Por Brayan BrenesEn su edición del 7 de febrero de 2008, el Semanario Universidad anunció oficialmente la suscripción de un convenio entre Yamileth González (rectora de la UCR), y Fernando Berrocal (ministro de seguridad), en donde la UCR se compromete a “contribuir con la reforma integral del Ministerio de Seguridad”[1] (MSP), y por supuesto, con la “reforma integral” del conjunto de los cuerpos represivos a nivel nacional.
Este convenio, además de mostrar una desastrosa decisión política de Yamileth González de fortalecer los cuerpos represivos costarricenses, en momentos donde el gobierno busca como pasar a la ofensiva contra el movimiento de masas apoyado en buena parte en la policía; plantea la necesidad de definir un firme posicionamiento por parte de los revolucionarios frente a la policía y los organismos represivos.
¿De qué ha servido el robustecimiento de los cuerpos policiales de los últimos años?
Recordemos que uno de los principales ejes de gobierno de Óscar Arias, ha consistido en aumentar los efectivos de la Fuerza Pública de 8 mil en el 2006, hasta unos 12-13 mil para el año 2010. Junto a esta política el gobierno liberacionista, anunció convenios con los cuerpos de “seguridad” privada; y un aumento de las redes de información y trabajo conjunto entre el MSP, las municipalidades, las empresas, y los comités comunitarios de seguridad ciudadana; toda esta política, dirigida a fortalecer los aparatos represivos en Costa Rica. Desde entonces, el gobierno no se ha quedado en el terreno de las palabras, sólo en el año 2006 el presupuesto del MSP recibió un aumento del 35% (18 mil millones de colones) autorizado desde el Ministerio de Hacienda; por otra parte, el MSP suscribió un convenio con más de 18 mil vigilantes privados, y en ese mismo año además, aumentó en 1000 el número de efectivos policiales. Y si a estas medidas le sumamos el envío de decenas de estudiantes a Estados Unidos a capacitarse en “técnicas policiales” (país que legalizó la tortura como método de extracción de información en el 2006) como por ejemplo Wálter Navarro, o la incursión de 14 fragatas militares en las costas de Golfito; fácilmente podemos concluir que ha aumentado el potencial represivo de la maquinaria estatal que maneja el empresariado encabezado por los Arias Sánchez.
Aunado a todo lo anterior, en las últimas semanas, el MSP, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y el conjunto del poder judicial han recibido un aumento en su presupuesto que supera los 7 mil millones de colones; todo dirigido a la contratación de más agentes, jueces, fiscales, y por supuesto policías.
Pero el problema central, es que a pesar de haber aumentado el número de policías, de presupuesto, y de redes de inteligencia (que incluyen a los 18 mil vigilantes en calidad de “policías auxiliares”), aún así la criminalidad, los delitos y la delincuencia siguen en aumento galopante. Es más, los delitos, incluso han involucrado a los mismos efectivos del MSP o del Poder Judicial, como lo atestiguan por ejemplo el caso de dos policías que “en su día libre, se aliaron con un conocido delincuente para asaltar a un transeúnte con una pistola de juguete”, robándole “su celular… y 60 mil colones en efectivo”[2], o el caso de dos policías penitenciarios que participaron en la fuga de un grupo de reos del centro penal de La Reforma.
Es decir, tanto el aumento de policías, el fortalecimiento de los cuerpos represivos, el aumento de la delincuencia, así como los hechos de policías participando directamente en actos de corrupción; demuestran contundentemente que el fortalecimiento de la policía (y su existencia misma) y los sistemas de leyes y tribunales; no son de ninguna manera la salida para garantizar la “seguridad” del conjunto de trabajadores y pueblo pobre costarricense.
Paralelamente al aumento de policías, se ha dado un aumento escandaloso del crimen y la sensación de “inseguridad”. Lo que demuestra que el problema del delito, reside en profundas causas vinculadas con las inevitables lacras generadas por el capitalismo, en este caso costarricense.
Lo que se esconde detrás del fortalecimiento del aparato represivo
Seríamos sobradamente miopes políticamente, si no identificáramos en primer lugar para qué sirve la policía y sus organismos auxiliares en un estado basado en la propiedad privada y la explotación sobre cientos de miles de trabajadores; y seríamos igualmente miopes, si vemos el robustecimiento del aparato represivo únicamente en el aumento de policías. El ensanchamiento de la maquinaria represiva, alcanza también el terreno de las leyes y las disposiciones establecidas por la burguesía. Decimos lo anterior, por que a la vez que el gobierno de los Arias Sánchez contrata miles de efectivos policiales y fortalece las redes de inteligencia (como hemos explicado líneas antes); prepara a la vez una estrategia de gran envergadura para enfrentar al movimiento de masas por medio de nuevas herramientas legales.
