Prácticamente desde el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre el Plan Fiscal se viene intensificando el debate alrededor de lo que se ha denominado “Reforma del Estado”. El debate viene desde muchas décadas antes con la aplicación de los PAES, también, durante varios años alrededor del debate sobre la aprobación del TLC con EE.UU.; pero desde hace un tiempo a cada signo de pequeños circuitos entre las distintas instituciones de la democracia burguesa costarricense como consecuencia de las crisis, el debate parece avivarse.
La parte económica y la política de la “Reforma del Estado”
Algunos medios dejan ver un componente político y otro económico de la Reforma. Por ejemplo en la esfera económica, se trataría de eliminar presupuestos, cerrar instituciones y reorganizar la planilla del Estado con tal de que éste tenga menos gastos y sea más “competitivo”, lo que implicaría entre otras cosas “tocar los salarios y el empleo en el sector público”, como reclamaba La Nación el pasado 9 enero.
Recientemente Diario Extra publicó las palabras de Rocío Aguilar, la Contralora General de la República, sobre el rol de diversas instituciones autónomas: la jerarca afirmó que “el país debe replantear o tomar una decisión más drástica sobre aquellas instituciones que, con el pasar de los años perdieron su razón de ser”.[1] ¿Cuáles son esas instituciones? Serían “el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Fondo de Apoyo para la Educación Puntarenense.”[2] Es probable que algunas instituciones quieran ser vendidas a precio de remate, pues a pesar de los recursos que generan algunas de ellas, como FANAL, no es “rentable” para algunos empresarios que se mantengan en manos del Estado; quedando su infraestructura y utilidades en manos de un grupo de capitalistas, nacionales o extranjeros (o ambas). Otras instituciones podrían ser cerradas para evitar las inversiones sociales, como serían por ejemplo el INVU creado para proporcionar vivienda a los sectores populares necesitados o el Fondo de Apoyo para la Educación de una de las provincias más deprimidas del país como lo es Puntarenas.
Evidentemente estas son solo algunas de las instituciones mencionadas como candidatas a desaparecer por los altos círculos de poder en el país en el corto plazo, y habría que preguntarse si la CCSS no estará también entre los planes. Pero como complemento a las declaraciones oficiales que se han divulgado ya se preparan medidas para extraer recursos de instituciones autónomas como los bancos (BCR, BN, BP), las aseguradoras (INS), la CCSS y hasta las Universidades estatales si resultaran con superávit; esto por medio de la Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, que acabaría con facultades creadas para varias de estas instituciones desde 1949, como es el caso por ejemplo de la Autonomía que tienen para disponer de su presupuesto. Adicionalmente, el proyecto de la Ley de Empleo Público que amenaza directamente derechos y garantías en ese sector, podría ser reavivado, junto a nuevas leyes de flexibilización laboral para los trabajadores del sector privado.
Todas estas maniobras se dirigen a evitar “gastos” por parte del Estado, así como lograr que un grupo de capitalistas cobijados por el poder hagan nuevos negocios en momentos de crisis y déficit fiscal; mientras los trabajadores y los sectores de clase media que se empobrecen pagan tributos nuevos o resisten los recortes de presupuesto, a la vez que reaparece la amenaza de despidos, suspensiones y rebajas de salario si la economía experimenta una disminución en su ritmo de crecimiento.
Toda esta grave situación puede significar en algunos casos desde congelamientos salariales, más aumentos ridículos de 5 mil colones, hasta mayores ritmos de explotación bajo el azote de la “competitividad” en las instituciones públicas. Mientras tanto, en el peor de los casos podrían reaparecer los recortes masivos de empleo al estilo griego, español o portugués. Tal como fue preanunciado durante el primer pico de la crisis capitalista en 2008.
En el caso de servicios sociales sensibles como la Educación, ya el Banco Mundial viene presionando al país para que se invierta solo en las carreras “rentables”, así como en la necesidad de que solo pueda acceder a la educación quien pueda pagar por ella, quitándole al Estado la obligación de garantizarla y costearla como está establecido en la Constitución Política. Desde ese ángulo son bastante categóricas las declaraciones de Édgar Ayales, el nuevo Ministro de Hacienda cuando sostuvo que “Hace 70 años era muy fácil decir queremos que la educación sea gratuita y obligatoria para todo el mundo, cuando era aprender a leer y escribir. Hoy en día, las expectativas son distintas”.[3]
El trasfondo político por otra parte, parece ser la necesidad de la burguesía de hacer menos democrático el régimen, dándole más poder al Ejecutivo para manejar el destino del país, sin “traba” por parte de los Diputados de fracciones opositoras que presenten mociones, así como por parte de la Sala Constitucional que se trae abajo proyectos clave para un sector de la clase dominante como la creación de nuevos impuestos. En palabras de Francisco Chacón, el Ministro de Comunicación y encargado de lavarle la cara al desgastado gobierno de Chinchilla, esta intromisión sería “entorpecedora” ya que “ha permitido la intromisión política del órgano en una decisión que debe ser meramente de la Asamblea”.[4] La propuesta más concreta ante esto consistiría en “la forma de elección de Diputados, el modo de trabajo de la Asamblea a través del reglamento, la relación de los poderes del Estado y el rol de la Sala Constitucional y reformas a la Contraloría y Procuraduría General de la República.”[5] En el caso de la elección de Diputados vale la pena preguntarse: ¿si no los elige la gente cada cuatro años entonces quién habrá de elegirlos en el marco de la Reforma?
