Es necesaria una gran campaña para evitar la entrada de barcos de guerra yanquis a Costa Rica

A mediados de junio fue aprobado en el Congreso costarricense el permiso para la entrada de 46 barcos de guerra de los Estados Unidos en aguas nacionales bajo la idea de la “lucha contra el narcotráfico”.

La decisión, más que alegrar, es bastante preocupante, ya que EE.UU. utiliza de excusa el narcotráfico con tal de militarizar y reforzar el dominio geopolítico sobre Latinoamérica, lo que ha considerado históricamente como su “patio trasero”.

Este movimiento se suma al desplazamiento de tropas y equipo militar a la frontera con México desde 2010, a los más de 16 mil soldados apostados en Haití desde el terremoto de 2009, así como a las bases militares con que ya cuenta la potencia del norte en países como Colombia, Honduras o El Salvador; que más allá de que están fuertemente militarizados, son profundamente inseguros.

Hay que afirmar que por lo menos en el caso de Haití, el pueblo haitiano sigue padeciendo del hambre, la inseguridad y la violencia, a pesar de la estancia de las tropas de EE.UU. y la MINUSTAH. Mientras tanto en México, ya la “guerra contra el narcotráfico” promovida desde el Departamento de Estado Norteamericano y el gobierno mexicano ya alcanza la cifra de más de 60 mil muertos; al mismo tiempo que en Colombia, Honduras y El Salvador continúan los asesinatos selectivos contra dirigentes obreros, estudiantiles y sindicales con todo y la fuerte militarización de la sociedad.

La falsedad del discurso pacifista y de “defensa de la soberanía nacional”

La decisión del Congreso costarricense choca frontalmente con el discurso pacifista y de “soberanía nacional” que había venido apuntalando Chinchilla durante los últimos casi dos años (¡!) de intensa campaña chovinista en contra de Nicaragua alrededor de la Isla Calero y el Río San Juan. Es que si bien es cierto la señora Presidenta solicitaba a Managua “retirar las tropas de la Isla Calero” ya desde noviembre de 2010, en el marco de una cumbre extraordinaria de la OEA, no hace precisamente lo mismo con los barcos de guerra y los casi 7 mil soldados norteamericanos autorizados para ingresar a las costas nacionales; que más bien son presentados como defensores de la libertad y garantes de la democracia.

El ejército Norteamericano, como toda persona medianamente informada sabe, no es el mejor aliado, ni para “luchar contra el narcotráfico” –ya que el grueso del negocio está precisamente en suelo estadounidense-, ni mucho menos para que el gobierno pueda enarbolar las banderas del pacifismo o la “soberanía nacional”.

Afirmamos lo anterior por ser el Ejército de EE.UU la fuerza armada más poderosa del planeta, embarcada en verdaderas masacres recientemente perpetradas en Irak o Afganistán bajo el pretexto de la “guerra contra el terrorismo”; o en décadas anteriores, en “defensa de la democracia y la libertad” con la invasión a Vietnam, Corea e incluso con el intervencionismo en nuestros países latinoamericanos por medio del Plan Cóndor, que tenía como fin apoyar a las dictaduras de la región alineadas con Washington en la “lucha contra el comunismo”.

Es necesaria una campaña democrática: contra el ingreso de las tropas yanquis, contra el fortalecimiento represivo del régimen costarricense, y en defensa de las libertades democráticas más elementales

En 2010, frente a la aprobación del ingreso de barcos de guerra, desde la LRS impulsamos el “comité por la expulsión de las tropas” de EE.UU., junto a activistas independientes y otras agrupaciones. En ese momento hicimos numerosas reuniones, videoforos, así como pintadas y pegada de cientos de afiches en la UCR y otras universidades públicas. La limitante en aquel momento consistió esencialmente en que fue una campaña impulsada prácticamente en solitario por nuestro grupo, en el marco de la pasividad y la rutina electoral de la mayoría de agrupaciones de “izquierda”.

Ante lo anterior somos partidarios de construir comités obreros o estudiantiles por la expulsión de las tropas de EE.UU., desde los centros de trabajo, sindicatos, así como Universidades; que se dirijan a la movilización para expulsar al Ejército más sangriento de todos los tiempos de nuestras costas, así como para defender nuestros derechos democráticos más elementales, como el de la libertad de expresión, movilización, o denuncia de altos funcionarios públicos; todos puestos en riesgo por el régimen político de Chinchilla, que busca cubrirle la espalda a su gobierno frente a los abundantes fracasos descubiertos en esta primera etapa de administración.

En ese sentido, hacemos un llamado a los compañeros del PT, PRT, y demás organizaciones que se reivindican revolucionarias; a que impulsemos  en primera fila y de forma conjunta una gran campaña en contra de la militarización, el fortalecimiento del aparato represivo y el creciente recorte de libertades democráticas básicas, cada vez más amenazadas por la política represiva del gobierno.

