Antes de iniciar, se proyectaron algunas imágenes como muestra del
fortalecimiento represivo que se observa cotidianamente en diversos lugares
públicos y que incluye las constantes “requisas” y retenes sin ningún tipo de
justificación en detrimento de libertades democráticas básicas.
De ahí que en el conflicto de Isla Calero se mostraran la preocupación y las presiones imperialistas para hacer frente al alineamiento de Nicaragua con países «adversos» a los Estados Unidos (como Rusia) que han estado tras el proyecto de un canal interoceánico alternativo al de Panamá.
China por su parte ha buscado incursionar en Latinoamérica y más recientemente en Centroamérica, utilizando las relaciones abiertas con Costa Rica –que las rompió con Taiwán-, o sea, en la principal área de influencia de los Estados Unidos. De ahí se explica el financiamiento creciente de la policía por parte de China, que va desde equipar de patrullas y equipos al gobierno hasta encargarse de construir una nueva academia policial.
Por esto afirmaba que la visita de Obama no es casual sino que tiene importancia geopolítica para Estados Unidos.
Para el caso de Costa Rica, añadía que esta dinámica se ha reflejado en dos escalas: una externa que se observa en el primer permiso de entrada de barcos de guerra en el 2010 (46 embarcaciones, con 7 mil soldados a bordo y cientos de aviones de combate); y una más interna que pasa por el creciente fortalecimiento de la policía y el aparato represivo.
Mencionaba como una expresión de esta tendencia la aprobación en el parlamento de la Ley Antiterrorista en el año 2009 (dos años después de las masivas movilizaciones contra el TLC), utilizada para perseguir y criminalizar a los indígenas Mapuche en Chile y a los movimientos sociales en Argentina. Además, tal como habían revelado los cables de Wikileaks, en medio de esa importante lucha el gobierno estadounidense asesoraba y coordinaba con la Fuerza Pública diversos aspectos logísticos para el control de las movilizaciones; lo que se combina con el entrenamiento que hasta la fecha reciben los cuerpos represivos en la escuela militar de Isla Murciélago por parte del ejército de Estados Unidos.
En la lista de ejemplo más recientes, además de la renovación del permiso de entrada a las embarcaciones militares a finales del año 2012, incluyó el desembarco de soldados norteamericanos en el sector de Parrita encubriéndose bajo aparente ayuda humanitaria y asistencia médica, y la creciente firma de acuerdos en capacitación y asesoramiento para la policía con Colombia y con cuerpos represivos como los Carabineros de Chile o los Mossos d’Esquadra del Estado Español. Además del mayor equipamiento de la Fuerza Pública como muestra la multimillonaria compra de dos helicópteros a los Estados Unidos en los últimos meses.
En este marco se ha operado la reciente represión en Siquirres sobre los trabajadores de Finca Matas de Costa Rica; y durante el año pasado frente a la lucha contra la privatización de los muelles en Moín y las luchas de Curubandé de Liberia y Medio Queso; con el corolario de la represión del 8 de noviembre.
Así se ha venido configurado un dispositivo para la criminalización de la protesta que incluye la Ley Antiterrorista, la Ley Mordaza, la autorización de escuchas telefónicas (con la excusa “del combate al narcotráfico”) y la campaña contra los bloqueos y la protesta alentada por el gobierno desde el año pasado. Como parte de este dispositivo recientemente la Sala Constitucional dio el visto bueno ingreso del OIJ a la UCR; al tiempo que han quedado al descubierto métodos de espionaje sobre el movimiento social, que llevan a cabo policías infiltrados como el de la DIS en el conflicto de Finca Matas de Costa Rica.
Los objetivos internos de la militarización en Costa Rica
Cerrando la exposición, mencionaba que toda la escalada represiva se enmarca en una crisis extendida en la gobernabilidad política que ha llevado a Chinchilla a intentar legitimarse por la vía de la fuerza para imponer una relación de fuerzas favorable que le permita avanzar en proyectos como el recorte al salario de los trabajadores públicos e impulsar las reformas laborales necesarias para flexibilizar los términos de contratación entre los empresarios privados y los trabajadores. A la vez persigue mantener y de ser posible profundizar la estructura latifundista que prevalece en el país, especialmente en las zonas rurales como Los Chiles (donde se localiza el conflicto de Medio Queso) o Curubandé de Liberia.
La imposición de la llamada “reforma del Estado” también es parte de estos planes que vienen planteando distintos sectores del empresariado nacional y que viene a actualizar el curso neoliberal tomado desde la negociación del primer PAE; apuntando a eliminar las instituciones que ya “no son rentables” para el Estado, incluidas insólitamente el ICE, la CCSS, el CNP, entre otras.
Como conclusión, Brenes planteaba que a partir de todo lo anterior es que Chinchilla y el PLN necesitan incrementar el grado de control social sobre los trabajadores y la juventud, en un país donde el descontento popular es creciente.
Al final de la actividad hubo un importante intercambio con los compañeros que asistieron sobre diversos aspectos del fortalecimiento represivo y las perspectivas para enfrentarlo.