Todo lo anterior quiere decir más poder al Ejecutivo, es por eso que “Ante el llamado de la presidenta Laura Chinchilla para lograr la gobernabilidad, [Rodrigo] Arias dijo que él puede colaborar con ese proyecto”[6], con tal de “devolverle el poder al pueblo” y dejar todo listo para gobernar con mano de hierro si volviera a Casa Presidencial.[7] Este plan, se traduciría entre otras cosas en darle potestad al Presidente para que inicie las sesiones extraordinarias de discusión en el Congreso, reducir el rango de acción de otras instituciones, así como imponer decretos con más solvencia.
En el caso de la Contraloría, posiblemente implique nuevos poderes para que tenga la facultad de eliminar instituciones como lo adelantaba la señora Rocío Aguilar; en el caso de la Sala Constitucional, que sea un organismo consultivo -ojalá “no vinculante”- en sus resoluciones; y para los Diputados, sería necesario imponerles mecanismos rápidos de aprobación de proyectos y que obedezcan mejor a los designios del Presidente.
Estas son las consecuencias de la crisis capitalista, donde por una parte los empresarios que manejan el Estado buscan continuar con sus negocios a costa de los recursos públicos; y por otra parte intentan resolver a su favor la relación de fuerzas entre las fracciones políticas (en este caso con la iniciativa política del PLN en detrimento de los demás partidos burgueses).
Los revolucionarios trotskistas de la LRS creemos que en la Reforma del Estado que anuncian los medios de comunicación, la Presidenta, Rodrigo Arias y otras figuras del régimen; se concentran los “males” de este tiempo en contra de los trabajadores y los sectores populares. No se trata de una reforma progresiva que habría que defender como por ejemplo la creación del Código de Trabajo en los años ’40 donde se consagran los derechos de los trabajadores; tampoco se trata de la creación de instituciones como la CCSS en la misma década o con la creación de Universidades e instituciones para la vivienda; sino más bien todo lo contrario: la actual “contraReforma” del Estado es en realidad un ataque de conjunto a las conquistas que en los años ’40 obtuvieron los trabajadores y sectores populares del país en la segunda mitad del siglo XX en un camino de abundantes y tortuosas luchas.
Es por todo lo que se ha mencionado que es necesario salir a luchar con la movilización masiva y la huelga, como demostraron estar dispuestos a hacer los trabajadores el pasado 15 de febrero en contra del decreto salarial de 5 mil colones y la posibilidad de nuevos impuestos.
Si bien se trata de detener la “contraReforma” del Estado por ser profundamente antidemocrática y antipopular, la tarea de fondo pasa por luchar por desplazar a la burguesía como clase dominante de la sociedad; de manera que sea posible instituir un nuevo tipo de Estado, basado en consejos de obreros y campesinos pobres que sean transicionales y donde se ejerzan funciones legislativas como ejecutivas, y donde cada representante obrero gane lo mismo que sus compañeros trabajadores.
Ya la juventud de numerosos países del mundo, en conjunto con los trabajadores, viene haciendo una importante experiencia de lucha en contra de los planes de ajuste de los capitalistas, como sucede por ejemplo en Grecia, el Estado Español, Estados Unidos, Canadá, México, e inclusive Chile y más recientemente México. Es necesario ponerse a tono con la experiencia internacional de lucha que se viene gestando, ya que será fundamental en las futuras batallas de clase que puedan abrirse en el país; ésta es la única vía para darle una salida obrera y popular a la crisis, y no que sean los sectores de derecha y ultraderecha al servicio de la burguesía quienes resuelvan la correlación de fuerzas a su favor.
[1] Diario Extra. 12/5/2012.
[2] Íbidem.
[3] Ver “El nuevo Ministro de Hacienda y los actuales mecanismos de maniobra del gobierno”.
www.lrscostarica.blogspot.com
[4] “Nuestro sistema democrático no responde”. Diario Extra. 29/5/2012.
[5] Íbidem.
[6] La Nación. 2/5/2012.
[7] “Quiero devolverle el poder al pueblo”. Diario Extra. 23/5/2012.