Sobre la represión de la huelga portuaria y la política de la izquierda hacia los cuerpos represivos

Por David Torres

Hace ya varias semanas los trabajadores portuarios de Limón llevaron a cabo una huelga que incluyó la paralización y toma de los muelles,  generando una importante resonancia en la provincia, mostrada en los numerosos bloqueos y barricadas que grupos de jóvenes y pobladores realizaron en distintos puntos.

Transcurrido apenas un día de lucha, en el marco de un gran operativo, más de 500 policías encabezados por la DIS tomaron los muelles y se encargaron de reprimir las protestas de los siguientes días, tal como ocurrió en la comunidad Pocora; en donde los vecinos se habían levantado en contra del aumento de más de 50% en sus tarifas del agua.

Con estos hechos, la represión se llevó a cabo a nueva escala, planteando un peligroso precedente ante acciones como las tomas  y los bloqueos; por lo cual creemos que más allá de la política conciliadora de la burocracia de SINTRAJAP que entregó la lucha (apenas un día después de la ocupación de los muelles), la huelga de los trabajadores portuarios plantea la necesidad de reflexionar sobre la represión y la política planteada desde los grupos que se reivindican de la izquierda trotskista, concretamente el PT que dirige la FEUCR  y el PRT que tiene presencia en la dirección del SINDEU.

Algunos aspectos tácticos…

A casi una semana de iniciada la huelga, desde la FEUCR se convocó a una reunión para coordinar acciones de solidaridad con la lucha en los muelles; lo que si bien fue algo bastante positivo en sí mismo, terminó siendo limitado ya que no resultó en acuerdos que rompieran con la dinámica de pasividad e indiferencia en la principal Universidad del país ante la represión perpetrada por el gobierno en Limón.

Desde la LRS propusimos iniciar una convocatoria a lo interno de la universidad que fuera sostenida en primer lugar por la FEUCR en conjunto con el SINDEU con el objetivo de movilizar compañeros a Limón como forma de solidaridad ante la creciente represión. Lo que llama la atención es que más allá de los aspectos logísticos o tácticos que puedan discutirse, se generó una abierta negativa de parte de algunos miembros de la dirección del PT (que se hicieron presentes en el local de la Federación) y un abierto silencio en los militantes del PRT presentes, aun teniendo ya  varios días de iniciada la represión y sin la certeza de que fuera a cerrarse la lucha ya que más bien tendían a multiplicarse las acciones callejeras.

Más allá de que una pequeña delegación de “dirigentes” viajara a Limón días antes de esta reunión para dar un apoyo “simbólico”, o más allá de que varios militantes participaran de un piquete en solidaridad con la lucha en el Caribe, ninguno de estos grupos aprovechó de forma mínima sus posiciones en los aparatos mencionados para impulsar un gran despliegue (convocatoria, propaganda, etc.) en solidaridad con los trabajadores muelleros, que sirviera para evidenciar y denunciar la represión y el fortalecimiento de los cuerpos represivos que ha venido impulsando el gobierno desde hace meses.

Ni siquiera en los comunicados que circularon[1] se hace una condena expresa de la policía o se menciona una palabra sobre el rol que cumple dentro de la institucionalidad burguesa, y esto creemos no es ningún descuido u olvido casual. 

… derivados de una concepción estratégica

La indiferencia sobre este tema creemos que responde a una concepción estratégica de ambos grupos acerca de lo que realmente representan los cuerpos represivos; posiciones que posiblemente las respectivas direcciones ocultan o evaden discutir seriamente con compañeros honestos que militan en estas organizaciones. Este procedimiento, creemos que lo hacen porque a pesar de hablar en nombre del trotskismo, las posiciones de estos grupos respecto a la policía, poco o nada tienen que ver con el propio Trotsky.

Hace ya varios meses discutíamos con el PRT acerca de su peligrosa política de buscar “construirse” en el plano sindical dentro de la policía, como si de un sector de trabajadores se tratara y llegando al extremo de introducir policías en reuniones del movimiento obrero y popular[2]. Esta orientación los ha llevado a impulsar el SIPO, sindicato que agrupan dentro de la “clasista” CGT, y desde el cual se clama por mejores “condiciones de trabajo” para los “compañeros” represores, lo cual perfectamente puede abarcar desde armas y equipo para la represión, hasta campos de entrenamiento y capacitación profesionalizada, como la que hoy recibe la policía por parte de los carabineros chilenos, hijos de la dictadura de Pinochet y piezas clave en la represión de la gran lucha estudiantil del año pasado.
Sin embargo hay que reconocer que la orientación del PRT es consecuente con la de la corriente internacional de la cual son simpatizantes: la LIT; cuyo principal grupo (el PSTU de Brasil) impulsa dentro de CONLUTAS la convivencia de trabajadores con los mismos policías que hoy realizan prácticamente un genocidio de la juventud negra en las favelas brasileñas bajo el amparo de la ya harto conocida política de “lucha contra el narcotráfico”.

De hecho en los primeros meses del año en Brasil el PSTU acompañó las “huelgas” policiales de Bahía y Río de Janeiro, en la que el mismo cuerpo policial que había reprimido la ocupación de Pinheirinho salía a exigir aumentos salariales.  Contra esta política reaccionaria polemizaban hace pocos meses nuestros compañeros de la LER-QI de Brasil[3], retomando la caracterización marxista sobre el carácter de la policía y los cuerpos represivos, una  institución cuya función no es otra que reprimir a la clase trabajadora en aras de defender la propiedad privada de la burguesía y su régimen.

