ejército Norteamericano, como toda persona medianamente informada sabe, no es el mejor aliado, ni para “luchar contra el narcotráfico” –ya que el grueso del negocio está precisamente en suelo estadounidense-, ni mucho menos para que el gobierno pueda enarbolar las banderas del pacifismo o la “soberanía nacional”.
Afirmamos lo anterior por ser el Ejército de EE.UU la fuerza armada más poderosa del planeta, embarcada en verdaderas masacres recientemente perpetradas en Irak o Afganistán bajo el pretexto de la “guerra contra el terrorismo”; o en décadas anteriores, en “defensa de la democracia y la libertad” con la invasión a Vietnam, Corea e incluso con el intervencionismo en nuestros países latinoamericanos por medio del Plan Cóndor, que tenía como fin apoyar a las dictaduras de la región alineadas con Washington en la “lucha contra el comunismo”.
Es necesaria una campaña democrática: contra el ingreso de las tropas yanquis, contra el fortalecimiento represivo del régimen costarricense, y en defensa de las libertades democráticas más elementales
En 2010, frente a la aprobación del ingreso de barcos de guerra, desde la LRS impulsamos el “comité por la expulsión de las tropas” de EE.UU., junto a activistas independientes y otras agrupaciones. En ese momento hicimos numerosas reuniones, videoforos, así como pintadas y pegada de cientos de afiches en la UCR y otras universidades públicas. La limitante en aquel momento consistió esencialmente en que fue una campaña impulsada prácticamente en solitario por nuestro grupo, en el marco de la pasividad y la rutina electoral de la mayoría de agrupaciones de “izquierda”.
Ante lo anterior somos partidarios de construir comités obreros o estudiantiles por la expulsión de las tropas de EE.UU., desde los centros de trabajo, sindicatos, así como Universidades; que se dirijan a la movilización para expulsar al Ejército más sangriento de todos los tiempos de nuestras costas, así como para defender nuestros derechos democráticos más elementales, como el de la libertad de expresión, movilización, o denuncia de altos funcionarios públicos; todos puestos en riesgo por el régimen político de Chinchilla, que busca cubrirle la espalda a su gobierno frente a los abundantes fracasos descubiertos en esta primera etapa de administración.
En ese sentido, hacemos un llamado a los compañeros del PT, PRT, y demás organizaciones que se reivindican revolucionarias; a que impulsemos en primera fila y de forma conjunta una gran campaña en contra de la militarización, el fortalecimiento del aparato represivo y el creciente recorte de libertades democráticas básicas, cada vez más amenazadas por la política represiva del gobierno.
