BCIE: una verdadera piñata de los empresarios y el gobierno

Por Mikhail Bodrov

En las últimas semanas se ha desatado un escándalo a lo interno del gobierno respecto a la contratación de 84 asesorías que fueron financiadas con un fondo de $2 millones correspondientes a una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE),[1] además, las asesorías involucran otro millón y medio de dólares “donados” por la República de Taiwán.
Entre las figuras físicas y jurídicas contratadas en las asesorías se encuentran la sociedad Mitchell & Young, de la vocera de Oscar Arias, Michelle Mitchell; un exmagistrado de la Sala IV: Carlos Arguedas; la Exdefensora de los Habitantes Sandra Pisk; el Ex ministro de Justicia Fabian Volio; entre otros conocidos políticos empresariales. Además se destinaron pagos a “asesorías” efectuadas por el mensajero y la asistente de Ana María Herrera, directora de Relaciones Externas del despacho presidencial; también un músico esposo de Viviam Quesada -cercana funcionaria del gobierno- salió beneficiado; también la jefa de Protocolo de Oscar Arias en su primer gobierno, Ana Ross Góngora. Además de lo anterior, se destinó parte de los presupuestos incluso para realizar algunos “retoques” a los pisos de la Casa Presidencial.[2] Ante los inevitables cuestionamientos, y las fricciones entre fracciones burguesas por la mala utilización (robo) de los recursos públicos, los hermanos Arias Sánchez han respondido que esos fondos nunca tuvieron como destino las necesidades de los trabajadores y el pueblo pobre, reflejando de alguna manera qué se haya detrás de los fondos del BCIE.

La realidad detrás de los fondos del BCIE
Medios como La Nación (uno de los principales diarios de la burguesía nacional) o Canal 7, secundados por partidos empresariales como el PAC, han centrado el asunto en un simple manejo inadecuado de fondos, pero el tema de fondo va más allá. El BCIE surgió hace ya varias décadas con objetivos similares a los del FMI o el Banco Mundial, al igual que sus organismos hermanos a nivel internacional, esta entidad se ha caracterizado por ser un ente más de expoliación de recursos económicos de los pueblos trabajadores centroamericanos, al que los representantes de las burguesías en el poder han solicitado cuantiosos préstamos como respaldos a sus negocios, ocultándolos tras “iniciativas” de combate a la pobreza (por ejemplo financiando a empresarios “para el fomento del empleo” como es el caso de los familiares del director del BCIE en Costa Rica, Alfredo Ortuño)[3], o aprovechándose de los desequilibrios que la burguesía genera en su afán de ganancias, como se deja ver en el ofrecimiento de líneas de crédito millonarias “para que los gobiernos puedan enfrentar la crisis alimentaria”.
Más que una donación, los $2 millones de dólares entregados por el BCIE, son tan sólo una bonificación entregada a la fracción de clase burguesa que gobierna el país desde la Casa Presidencial, tal y como se la daría una empresa a cualquier “cliente frecuente”. Montos muy por encima de esa suma han sido pagados al BCIE con los recursos que la clase trabajadora ha generado durante décadas, y que en lugar de destinarse a resolver las necesidades de los trabajadores y sus familias como pueden ser mejorar la infraestructura vial de nuestro país (cuya vulnerabilidad se comprobó con los efectos de la tormenta “Alma”), a fortalecer la vulnerable producción agrícola en un contexto de crisis alimentaria mundial, o a dar un techo digno a miles de familias que viven en tugurios y bajo puentes; van a dar a los bolsillos de los agentes del empresariado en el aparato estatal tal y como se ha visto en este caso.[4] La salida ante todo esto pasa por que los recursos millonarios que posee el BCIE sean nacionalizados y sus distintas posesiones expropiadas tanto en Costa Rica como en el resto de países centroamericanos. Estos fondos, que son generados por los trabajadores deben estar destinados a satisfacer sus diversos intereses, tales como facilitar la accesibilidad a vivienda, mejores servicios de salud, educación, recreación, etc. A su vez los trabajadores pueden con estos recursos apoyar a los campesinos pobres, pequeños productores y pequeños comerciantes. Satisfacer estos intereses es precisamente lo que los políticos de la burguesía ni por asomo pretenden llevar a cabo; a estos corruptos lo que los trabajadores podemos ofrecerles es una estadía en cárceles comunes para ellos y para los empresarios a los que representan y día a día lucran con el trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras.

[1] La Nación. “BCIE admite pago de 84 asesorías el Presidencia”3 de julio del 2008.
[2] La Nación. “Mensajero, músico y mecánico entre los “consultores” del BCIE”. 4 de julio del 2008
[3] La Nación. “BCIE financia zona franca a familia de directivo tico”. 7 de julio del 2008.
[4] Peor aún, se destinan los recursos a fortalecer los aparatos represivos (Fuerza Pública, DIS, OIJ, etc) que los mantienen en el poder parasitando día a día sobre las fuerzas de los trabajadores, tal como lo dejan ver los ¢21.000 millones de colones destinados (sólo en el transcurso de este año) para la contratación de miles de policías, agentes, construcción de cárceles, entre otros aspectos destinados a la represión de las luchas que vaya a protagonizar la clase trabajadora, por estos “desvíos” esta última termina cargando con las deudas.

En la foto Fernando Zumbado (Ministro de la Vivienda y Asentamientos Humanos) desayuna "arroz con aguacate" en un populoso tugurio de Pavas, Cantón de San José.
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“Ministro de los pobres” sale por escándalo con fondos del BCIE"
El 9 de julio anterior, fue anunciada la salida temporal del ministro de vivienda Fernando Zumbado de ese cargo, quien al igual que muchas otras prominentes figuras del régimen, son parte del escándalo con recursos provenientes del BCIE. En el caso de Zumbado se le señala como responsable de un mal manejo de $1.5 millones que supuestamente se destinarían a 600 familias pobres del sector de Pavas. Al respecto el presidente Arias manifestó: “Aceptar su decisión con la comprensión de un amigo y la aprobación de un Presidente”. Exclamaciones similares había realizado ya Óscar Aras ante la salida de Kevin Casas el año pasado, o ante la reciente salida del ex Ministro de Seguridad Fernando Berrocal.
La salida de Zumbado, se da apenas meses después de que este Ministro se quedara a dormir una noche en un tugurio de Pavas, lo que venía utilizando descaradamente a nivel mediático para dar la imagen de ministro filantrópico y “popular”. Como se ve, haber dormido en un tugurio no le sirvió para ocultar los verdaderos negociazos que venía haciendo a escondidas con la plata destinada para la vivienda de los trabajadores y el pueblo pobre. Es que no estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando de que por ejemplo 315.000 dólares fueron a parar directamente a las manos de Zumbado y sus amigos, es decir 164.430.000 colones fueron a parar a manos de esta mafia.
El procedimiento de los hermanos Arias, de separar del cargo a cualquier funcionario que resulta descubierto en escándalos de corrupción, desactivar la tensión abierta entre las distintas fracciones burguesas con el fin de evitar complicaciones mayores a sus planes, en un contexto donde aún están en vía de aprobación los proyectos complementarios al TLC, las distintas “medidas” ante las problemáticas internacionales (crisis financiera internacional y las crisis alimentaria y energética) y otros proyectos claves para asegurar estabilidad a los distintos negocios del empresariado en Costa Rica. También, y no es de subestimar, el gobierno utiliza esta táctica repetidamente posiblemente con el fin de no activar la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo; que incluso ya se habían movilizado contra los viejos escándalos de corrupción con el préstamo español y finlandés durante el pasado gobierno de Abel Pacheco.