El PT precisamente es la sección reconocida por la LIT en el país, de lo cual puede deducirse por qué evitan denunciar el carácter de la policía dentro del régimen burgués aunque sea de paso, al tiempo que eluden enfrentar  consecuentemente a los represores en situaciones como la de Limón (organizando grandes campañas en las universidades por ejemplo), pues esto implicaría entrar en choque con los “trabajadores” que su corriente internacional acuerpa y defiende en los hechos, partiendo de una concepción completamente alejada de las lecciones transmitidas por Trotsky,  luego de años de luchas desde las trincheras del marxismo revolucionario.


Una discusión que no se puede dejar pasar ante el creciente endurecimiento represivo del régimen

No se trata de discutir sobre la represión del gobierno en Limón como un hecho aislado, sino en el marco de una política de fortalecimiento de la policía y los cuerpos represivos,  sostenida por parte del gobierno desde hace meses, y que ha tenido su expresión también en la represión sufrida por los campesinos pobres de Medio Queso o los mismos vendedores ambulantes a manos de Johnny Araya en San José; pero que más allá del escenario nacional es parte de una orientación preventiva de los distintos gobiernos y empresarios a nivel mundial ante la posibilidad de un ascenso de la lucha de clases.

Las nuevas leyes represivas impulsadas por Chinchilla y su gabinete que amenazan libertades básicas elementales, apuntan a un endurecimiento creciente del régimen precisamente cuando los planes de ajuste y los recortes presupuestarios por los que claman los empresarios para el sector público se combinan con los anuncios de desaceleración de la economía al calor de la crisis capitalista mundial, de los que ya se desprenden nuevas amenazas de despidos y medidas antiobreras sobre los trabajadores del sector privado.

De esto deriva la necesidad que quienes nos reivindicamos trotskistas sostengamos una política consecuente anclada en los principios más básicos del marxismo y su caracterización del régimen burgués y sus instituciones partiendo de la experiencia histórica; que comience por denunciar la política represiva del gobierno y ponga todos los recursos a su alcance en la defensa de las luchas obreras y populares que muy posiblemente comiencen a desarrollarse en el próximo período.

Invitamos a los compañeros de ambas organizaciones a reflexionar en ese sentido.


[1] En el caso del PRT, ni siquiera publicó una posición propia al respecto sino que se limitó a reproducir un comunicado de la CGT en el que la única denuncia explícita era la de la “actitud antidemocrática del gobierno”, atenuando incluso el papel de la policía “en la capital” por acostumbrar dar aviso antes de desalojar manifestantes (¡!). Como si esto modificara el rol de reprimir cualquier lucha que atente contra los intereses capitalistas.

[2] Brenes, Bryan, “Una polémica necesaria con el PRT sobre la policía y los cuerpos represivos”, ECR Nº17, Octubre del 2010.

[3] Ventura, Leandro, “Debate con la izquierda y el PSTU (LIT) a propósito de las huelgas policiales”, en www.ft-ci.org

La situación en el ICE y la urgencia de un plan de lucha para enfrentar los planes de ajuste

En las últimas semanas circularon gran cantidad de notas sobre la situación financiera del ICE, a partir de cifras contables publicadas que reflejan por primera vez en la historia del instituto una pérdida de poco más de ¢22 mil millones en la operación para el año 2011. La “preocupación” de medios como La Nación apunta a dar un nuevo impulso a la actual política de recortes de presupuesto y “austeridad” impulsada por el gobierno y los principales partidos empresariales encabezados por el PLN, esta vez  directamente en el ICE. 

En este sentido Chinchilla dijo que el ICE debe “establecer políticas de optimización del manejo de los recursos, especialmente en materia de recurso humano”[1];  Teófilo de la Torre afirmó que “la planilla será afectada en la medida que sea necesario, ya se han tomado una serie de acciones, como disminuir las horas extras y una serie de pluses salariales”[2]; y por su parte el ministro de Hacienda, Edgar Ayales, dijo que “El ICE va a seguir perdiendo mercado, [y que] no puede seguir manteniendo empleados como si tuviera el 100%. Hay que reconsiderar su tamaño, al menos en telefonía”.[3]

De esta forma están colocando en la mira los puestos de trabajo de aproximadamente 9000 trabajadores que actualmente mantienen una condición de “ocasionales” (interinos), entre los que se incluyen cientos de obreros de los proyectos hidroeléctricos, al mismo tiempo que unos 1500 trabajadores con más de 30 años de labores estarían amenazados con mecanismos como el de la movilidad laboral. Todo esto mientras se atenta contra derechos y garantías laborales como las anualidades que hoy son negados a los trabajadores del sector privado por sus patrones.