La ofensiva represiva del gobierno, no se enmarca únicamente en el aumento de policías, o incluso, en los forcejeos y pequeños pero repudiables enfrentamientos como los suscitados el martes 5 de febrero entre algunos manifestantes contra el TLC y la policía en las afueras de la Asamblea Legislativa. No, la ofensiva incluye todo un cóctel de leyes que la burguesía viene reservando para inmediatamente después de la aprobación de las leyes de la Agenda de Implementación, las leyes más virulentas son la que tiene que ver con la reforma al código penal y el establecimiento de los juicios rápidos, y por supuesto la fascista “Ley Anti-terrorista”; la que se dirige a eliminar derechos democráticos mínimos, como el derecho a la movilización, la “expresión”, y el derecho a las “reuniones” públicas, penalizándolos bajo los cargos ya sea de “rebelión” y “conspiración” respectivamente.
Es decir, el gobierno se prepara para establecer en su arsenal, nuevas armas legales para enfrentar posibles estallidos de masas en “coyunturas de alta movilización” como el combo del ICE, o las multitudinarias movilizaciones contra el TLC; recurriendo si es necesario, a la fuerza de miles de policías que han sido contratados en los últimos años.
Como explicábamos en ECR N°7, la Ley Anti-terrorista, es un ataque en toda la línea contra el movimiento de masas, y sus garantías democráticas mínimas; lo que amenaza con mutilar nuestros derechos a la reunión y la movilización.
La policía como brazo armado de los patrones contra los trabajadores
Como diría Lenin, tanto el ejército como la policía, “-incluso en las repúblicas más democráticas-, representan el armamento de la burguesía contra el proletariado. Esta es una verdad tan elemental, que apenas si hay necesidad de detenerse especialmente en ella.”[3]Pero a pesar de ser “una verdad tan elemental”, desde la LRS tenemos que detenernos en ella para explicar nuevamente su carácter frente a posiciones reaccionarias, como la sostenida por Yamileth González, el Semanario Universidad, ANEP, o José Merino del Río. El Semanario Universidad, recientemente en una entrevista a Francisco D’ Allanese, criticó “los bajos salarios de los policías” y mostró así también su intención de mejorárselos. Yamileth González, ha firmado recién, un convenio para “el fortalecimiento de las capacidades institucionales del MSP [en la vía de la] tecnificación y profesionalización del personal”[4] . ANEP, llegando al colmo, planteó que acusaría “penalmente a la ministra de Justicia por las sanciones a los policías penitenciarios”[5] que participaron de una fuga en La Reforma, ya que según la ANEP “la falta de recursos facilitó la fuga”[6]. Y para llegar al colmo, José Merino del Río, un supuesto defensor de las causas del pueblo pobre costarricense, pero un completo oportunista político; no pronunció una sola palabra en contra de la creación de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Asamblea Legislativa, que tiene las tareas de llevar al plenario legislativo las iniciativas de Reforma al Código Penal, y la Ley Anti-terrorista (entre muchas otras).
Una vez más tenemos que decir que en nuestro país la policía y los cuerpos represivos, e “-incluso en las repúblicas más democráticas-, representan el armamento de la burguesía contra el proletariado.” No hace falta estrictamente ser Lenin para comprender el rol que cumplen los cuerpos represivos en un estado apoyado en la “democracia para ricos” como el costarricense, en un estado en el que la burguesía “gana” el Referéndum del TLC el 7 de octubre (definiendo enormes intereses del empresariado y el imperialismo) apoyado en el terror sobre los trabajadores, y las prácticas fraudulentas a escala de toda la institucionalidad, eso sí de manera “pacífica, civilista y democrática”.
