Recientemente importantes sindicatos –como APSE- anunciaron lo que sería “la madre de todas las huelgas” para las próximas semanas y meses en Costa Rica. Ésta acción se desarrollaría de forma “escalonada” y comenzaría con paros y movilizaciones contra los proyectos de Ley que prepara el gobierno para eliminarle “pluses salariales” a cientos de miles de empleados públicos, con tal de dotar de recursos frescos a las arcas del Estado.
El fracaso del Plan Fiscal, la apuesta por el ajuste de las “Finanzas Públicas” y el ataque al salario de los trabajadores
A pesar de que por el momento “no se tiene definida la fecha ni las condiciones en que se estaría dando el movimiento”[1], lo cierto es que no parece fácil seguir evitando por más tiempo la lucha en contra de los ataques que viene lanzando el gobierno de Chinchilla en contra de los trabajadores por medio de la eliminación de los incentivos que componen el salario, como por ejemplo el pago por horario alterno, retribución por el desarrollo de la docencia, el recargo por coordinar pruebas, recargo por doble y triple jornada; para mencionar únicamente el caso de los docentes, que verían reducido su salario casi en un 40%, desviándose estos recursos al presupuesto del Gobierno central, para que de esa forma Chinchilla y sus empresarios continúen la fiesta de la corrupción.
Pero hay que reconocer que la señora Chinchilla ha tenido el mérito de unir por primera vez a la burocracia sindical en contra de su gobierno. Como señala el Semanario Universidad: “El anteproyecto presentado por el Gobierno para equiparar los incentivos adicionales al salario en el sector público, podría lograr lo que los líderes sindicales por su cuenta no han conseguido: la unidad de las organizaciones gremiales con una agenda común de lucha”.[2]
Y es que esta “unidad” desde las alturas de distinto tipo de alas de la burocracia sindical (tanto de derecha como las que tienen un discurso de “izquierda”) obedece por un lado a la envergadura del ataque, que significa nada más y nada menos que el recorte al salario; y por otro lado, a que en los últimos años las condiciones de vida de los trabajadores públicos se han deteriorado, despertando su ánimo y disposición a pelear en las calles, como demostraron los trabajadores públicos el 15 de febrero de este año reflejando su oposición a la creación de nuevos impuestos y en repudio al aumento de 5 mil colones en su salario; o como lo reflejaron los obreros del ICE el 30 de julio, protagonizando una de las movilizaciones más importantes desde la lucha contra el TLC con Estados Unidos.
Los anuncios de la dirigencia de APSE que se tomaban al comienzo de esta nota solo vienen a sumarse a las declaraciones de los dirigentes sindicales de UNDECA, ANEP, o el propio Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT), que en la voz de su representante Fabio Chávez, sostuvo que “solidariamente los trabajadores del ICE participarán en cualquier movimiento de presión”[3] .
Los atentados que prepara el gobierno en contra del salario y el nivel de vida de los trabajadores públicos, constituyen la reacción del gobierno después del fracaso en el establecimiento de nuevos impuestos por medio del Plan Fiscal, que tocaba indirectamente las ganancias de los empresarios (30%) pero que amenazaba con devorar el salario de los trabajadores, ya que éstos últimos aportarían casi el 70% de los nuevos recursos.
Un gobierno débil, carcomido por la corrupción y que amenaza romper el equilibrio de fuerzas a nivel nacional
El actual gobierno de Laura Chinchilla es uno de los más débiles de los últimos años. Se puede afirmar sin exageraciones que si no ha caído, se debe solo a la pasividad y hasta complicidad proveniente de las distintas alas de la burocracia sindical, que en vez de preparar la lucha se han dedicado a “negociar” en la Casa Presidencial. Por donde se lo mire el gobierno está descompuesto: desde la campaña electoral de 2010 que llevó a la presidencia a Chinchilla, donde los caudillos del PLN confeccionaban cheques falsos para cobrarlos como parte de la deuda política al TSE; pasando por los Ministros del gobierno que poseían miles de hectáreas en terrenos evadiendo el pago de impuestos -y que le costó el puesto al ministro de Hacienda Fernando Herrero-; hasta los escándalos con la “patriótica” Trocha fronteriza 1856, donde en nombre de la defensa y la “soberanía nacional” se construyó un camino paralelo al Río San Juan para proteger la frontera norte con Nicaragua. Por todas partes los recursos se evaporan, y terminan en los negocios de uno y otro funcionario ligado a la Presidenta.
El actual gobierno es uno de los menos aprobados, en el mes de abril por medio de una encuesta quedó al descubierto que un 44% de los encuestados calificaba de “mala o muy mala” su gestión, mientras que solo un 17% la consideraba “buena o muy buena”
[4], lo anterior poco tiempo después de que otra encuesta señalara que 9 de cada 10 personas sostenían que Chinchilla no tenía control sobre el gobierno[5].
Pero a pesar de la fragilidad que parece rodear al gobierno, Chinchilla y su equipo de gobierno se empecinan en ir más allá de la correlación de fuerzas, buscando asestar golpes que están más allá de su “legitimidad” o grado de aceptación y que pueden romper el equilibrio de fuerzas que todavía prevalece en el país.
¿Con qué política enfrentar a los empresarios y a su gobierno?
Desde la LRS creemos necesario convocar a toda acción de movilización o huelga que convoquen los grandes sindicatos, pero procurando trascender el corporativismo “público” que prevalece en las consignas y la política de las distintas alas de la burocracia sindical.
Es necesario derrotar en las calles y en las empresas cada plan para eliminar los “incentivos” que componen el salario los trabajadores púbicos, pero combinándolo con la lucha en contra del aumento de servicios y bienes públicos (agua, electricidad, transporte, alimentos); tendiendo a la unidad con los trabajadores del sector privado, que no tienen derecho a sindicalización y mucho menos “incentivos”.
La lucha anterior no solo debe enmarcarse en la oposición a eliminar “pluses” salariales, sino que se trata de parar los despidos masivos en instituciones como el ICE, donde se pretenden remover unos 9 mil trabajadores, o en el Seguro Social, donde viene intentando eliminar aproximadamente 20 mil puestos de trabajo. También es necesario incorporar las demandas de importantes sectores como las de los campesinos o pobres que vienen ocupando tierras (Medio Queso, Curubandé de Guanacaste); así como las de los estudiantes, que se enfrentan a los recortes presupuestarios del gobierno, como lo reflejan los estudiantes de secundaria con 6 meses sin recibir sus becas por parte del MEP, o los universitarios, donde se vienen aplicando recortes de becas, aumento de matriculas y deterioro de las condiciones de estudio, como sucede en la UCR o la UNA.
Las luchas anteriores deben ser librarse desde una perspectiva estratégica, como parte de la tarea de construir un partido de trabajadores revolucionario que sirva para pelear por un gobierno obrero, apoyado en los organismos de democracia directa que puedan surgir de profundizarse estas luchas, con tal de hacer pagar a los empresarios por la crisis que ellos mismos provocaron.
[1] Diario Extra. 24/9/2012.
[2] Semanario Universidad. 19/9/2012.
[3] Íbidem.
[4] La Nación. 26/4/2012.
[5] La Nación. 31/1/2012.