Adicionalmente  la reciente “recomendación” del gobierno de que el ICE “debe buscar alianzas, socios u otras formas para financiar sus grandes obras”[4] persigue sacar provecho de la coyuntura para abrir las puertas a la figura de los “socios” e inversores privados, que en perspectiva no sería otra cosa que allanar el camino para la privatización ya sea en el sector eléctrico o en las telecomunicaciones mediante la “participación” de empresarios.

La exigencia de apertura de los libros contables en  el ICE. Lo que no se dice sobre las pérdidas

Resultaría ingenuo asumir con actitud indiferente el anuncio de las pérdidas en el ICE y creer ciegamente que se origine en su planilla cuando solo la alta administración, el gobierno y ciertos sectores empresariales tienen acceso total a la información contable,  a partir de la que puede conocerse el resultado de cada proyecto nuevo o el origen y fin de cada una de las transacciones y operaciones que son ejecutadas por las distintas gerencias.

Las figuras nombradas desde el  PLN en gobiernos como el de Oscar Arias y el de Chinchilla, no han hecho más que una ruinosa y corrupta gestión apoyada en una multimillonaria fuga de dinero por el derroche y negociaciones que privilegian a grandes empresas; y todo esto sin duda con el “entorno de competencia” ha adquirido nuevas dimensiones, lo cual vuelve más que nunca necesario exigir que sean abiertos los libros contables del ICE a los trabajadores y al conjunto de trabajadores usuarios de los servicios de telecomunicaciones y electricidad para poner al descubierto las causas reales de la situación financiera actual.

Para citar algunos ejemplos vale la pena mencionar los miles de millones de colones que han dejado de percibirse por la interconexión que deben pagar operadores como Claro (de Carlos Slim) o Telefónica a las redes e infraestructura del ICE,  luego de que el gobierno a través de la SUTEL impusiera tarifas por debajo de su costo real y esto se ejecutara sin más por la alta administración; o la inversión en distintos sistemas informáticos de dudosa utilidad y beneficio por cerca de $270 millones (unos ¢135,000 millones) en el área de telecomunicaciones. Todo esto sin mencionar las millonarias licitaciones y compras de equipos y tecnologías que han constituido pérdidas recurrentes junto a otros gastos millonarios como los salarios de los jerarcas, y los viajes, viáticos y privilegios de que disponen y que siguen siendo completamente desconocidos.

Al mismo tiempo resulta paradójico que mientras se anuncian a toda voz pérdidas y despidos, haya sido aprobada recientemente por la ARESEP una rebaja de tarifas a solicitud de la propia administración del ICE para que empresas como Intel, Holcim o Cemex paguen un 16% menos en las tarifas de electricidad[5], mientras las familias trabajadoras deben pagar cada vez más por este servicio básico.

Un plan de lucha contra la implementación práctica de las leyes complementarias al TLC y la privatización del ICE

La actual situación en el ICE es parte de los efectos de las llamadas leyes complementarias al TLC, que en el caso de las telecomunicaciones despejarían el camino a la privatización completa del sector y la quiebra del instituto. El desmembramiento completo de los servicios públicos de telecomunicaciones  y su privatización con todas las consecuencias que implica no es algo que haya sido completado, ni mucho menos un hecho ya consumado como algunos sectores han insistido en hacer creer  tras la aprobación del TLC vía la trampa electoral del referéndum.

Hoy luchar en contra de los despidos masivos de interinos y las medidas flexibilizadoras que atentan contra las condiciones laborales, así como contra los recortes de presupuesto y las leyes que impulsan la privatización, equivale a luchar contra la implementación en los hechos de las leyes complementarias del TLC. Pero para ser efectiva debe plantearse la unidad con el resto de trabajadores del sector público para enfrentar los planes de "austeridad" y la Ley de Finanzas Públicas que amenaza instituciones como la CCSS y las universidades públicas.

También debe incluir entre sus principales demandas la salida de las empresas transnacionales como Claro y Telefónica, y el traslado de sus recursos a manos del ICE al tiempo que sus trabajadores pasen a formar parte de la planilla del instituto. De igual forma es clave la lucha por la incorporación a planilla permanente de todos los trabajadores subcontratados a través de otras empresas (obreros, técnicos de electricidad y telefonía, misceláneos) incorporándolos a través de la organización y la movilización conjunta.

Es necesario ligarse lo más estrechamente posible al grueso de los trabajadores del sector privado, y para eso la lucha contra las leyes que impulsan la privatización en el sector eléctrico debe vincularse a la pelea contra de las alzas tarifarias en los servicios públicos, planteando la necesidad de luchar para que el ICE como empresa estratégica sea puesto bajo control de los trabajadores y el conjunto de usuarios de acuerdo a un plan nacional, donde tengan plena participación todos los trabajadores urbanos y rurales así como los campesinos pobres, en la definición de las prioridades de producción energética y la prestación de servicios de telecomunicaciones; en lugar de la apertura  y la privatización que impulsan los gobiernos y empresarios.

Sólo es cuestión de tiempo para que la situación dentro del ICE se agudice, y la derrota de los actuales planes de ajuste dependerá enteramente de la movilización independiente de los trabajadores del Instituto en conjunto con el grueso de la clase trabajadora en el plano nacional.