Sólo Merino, Albino Vargas de la ANEP, o los intelectuales pseudoprogresistas de la talla de Yamileth González; pueden pasarle por encima a esta realidad, que ni siquiera los agentes a sueldo de la burguesía niegan. Jorge Rojas, el mismísimo director del OIJ, refiriéndose al organismo -pero en clara alusión al conjunto de la maquinaria represiva- dijo que “si el OIJ se quiebra en Costa Rica, todo el sistema judicial y la democracia misma colapsará”.[7] ¿Por qué dice esto Rojas? ¿Qué tipo de democracia sostienen instituciones como la que él representa? ¿Por qué colapsaría la “democracia misma” sin organismos represivos? Sobran palabras y ejemplos históricos abundantes para explicar que función cumple la policía.[8]
La salida revolucionaria: disolver la policía y los cuerpos represivos, sustituyendo a la policía por el armamento general de la población y las milicias obreras y populares
Los trotskistas revolucionarios de la LRS partimos por principio de la definición de la policía como una institución contrarrevolucionaria, por tanto no creemos ni en la necesidad de su existencia ni en su fortalecimiento. Desde la LRS creemos que el fortalecimiento de la policía no constituye la solución al problema de la seguridad ciudadana, al contrario, mientras más recursos se invierten en fortalecer los cuerpos represivos, más delincuencia se desata. Creemos que la policía debe disolverse, así como todos los cuerpos represivos actuales, como las empresas de seguridad privada, el OIJ, y otros. Los trotskistas de la LRS defendemos una salida revolucionaria, que pasa por preparar el armamento general de la población y la construcción de milicias obreras y populares; nutridas por los trabajadores de las fábricas, de los talleres, de las empresas en general, y el conjunto del pueblo pobre. Estas milicias obreras y populares, deben combinarse con la instauración de tribunales obreros y del pueblo pobre, donde sea el pueblo trabajador el que se juzgue a sí mismo. Con milicias obreras y populares, y aún más con el armamento de la población, no aumentará, sino que desaparecerá la delincuencia y la violencia. Un delincuente (comenzando por aquellos que roban el pago de salario a sus trabajadores en las fábricas) no se animará tan fácil a cometer un robo viendo a los trabajadores de una empresa armados, un delincuente no se atreverá a robar en una casa, sabiendo que todo un barrio está armado y organizado de manera independiente; y lo más importante, que se hace justicia inmediata a sí mismo. Así también, con la disolución de la policía y la creación de milicias obreras y populares, los recursos que hoy se gastan en el MSP, OIJ y otros cuerpos represivos; podrán ser utilizados para planes de obras públicas, salud, educación, la creación de nuevas y potentes ramas industriales, y el mejoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores de Costa Rica.
Este convenio, además de mostrar una desastrosa decisión política de Yamileth González de fortalecer los cuerpos represivos costarricenses, en momentos donde el gobierno busca como pasar a la ofensiva contra el movimiento de masas apoyado en buena parte en la policía; plantea la necesidad de definir un firme posicionamiento por parte de los revolucionarios frente a la policía y los organismos represivos.
¿De qué ha servido el robustecimiento de los cuerpos policiales de los últimos años?
Recordemos que uno de los principales ejes de gobierno de Óscar Arias, ha consistido en aumentar los efectivos de la Fuerza Pública de 8 mil en el 2006, hasta unos 12-13 mil para el año 2010. Junto a esta política el gobierno liberacionista, anunció convenios con los cuerpos de “seguridad” privada; y un aumento de las redes de información y trabajo conjunto entre el MSP, las municipalidades, las empresas, y los comités comunitarios de seguridad ciudadana; toda esta política, dirigida a fortalecer los aparatos represivos en Costa Rica. Desde entonces, el gobierno no se ha quedado en el terreno de las palabras, sólo en el año 2006 el presupuesto del MSP recibió un aumento del 35% (18 mil millones de colones) autorizado desde el Ministerio de Hacienda; por otra parte, el MSP suscribió un convenio con más de 18 mil vigilantes privados, y en ese mismo año además, aumentó en 1000 el número de efectivos policiales. Y si a estas medidas le sumamos el envío de decenas de estudiantes a Estados Unidos a capacitarse en “técnicas policiales” (país que legalizó la tortura como método de extracción de información en el 2006) como por ejemplo Wálter Navarro, o la incursión de 14 fragatas militares en las costas de Golfito; fácilmente podemos concluir que ha aumentado el potencial represivo de la maquinaria estatal que maneja el empresariado encabezado por los Arias Sánchez.
Aunado a todo lo anterior, en las últimas semanas, el MSP, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y el conjunto del poder judicial han recibido un aumento en su presupuesto que supera los 7 mil millones de colones; todo dirigido a la contratación de más agentes, jueces, fiscales, y por supuesto policías.
Pero el problema central, es que a pesar de haber aumentado el número de policías, de presupuesto, y de redes de inteligencia (que incluyen a los 18 mil vigilantes en calidad de “policías auxiliares”), aún así la criminalidad, los delitos y la delincuencia siguen en aumento galopante. Es más, los delitos, incluso han involucrado a los mismos efectivos del MSP o del Poder Judicial, como lo atestiguan por ejemplo el caso de dos policías que “en su día libre, se aliaron con un conocido delincuente para asaltar a un transeúnte con una pistola de juguete”, robándole “su celular… y 60 mil colones en efectivo”[2], o el caso de dos policías penitenciarios que participaron en la fuga de un grupo de reos del centro penal de La Reforma.
