Por Javo Ferreyra, LOR-CI
Luego de la apertura de una inédita crisis política nacional motorizada por la salvaje represión a la marcha indígena del TIPNIS y el posterior paro movilizado de la COB del miércoles 28/9, el escenario político nuevamente sale de las calles y se traslada a los gabinetes, a las comisiones de investigación, a las reuniones de alto nivel, de las direcciones sindicales, de las direcciones indígenas. Es que la crisis política es de tales dimensiones que nadie quiere hacerse cargo en el gobierno de la consecuencias políticas que puede tener la actual pugna con los indígenas, y han apostado a una de las peores medidas en tiempo de crisis: patear para delante y ver “que pasa”, es decir, ninguna política que destrabe el conflicto, permitiendo que la marcha indígena se reagrupe e ingrese en medio de contradictorias muestras de afecto y rechazo a la localidad de Caranavi a 5 horas de la ciudad de La Paz. La COB en un ampliado del miércoles 5/10, ha confirmado la convocatoria a un paro movilizado de 48 horas para jueves y viernes, en demanda del cumplimiento de los acuerdos de aumento salarial de abril y en apoyo al TIPNIS. Sin embargo al tratarse de una burocracia oficialista que se ve obligada por la situación a pronunciarse, lo hace intentando salvar de la mejor forma al gobierno y para tal fin, a horas de tener que ir a la huelga, aún no están los instructivos para la movilización. Esto solo puede tener como objetivo sentar presencia en apoyo al TIPNIS pero intentado hacerlo sin hacerle daño al gobierno y dándole tiempo para que pueda encontrar una salida a la crisis en curso.
Postergando la resolución de la crisis
El MAS ha adoptado una política peligrosa para resolver la crisis, y consiste en mantener su posición de organizar un referéndum departamental en Beni y en Cochabamba, tareas a las que estaría abocado el parlamento, mientras se intenta diluir la responsabilidad del gobierno en la represión pasada, buscando descargar la responsabilidad en mandos medios de la policía y en una supuesta campaña mediática de la oposición. Aunado a esto, el oficialismo ya ha convocado a diversas organizaciones sindicales, en particular a través de la confederación campesina, la CSUTCB, a una marcha en apoyo al gobierno el próximo miércoles 12/10, fecha en que convergerían en la ciudad de La Paz, no solo las columnas del sindicalismo oficialista sino también la marcha indígena del TIPNIS. Esta política, que busca intentar disuadir a los marchistas del TIPNIS con la amenaza velada de enfrentamientos callejeros, es una política sumamente peligrosa, debido a que la marcha indígena del TIPNIS ha reafirmado su voluntad de llegar a la sede de gobierno responsabilizando a Evo y al MAS de los que pudiera suceder ese día. Esta “política”, sin embargo no solo es peligrosa por la eventualidad de enfrentamientos, sino porque el gobierno realiza una apuesta sumamente fuerte: en ampliado de la CSUTCB el miércoles 5, las resoluciones exigen al gobierno suspender definitivamente la construcción de la carretera, además de exigir la renuncia de varios funcionarios clave del Estado. La resolución adoptada por la CSUTCB, además de apoyar al gobierno y llamar a no acatar los paros y movilizaciones de la COB, plantea que “Exigimos la renuncia inmediata e irrevocable de los ministros: WÁLTER DELGADILLO, CARLOS ROMERO, NEMECIA ACHACOLLO y comandante de la policía Boliviana Gral. SANTIESTEBAN, por su incapacidad e irresponsabilidad de solucionar el problema de TIPNIS”. Si esta organización que exige todo esto es la llamada a defender al gobierno en las calles, es evidente que la apuesta gubernamental es sumamente arriesgada, ya que sus propias bases podrían no estar dispuestas a movilizarse, por más órdenes que reparta la burocracia oficialista, si ven que desde Palacio de gobierno no existe voluntad de resolver estos problemas.
¿Y las elecciones judiciales del 16/10?
Para abonar una situación inestable y de crisis, las primeras elecciones judiciales en el país se llevarán a cabo el 16/10. Frente a los primeros rumores sobre la posibilidad de postergación, el MAS y la Corte Electoral han afirmado que las mismas se mantienen y que incluso, las marchas del 12/10 convocadas por el MAS serán un “cierre de campaña”. Lo llamativo es que en la ley de convocatoria a estas elecciones se prohíbe con penas de hasta 4 años de cárcel a quienes hagan campaña a favor o en contra de alguno de los candidatos. Sin embargo como los candidatos han sido seleccionados en su totalidad por el MAS, hacer un acto de campaña, no solo aumenta la deslegitimación popular frente a estas elecciones, sino que podrían convertirse en un primer gran fracaso institucional del MAS. Desde la aprobación de la Constitución, el MAS ha venido actuando como garante de la construcción de un nuevo régimen político al servicio de las clases dominantes, preservando el carácter semicolonial de la nación pero arropado con la retórica culturalista. Estas elecciones son parte de ese plan de legitimar uno de los poderes del Estado más odiados ante las masas, sin embargo, la actual crisis política, combinada con procedimientos que le garantizan la elección de todos sus jueces y miembros de los respectivos tribunales, el MAS arriesga no solo una importante derrota en las urnas por el voto nulo, sino incluso su rol de moderador de todas las contradicciones y de garante de la institucionalidad.
La encrucijada de la VIII marcha indígena
Sin embargo, la marcha indígena se encuentra ante una importante disyuntiva si quiere vencer. Hay que desprenderse de los politiqueros burgueses que dejando a un costado momentáneamente su inveterado racismo han decidido aprovechar la marcha. Para ello cuentan a su favor con que los dirigentes de la marcha vienen haciendo hincapié en un discurso animista sobre “los derechos de la pachamama”, y aceptando solidaridades vengan de donde vengan, lo que ayuda a que importantes sectores del pueblo vean con desconfianza este “copamiento” por parte de neoliberales como Doria Medina o ex aliados patronales del MAS como el ex alcalde de La Paz, Juan del Granado quienes se arroparon de ecologistas e indígenas. Desde la LOR-CI venimos insistiendo en que para vencer, los pueblos indígenas del TIPNIS deben fortalecer la unidad no con los representantes patronales, sino con las organizaciones obreras y populares, sosteniendo un discurso cada vez más económico y social y por lo tanto en lucha contra las empresas trasnacionales, exigiendo una genuina reforma agraria en el Oriente desbaratando el latifundio, protegido también por el MAS, para que los hermanos colonizadores puedan acceder a tierra sin afectar el territorio indígena. Solo una poderosa alianza obrera, campesina indígena y popular en lucha contra el imperialismo, contra las trasnacionales, y contra los latifundistas puede torcerle el brazo al gobierno y satisfacer ampliamente todas las demandas, no solo indígenas sino las de la COB, los mineros y otros sectores populares.