 LRS │LIGA DE LA REVOLUCION SOCIALISTA

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[1] “ICE deberá poner finanzas en microscopio del gobierno”. La Nación. 27 de junio del 2012.

[2] “Empleados del ICE en incertidumbre ante posibles despidos”. La Prensa Libre. 27 de junio de 2012.

[3]  Ministro Ayales: “Hay que reconsiderar el tamaño del ICE”. Diario Extra. 20 de junio del 2012.

[4] “ICE deberá buscar aliados para financiar proyectos futuros”. La Nación 29 de junio de 2012.

[5] “Aresep baja costo de luz a 4 grandes empresas”. La Nación. 14 de junio de 2012.

El rol de las burocracias sindicales en el ICE

Aunque las políticas que hoy amenazan las condiciones y derechos laborales de miles de trabajadores ya eran anunciadas desde hace varios meses por medio de distintas directrices de “austeridad” giradas por los jerarcas del ICE a partir de las instrucciones del propio gobierno, lamentablemente la prioridad de los dirigentes sindicales no ha sido organizar seriamente la lucha sino más bien postergarla lo más posible.

 Su actividad ha estado centrada en recurrentes reuniones para “asesorar” y “aconsejar” a la Presidencia Ejecutiva (incluido el corrupto Eduardo Doryan en su momento) y el Consejo Directivo, o sea, los mismos que hoy quieren descargar sobre las espaldas de los trabajadores las consecuencias de años de corrupción, derroche y privilegios a los grandes empresarios. Esto sin mencionar la reunión que hace escasas semanas mantuvieron Fabio Chaves y el resto de dirigentes del FIT durante largashoras con Laura Chinchilla “para intercambiar opiniones sobre el ICE” luego de la cual llamaba a entablar un “diálogo nacional”[1], como si no fuera desde el gobierno y el PLN de donde surgen principalmente las políticas contra las que hoy hace falta luchar como la llamada Ley de Contingencia Eléctrica que amenaza al sector eléctrico.

 Por otra parte, dirigentes como Jorge Arguedas de Anttec no han tenido problema en mantener alianzas con partidos empresariales como el PAC o el PUSC (a través de Luis Fishman), que han sido precisamente impulsores de la “austeridad” y los recortes presupuestarios en el sector público. A su vez el Frente Amplio, con el que tiene afinidad la dirigencia de ASDEICE, ha estado aliado a estos partidos y al mismo Movimiento Libertario (abanderado de las privatizaciones) en la llamada Alianza por Costa Rica. 

 El tiempo corre y hoy en lugar de la conciliación y la colaboración con los enemigos internos y externos del ICE, creemos que es necesario un verdadero plan de lucha que parta de impulsar la movilización y que incluya entre sus principales ejes la lucha contra la Ley de Finanzas públicas y los recortes presupuestarios del gobierno, la incorporación inmediata a planilla permanente de todos los trabajadores ocasionales y tercerizados, así como la exigencia de que sean publicados los libros contables y se impulse la lucha contra las alzas en la electricidad y los servicios públicos.

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[1] Diario Extra, 29 de junio de 2012.

ANTE LA CONVOCATORIA A UN “GOLPE DE ESTADO SIMBÓLICO”: DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y PREPAREMOS UNA ALTERNATIVA OBRERA Y SOCIALISTA FRENTE AL GOBIERNO DE CHINCHILLA Y LA OPOSICIÓN EMPRESARIAL

Desde el lunes 2 de julio Telenoticias anunció que “un grupo de ciudadanos cansados del mal manejo de la administración pública, preparan una marcha en contra del gobierno [para] el próximo domingo 15 de julio”. La convocatoria que mencionaba el noticiero fue realizada desde Facebook bajo la consigna de impulsar un “golpe de Estado simbólico” en contra de la Presidenta Chinchilla, a quien califican como “la presidenta de la vergüenza”.

Este llamado, más allá de que se apoye en un hecho real, como lo es el descontento con el gobierno de Chinchilla, ni es inocente ni deja de tener sus repercusiones políticas, ya que introduce la idea del “golpe de Estado” en Costa Rica, por más cobertura “simbólica” que quieran otorgarle sus convocantes.

¿En qué contexto se desarrollan los llamados al “golpe de Estado” “simbólico”?

El llamado a dar un “golpe de Estado Simbólico”, así como la movilización del 15 de julio se presentan en el contexto de un profundo desgaste del gobierno de Laura Chinchilla, empantanado no solo con los más recientes escándalos de corrupción alrededor de la construcción de la Trocha fronteriza paralela al Río San Juan (y que constituyó el apogeo de la campaña chovinista contra Nicaragua), sino que se venía expresando desde tiempo atrás con el descubrimiento de Ministros que no pagaban impuestos, la solicitud fraudulenta de cheques por parte de militantes del PLN durante la campaña electoral, así como también las “recomendaciones” de funcionarios públicos de sus propias empresas para trabajos de consultorías, como trascendió recientemente con el Ministro de Educación Leonardo Garnier y Florisabel Rodríguez, la esposa del ex Ministro de Hacienda Fernando Herrero. Lo anterior, violando los principios más elementales de la propia “ética” burguesa, que prohíbe la utilización de puestos públicos en el Estado para favorecer empresas personales y evitar la competencia “desleal” entre capitalistas (según el fallo de la Procuraduría General de la República).