Es decir, tanto el aumento de policías, el fortalecimiento de los cuerpos represivos, el aumento de la delincuencia, así como los hechos de policías participando directamente en actos de corrupción; demuestran contundentemente que el fortalecimiento de la policía (y su existencia misma) y los sistemas de leyes y tribunales; no son de ninguna manera la salida para garantizar la “seguridad” del conjunto de trabajadores y pueblo pobre costarricense.
Paralelamente al aumento de policías, se ha dado un aumento escandaloso del crimen y la sensación de “inseguridad”. Lo que demuestra que el problema del delito, reside en profundas causas vinculadas con las inevitables lacras generadas por el capitalismo, en este caso costarricense.
Lo que se esconde detrás del fortalecimiento del aparato represivo
Seríamos sobradamente miopes políticamente, si no identificáramos en primer lugar para qué sirve la policía y sus organismos auxiliares en un estado basado en la propiedad privada y la explotación sobre cientos de miles de trabajadores; y seríamos igualmente miopes, si vemos el robustecimiento del aparato represivo únicamente en el aumento de policías. El ensanchamiento de la maquinaria represiva, alcanza también el terreno de las leyes y las disposiciones establecidas por la burguesía. Decimos lo anterior, por que a la vez que el gobierno de los Arias Sánchez contrata miles de efectivos policiales y fortalece las redes de inteligencia (como hemos explicado líneas antes); prepara a la vez una estrategia de gran envergadura para enfrentar al movimiento de masas por medio de nuevas herramientas legales.
La ofensiva represiva del gobierno, no se enmarca únicamente en el aumento de policías, o incluso, en los forcejeos y pequeños pero repudiables enfrentamientos como los suscitados el martes 5 de febrero entre algunos manifestantes contra el TLC y la policía en las afueras de la Asamblea Legislativa. No, la ofensiva incluye todo un cóctel de leyes que la burguesía viene reservando para inmediatamente después de la aprobación de las leyes de la Agenda de Implementación, las leyes más virulentas son la que tiene que ver con la reforma al código penal y el establecimiento de los juicios rápidos, y por supuesto la fascista “Ley Anti-terrorista”; la que se dirige a eliminar derechos democráticos mínimos, como el derecho a la movilización, la “expresión”, y el derecho a las “reuniones” públicas, penalizándolos bajo los cargos ya sea de “rebelión” y “conspiración” respectivamente.
Es decir, el gobierno se prepara para establecer en su arsenal, nuevas armas legales para enfrentar posibles estallidos de masas en “coyunturas de alta movilización” como el combo del ICE, o las multitudinarias movilizaciones contra el TLC; recurriendo si es necesario, a la fuerza de miles de policías que han sido contratados en los últimos años.
Como explicábamos en ECR N°7, la Ley Anti-terrorista, es un ataque en toda la línea contra el movimiento de masas, y sus garantías democráticas mínimas; lo que amenaza con mutilar nuestros derechos a la reunión y la movilización.
La policía como brazo armado de los patrones contra los trabajadores
Como diría Lenin, tanto el ejército como la policía, “-incluso en las repúblicas más democráticas-, representan el armamento de la burguesía contra el proletariado. Esta es una verdad tan elemental, que apenas si hay necesidad de detenerse especialmente en ella.”[3]Pero a pesar de ser “una verdad tan elemental”, desde la LRS tenemos que detenernos en ella para explicar nuevamente su carácter frente a posiciones reaccionarias, como la sostenida por Yamileth González, el Semanario Universidad, ANEP, o José Merino del Río. El Semanario Universidad, recientemente en una entrevista a Francisco D’ Allanese, criticó “los bajos salarios de los policías” y mostró así también su intención de mejorárselos. Yamileth González, ha firmado recién, un convenio para “el fortalecimiento de las capacidades institucionales del MSP [en la vía de la] tecnificación y profesionalización del personal”[4] . ANEP, llegando al colmo, planteó que acusaría “penalmente a la ministra de Justicia por las sanciones a los policías penitenciarios”[5] que participaron de una fuga en La Reforma, ya que según la ANEP “la falta de recursos facilitó la fuga”[6]. Y para llegar al colmo, José Merino del Río, un supuesto defensor de las causas del pueblo pobre costarricense, pero un completo oportunista político; no pronunció una sola palabra en contra de la creación de la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Asamblea Legislativa, que tiene las tareas de llevar al plenario legislativo las iniciativas de Reforma al Código Penal, y la Ley Anti-terrorista (entre muchas otras).
