Por Kote TsintsadzEn el mes de febrero, se desarrolló un insoportable hecho de represión policial, en donde un escuadrón de antimotines agredía físicamente a un grupo de manifestantes opositores al TLC en las afueras de la Asamblea Legislativa. Estos opositores pertenecían al movimiento de los comités patrióticos, y denunciaban a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por “prevaricato”, y además, exigían la convocatoria a un nuevo referéndum; esta vez, para someter a consulta la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) aprobada en primer debate, en las primeras semanas del año 2008.
No coincidimos con la política de un nuevo referéndum
Aunque no coincidimos con la política de exigencia de un nuevo referéndum (por que creemos que es una política de desvío y desgaste mientras el empresariado avanza desde todos los flancos contra el movimiento obrero y popular) nos solidarizamos con los compañeros reprimidos, entre ellos Fernando Traña, Evans Marín, Kattia Castro y José Luis Bertoni. Nos solidarizamos partiendo de un principio elemental, y es el de la solidaridad dentro del movimiento obrero y popular en la lucha contra el gobierno. Tanto los reprimidos, como la LRS, hemos estado juntos en la lucha contra el TLC y el gobierno, lo que nos pone en el mismo bando en contra de los empresarios.
Es necesario ser consecuentes en el enfrentamiento de la ofensiva represiva del gobierno
José Merino del Río, líder del Frente Amplio (FA) y uno de los impulsores de la movilización en exigencia de un nuevo referéndum (y de la denuncia por “prevaricato”) planteó ante la represión, que “Los hechos descritos son sumamente graves. No son las actuaciones de la policía civilista propia de un Estado democrático.”[1]Estas declaraciones a nuestro entender no son ni suficientes para solidarizarse con la represión, ni son suficientes para enfrentarla de manera consecuente. En primer lugar, la policía de un estado para empresarios como el costarricense, no es ni civilista ni mucho menos democrática; es una policía al servicio de los poderosos y los explotadores en contra de los explotados.[2] Y en segundo lugar, Merino, al denunciar este despreciable acto de represión, a pesar de toda su palabrería no dice una sola palabra de todo el fortalecimiento del aparato represivo que impulsa el gobierno mediante la contratación de miles de policías y aumento de presupuesto para el MSP y OIJ. Tampoco dice una sola palabra sobre la Ley Antiterrorista, una ley de corte fascista que el gobierno piensa aprobar en la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana recién creada (ante la que también guardó total silencio el tal Diputado Merino del Río).
Desde el movimiento obrero y popular, es necesario ser consecuentes en la batalla contra la represión policial impulsada por el gobierno. Por un lado debemos desplegar la más amplia campaña desde el movimiento obrero y popular contra la represión policial, y por otro lado debemos exigirle a José Merino del Río que se pronuncie en contra de la Ley Antiterrorista y todo el cóctel de leyes que prepara el gobierno desde la Asamblea Legislativa, con el único objetivo de combatir las distintas luchas populares.
Toda esta campaña, debe incluir como una de sus demandas centrales el exigir que los policías protagonistas de la agresión, sean castigados, y penados con cárcel por agredir a los humildes compañeros que marchaban aquel día 5 de febrero.
No coincidimos con la política de un nuevo referéndum
Aunque no coincidimos con la política de exigencia de un nuevo referéndum (por que creemos que es una política de desvío y desgaste mientras el empresariado avanza desde todos los flancos contra el movimiento obrero y popular) nos solidarizamos con los compañeros reprimidos, entre ellos Fernando Traña, Evans Marín, Kattia Castro y José Luis Bertoni. Nos solidarizamos partiendo de un principio elemental, y es el de la solidaridad dentro del movimiento obrero y popular en la lucha contra el gobierno. Tanto los reprimidos, como la LRS, hemos estado juntos en la lucha contra el TLC y el gobierno, lo que nos pone en el mismo bando en contra de los empresarios.
Es necesario ser consecuentes en el enfrentamiento de la ofensiva represiva del gobierno
José Merino del Río, líder del Frente Amplio (FA) y uno de los impulsores de la movilización en exigencia de un nuevo referéndum (y de la denuncia por “prevaricato”) planteó ante la represión, que “Los hechos descritos son sumamente graves. No son las actuaciones de la policía civilista propia de un Estado democrático.”[1]Estas declaraciones a nuestro entender no son ni suficientes para solidarizarse con la represión, ni son suficientes para enfrentarla de manera consecuente. En primer lugar, la policía de un estado para empresarios como el costarricense, no es ni civilista ni mucho menos democrática; es una policía al servicio de los poderosos y los explotadores en contra de los explotados.[2] Y en segundo lugar, Merino, al denunciar este despreciable acto de represión, a pesar de toda su palabrería no dice una sola palabra de todo el fortalecimiento del aparato represivo que impulsa el gobierno mediante la contratación de miles de policías y aumento de presupuesto para el MSP y OIJ. Tampoco dice una sola palabra sobre la Ley Antiterrorista, una ley de corte fascista que el gobierno piensa aprobar en la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Seguridad Ciudadana recién creada (ante la que también guardó total silencio el tal Diputado Merino del Río).
Desde el movimiento obrero y popular, es necesario ser consecuentes en la batalla contra la represión policial impulsada por el gobierno. Por un lado debemos desplegar la más amplia campaña desde el movimiento obrero y popular contra la represión policial, y por otro lado debemos exigirle a José Merino del Río que se pronuncie en contra de la Ley Antiterrorista y todo el cóctel de leyes que prepara el gobierno desde la Asamblea Legislativa, con el único objetivo de combatir las distintas luchas populares.
Toda esta campaña, debe incluir como una de sus demandas centrales el exigir que los policías protagonistas de la agresión, sean castigados, y penados con cárcel por agredir a los humildes compañeros que marchaban aquel día 5 de febrero.