Los hechos anteriores, los más emblemáticos en cuanto a la corrupción que carcome desde adentro el propio régimen, se unen a los desaciertos políticos de la señora Chinchilla, los cuales van desde las alianzas con el PAC para aprobar nuevos impuestos, hasta el nombramiento del predicador Justo Orozco en la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Si bien la señora Chinchilla comenzó su administración habiendo heredado la hegemonía liberacionista histórica sobre el régimen después de una aplastante victoria electoral (con cerca del 50% de los votos), lo cierto es que su gobierno se ha desgastado rápidamente, lo anterior sin que la crisis capitalista internacional todavía haya afectado directamente sobre Costa Rica.

En este marco han comenzado a desarrollarse movimientos políticos bastante acelerados e inusuales, entre los que pueden mencionarse la llegada repentina del ex Presidente Figueres Olsen proveniente desde Suiza, luego de que expirara la causa abierta en su contra por corrupción en la función pública. Este personaje, que fue protagonista por la imposición del programa del FMI durante los ’90, ha vuelto a hacer política, todavía con perfil bajo detrás de su “plan país”. En este mismo plano, Rodrigo Arias ha solicitado adelantar la convención interna del PLN, con tal no solo de dejar fuera a su principal adversario Johnny Araya, sino de anular la posibilidad de entrar en competencia con Figueres Olsen.

La lucha interna que se libra dentro del PLN en la actualidad se disputa en dos planos: el del enfrentamiento constante contra el actual gobierno por parte del “arismo”, agrupados tras Óscar y Rodrigo Arias, que parecieran querer no solo una rápida Convención interna para inicios de 2013, sino inclusive “elecciones adelantadas”, que es curiosamente la reivindicación de los convocantes a la marcha por el “golpe de estado simbólico”.

¿Qué es y qué significa un golpe de Estado?

Un golpe de Estado básicamente significa la sustitución de un gobernante burgués por otro por medio de la fuerza, generalmente apoyada en el ejército, o bien apoyada en la policía si esta es la institución armada más importante de un país. El golpe, implica la sustitución de una camarilla burguesa por otra en la dirección de los destinos del país y más ilustrativamente, significaría por ejemplo destituir a Chinchilla para colocar a un Rodrigo Arias en el poder, o en el “mejor” de los casos, a un Fernando Berrocal, que ha venido subterráneamente organizándose con más de una treintena de coroneles desde hace meses, aprovechando los fracasos de Chinchilla en la campaña chovinista contra Nicaragua para hacer crítica al gobierno con un tono abiertamente derechista, anti-inmigrante, y patriotero.

En Costa Rica los golpes de Estado fueron constantes durante una buena parte del siglo XIX, y se traducían a menudo en la sustitución de un coronel por otro en la administración del Estado, lo que en general se traducía en regímenes de terror en contra de los peones rurales mayoritarios en aquel período histórico. Por otra parte, en el siglo XX se dio el golpe de Estado de los hermanos Tinoco, que apoyándose en el descontento popular contra el gobierno “reformista” de Alfredo González Flores, instauró un régimen de opresión y persecución, especialmente contra los trabajadores públicos que ya contaban con un importante peso social en esa época. No es casualidad que después de dos años de dictadura, el 1919, el descontento creciera a tal punto que se detonó la movilización encabezada por las profesoras del Liceo de Señoritas contra la dictadura, y que llegaron a quemar el diario La Información (del oficialismo) y a detonar un importante proceso de oposición popular.

Pero si esta ha sido en términos muy generales la muy “agradable” experiencia de Costa Rica, los golpes de Estado en otras partes de Latinoamérica han demostrado aún más contundentemente que se pagan con sangre, torturas y muerte. La mejor prueba de lo anterior son los 30 mil compañeros asesinados en Argentina después del golpe de Estado de Rafael Videla en 1976, los más de 10 mil muertos en Chile bajo Pinochet, así como los miles de luchadores asesinados en Brasil, Uruguay y Paraguay en los años ’70. Y ni hablar de Centroamérica, con centenas de miles de muertos si se suman las dictaduras de El Salvador, Honduras o Nicaragua con los Somoza.

Quien pide un golpe de Estado en Costa Rica (como hace Alberto Cañas por ejemplo) o es un viejo senil que representa el pensamiento más desesperado de una de las alas de la burguesía, o una persona que ignora totalmente el pasado Latinoamericano o de la propia Costa Rica, pues los golpes rara vez se quedan en lo “simbólico”, ya que la burguesía tiene todos los recursos para trascender el terreno de los “símbolos”, y lo han demostrado cada vez que han desaparecido luchadores o han construido campos de concentración en distintas partes de Latinoamérica para “disciplinar” a los trabajadores y estudiantes.