Una vez más tenemos que decir que en nuestro país la policía y los cuerpos represivos, e “-incluso en las repúblicas más democráticas-, representan el armamento de la burguesía contra el proletariado.” No hace falta estrictamente ser Lenin para comprender el rol que cumplen los cuerpos represivos en un estado apoyado en la “democracia para ricos” como el costarricense, en un estado en el que la burguesía “gana” el Referéndum del TLC el 7 de octubre (definiendo enormes intereses del empresariado y el imperialismo) apoyado en el terror sobre los trabajadores, y las prácticas fraudulentas a escala de toda la institucionalidad, eso sí de manera “pacífica, civilista y democrática”.
Sólo Merino, Albino Vargas de la ANEP, o los intelectuales pseudoprogresistas de la talla de Yamileth González; pueden pasarle por encima a esta realidad, que ni siquiera los agentes a sueldo de la burguesía niegan. Jorge Rojas, el mismísimo director del OIJ, refiriéndose al organismo -pero en clara alusión al conjunto de la maquinaria represiva- dijo que “si el OIJ se quiebra en Costa Rica, todo el sistema judicial y la democracia misma colapsará”.[7] ¿Por qué dice esto Rojas? ¿Qué tipo de democracia sostienen instituciones como la que él representa? ¿Por qué colapsaría la “democracia misma” sin organismos represivos? Sobran palabras y ejemplos históricos abundantes para explicar que función cumple la policía.[8]
La salida revolucionaria: disolver la policía y los cuerpos represivos, sustituyendo a la policía por el armamento general de la población y las milicias obreras y populares
Los trotskistas revolucionarios de la LRS partimos por principio de la definición de la policía como una institución contrarrevolucionaria, por tanto no creemos ni en la necesidad de su existencia ni en su fortalecimiento. Desde la LRS creemos que el fortalecimiento de la policía no constituye la solución al problema de la seguridad ciudadana, al contrario, mientras más recursos se invierten en fortalecer los cuerpos represivos, más delincuencia se desata. Creemos que la policía debe disolverse, así como todos los cuerpos represivos actuales, como las empresas de seguridad privada, el OIJ, y otros. Los trotskistas de la LRS defendemos una salida revolucionaria, que pasa por preparar el armamento general de la población y la construcción de milicias obreras y populares; nutridas por los trabajadores de las fábricas, de los talleres, de las empresas en general, y el conjunto del pueblo pobre. Estas milicias obreras y populares, deben combinarse con la instauración de tribunales obreros y del pueblo pobre, donde sea el pueblo trabajador el que se juzgue a sí mismo. Con milicias obreras y populares, y aún más con el armamento de la población, no aumentará, sino que desaparecerá la delincuencia y la violencia. Un delincuente (comenzando por aquellos que roban el pago de salario a sus trabajadores en las fábricas) no se animará tan fácil a cometer un robo viendo a los trabajadores de una empresa armados, un delincuente no se atreverá a robar en una casa, sabiendo que todo un barrio está armado y organizado de manera independiente; y lo más importante, que se hace justicia inmediata a sí mismo. Así también, con la disolución de la policía y la creación de milicias obreras y populares, los recursos que hoy se gastan en el MSP, OIJ y otros cuerpos represivos; podrán ser utilizados para planes de obras públicas, salud, educación, la creación de nuevas y potentes ramas industriales, y el mejoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores de Costa Rica.
[1] Semanario Universidad N° 1745. “UCR contribuye con la reforma integral del Ministerio de Seguridad”. Jueves 7 de febrero de 2008. P, 11.
[2] Teletica Canal 7. “Dejan libres a policías sospechosos de robo”. 21 de noviembre de 2007.
[3] Vladimir Ilich, Lein. “La cuestión militar y el trabajo político en las Fuerzas Armadas.” Editorial Anteo. Buenos Aires, Argentina. Abril de 1970. P, 107.
[4] Op, Cit. SU N°1745.
[5] Teletica Canal 7. “ANEP responsabiliza a autoridades por fuga”. 29 de noviembre de 2007.
[6] Ídem.
[7] Teletica Canal 7. “Lucha es desigual entre policía y delincuentes.” 19 de diciembre de 2007. Subrayados no aparecen en la nota original.
[8] León Trotsky desde una posición marxista decía: “Federico Engels, escribió un día que el Estado, incluida la República democrática, consiste en bandas armadas para la defensa de la propiedad; todo el resto no tiene otra función que la de embellecer o enmascarar este hecho.” En ¿A dónde va Francia?, Obras de León Trotsky. Juan Pablos Editor. México, 1975. P, 130.