La política de los revolucionarios de la LRS

Desde la LRS no estamos por sustituir un gobernante burgués por otro, por el “menos malo” o el más patriótico. Desde la LRS aspiramos a la acción obrera independiente de cualquier fracción burguesa, sea la de Rodrigo Arias, o descendiendo más bajo todavía, la de Berrocal, el PAC o el Movimiento Libertario.

Somos partidarios de la acción y organización a gran escala de los trabajadores, estudiantes, desempleados y campesinos, bajo sus propios métodos, como las huelgas, las grandes movilizaciones, las ocupaciones de tierras, así como las ocupaciones de fábricas ahí donde sea posible; en el camino de construir consejos obreros que funcionen sobre la base de la democracia directa, y que se conviertan a su vez en palancas para arrancarle el poder a la burguesía costarricense.

Nos oponemos y denunciamos todo cambio desde las alturas, y llamamos a los trabajadores a enfrentar independientemente al gobierno de Chinchilla y a la oposición empresarial que la presiona para que descargue con más virulencia la crisis en contra de los asalariados. 

También, denunciamos el curso policíaco del régimen costarricense, y que va desde la Ley que prohibe los Grafittis en los sitios públicos, la más reciente Ley que penaliza la divulgación de “informaciones políticas secretas” relacionadas con los altos funcionarios del gobierno; así como la práctica creciente de las detenciones y persecuciones policiales en contra de la juventud y los trabajadores, como quedó demostrado en Puerto Moín, en Pocora, así como en la comunidad campesina de Medio Queso.

Llamamos a todas las fuerzas que se reivindican obreras y socialista de Costa Rica a impulsar una gran campaña democrática en contra del fortalecimiento represivo del régimen, a denunciar los intentos de hacer cambios desde las alturas y militarizar más el país; así como preparar la construcción de un partido de los trabajadores revolucionarios, que aprenda de la experiencia histórica del marxismo-trotskista y la ponga en práctica en Costa Rica; ya que esta es la única forma de preparar una alternativa frente a la derecha costarricense que comienza a asomar la cabeza y demuestra estar dispuesta a implementar salidas extremas para solucionar a su favor la relación de fuerzas existente.

Liga de la Revolución Socialista (LRS)
Viernes 13 de julio de 2012

Argentina: Con más de 4000 participantes sesionó hoy en Ferro la Conferencia Nacional de Trabajadores convocada por el PTS

Domingo 8 de julio de 2012

Con más de 4000 participantes sesionó este domingo en el Estadio cubierto de Ferro la Conferencia Nacional de Trabajadores convocada por el PTS con los delegados clasistas de todo el país

(Bs.As. 08/07/12) El mismo recinto donde Moyano pretende reunir a la CGT el próximo 12 de Julio, esta vez se cubrió de banderas rojas y de las agrupaciones de oposición sindical de los más importantes gremios. En la mesa que presidió la Conferencia estaban reunidos Poke Hermosilla y Lorena Gentile de Kraft, Claudio Dellecarbonara del Subte, Raúl Godoy de Zanon, el obrero textil boliviano Yuri Fernández de Brukman, junto a más de 30 dirigentes obreros y obreras de todo el país en representación de sus delegaciones.

La Conferencia comenzó con representantes de las principales empresas gráficas de la zona norte bonaerense,del Ferrocarril Roca, Mitre, Belgrano, de los jaboneros de La Matanza y Pilar, de gremios emblemáticos como SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba, de los metalmecánicos de Gran Buenos Aires, de los telefónicos de oposición en Foetra y de una variedad de empresas de aeronáuticos de la zona metropolitana, de las textiles del sur de Capital y hasta miembros de comisiones internas del citrus en Tucumán y obreros de UATRE. Se destacaron los delegados estatales de los hospitales y docentes de Neuquén, Mendoza, Santa Cruz, Jujuy, Tucumán, Paraná, Córdoba, la Capital y, en especial, de juntas internas de la provincia de Buenos Aires que están en lucha contra el pago de aguinaldo en cuotas del gobernador Scioli. Las delegaciones más lejanas llegaron desde Neuquén con una importante presencia del sindicato de los Ceramistas, incluyendo su secretario general Omar Villablanca, la de los obreros del Ingenio La Esperanza de Jujuy y la de los trabajadores estatales de Santa Cruz y mineros de Río Turbio. Las más nutridas fueron las de aeronáuticos, de las fábricas de la alimentación, del subte de Capital y los gráficos de Buenos Aires. La presentación de las delegaciones participantes fue hecha por José Montes, el dirigente histórico del Astillero Río Santiago, y Andrea D’Atri, referente nacional por los derechos de la mujer trabajadora. También dirigió un saludo Christian Castillo del PTS y de la formula presidencial del Frente de Izquierda.

Saludaron también representantes de IS y PO, las otras fuerzas intengrantes del FIT, y referentes de los organismos de derechos humanos como Correpi y AEDD.

La conferencia estuvo centrada en el debate de las consignas que se veìan en el escenario: "Por sindicatos sin buròcratas, por un partido de trabajadores sin patrones".

Raul Godoy explicó que "las distintas burocracias en que dividen a las CGTs y las CTAs es porque tienen proyectos políticos patronales detras. . Los Gordos detràs de Cristina que pasa los fines de semana en su mansion del Calafate mientras los trabajadores sufrimos penurias. Y particularmente Moyano nos quiere llevar detràs de Scioli, el peronismo del aguinaldo en cuotas. Para que no utilicen nuestras luchas como base de maniobras para proyectos politicos patronales, tenemos que empezar a hacer crecer la idea de un partido propio de nuestra clase trabajadora", graficò el dirigente de Zanon.

A su vez, la Conferencia reafirmó la exigencia de un plan de lucha unificado por las demandas del conjunto de la clase trabajadora, como la anulación del impuesto al salario de los trabajadores, contra el tope a las asignaciones familiares, por la reapertura de las paritarias con delegados votados en la base, por el pase a planta de los contratados y tercerizados, el fin del trabajo en negro y la precarización laboral heredada de los ’90 que el gobierno ha mantenido.

Secretaría de Prensa PTS en el Frente de Izquierda www.pts.org.ar

Estado policial contra los obreros del carbón: la lucha continúa

por Clase contra Clase, Estado Español

Las imágenes del fuego, las barricadas, el humo y los valientes mineros ya son habituales durante estos meses. Tras 36 días de huelga, en las últimas semanas la lucha de los mineros se fue recrudeciendo con duros enfrentamientos con la policía, mientras el Gobierno endurece también su plan de recortes. En la reunión del lunes 2 de julio entre UGT y CCOO con el ministro de Industria, José Manuel Soria, éste demostró su intención de no retroceder ni un ápice respecto a los presupuestos de 2012, defendiendo el ajuste a rajatabla. Como anunció el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Felipe López, “El PSOE puso la sentencia de muerte a la minería en 2018 y el PP la mata en 2012”. . Ante esto, el Gobierno viene respondiendo con palos y represión a la también dureza de los mineros que continúan la huelga y la movilización, cortes de carretera y líneas férreas en Asturias. Un ejemplo de ello son los duros enfrentamientos entre la Guardia Civil y los mineros en Ciñera, donde los antidisturbios entraron a este pueblo de León, tal como denuncian los trabajadores en los medios, con porras y armas antirreglamentarias, gases e incluso disparando a un centro escolar. El mismo alcalde, Francisco Castañón (PP), ha declarado “que los guardias civiles han tomado el pueblo, donde han entrado directamente y en cuyas calles han disparado pelotas de goma. Castañón, que ha calificado los hechos de ’batalla campal’, ha asegurado que los habitantes de Ciñera están muy crispados...” (Público.es, 4-07-2012).

Luego de los enfrentamientos, incansablemente los mineros volvieron a cortar carreteras y la línea férrea hacia Asturias, afectando a Alvia, Gijón, Madrid y León. Mientras tanto, en estas ciudades los mineros continuaron con barricadas en las carreteras, con más enfrentamientos con la policía como en el pozo Sotón de Asturias donde los antidisturbios perseguían a los mineros por el monte. El secretario general de industria de CCOO de Asturias, denunció una “represión continua” contra los mineros, calificando la situación en las cuencas de “Estado policial”: “Los sindicatos denuncian públicamente que las fuerzas de seguridad han dado un paso más. (…) después de los cortes de ruta, los agentes ’van al pueblo más cercano y detienen a cualquier minero que haya por allí’. También afirman tener los teléfonos pinchados, ’está comprobado’, y que cuando los trabajadores van a por el coche para acudir a las acciones ’se los encuentran con las ruedas pinchadas y en otras ocasiones han roto las ventanillas con las culatas de los fusiles’. Según datos de los sindicatos, ya hay 110 trabajadores encausados por las protestas. (Público.es, 5-07-2012). La última razia tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de julio en la localidad de Pola, que fue ocupada por los antidisturbios, convirtiendo en irrespirable el ambiente a base de gases lacrimógenos, disparando pelotas y allanando viviendas de mineros sin orden judicial alguna.

A día de hoy, los trabajadores de las minas llevan 36 jornadas de huelga, mientras que la marcha a pie que comenzó en las cuencas mineras y que llevará a más de 200 mineros a Madrid está en su undécimo día. A pesar de la dureza de la represión, esta marcha hacia Madrid sigue su rumbo, encontrándose en el camino la solidaridad permanente en cada pueblo. También se están preparando autobuses de diversas comunidades hacia Madrid. Es momento de que las direcciones sindicales transformen la lucha de los mineros en una gran jornada de huelga de solidaridad en todo el Estado y rompan la paz social; es momento de unificar a la clase trabajadora y la juventud bajo un plan de lucha y movilizaciones hasta derrotar los históricos ataques y recortes.
¡Basta de represión!
¡Fuera la policía de las comarcas mineras!
¡Solidaridad activa y por una política independiente de la patronal!
¡Pongamos en pie Comités de Apoyo en todos los centros de trabajo y estudio!
¡Que la lucha de los mineros acabe en una nueva Huelga General y un plan de lucha estatal hasta derrotar los ataques contra los trabajadores y el pueblo!